Amazon y el condado de Loudoun, en Virginia, alcanzaron un acuerdo preliminar para retirar una propuesta de centros de datos en un campus universitario. En Arizona, la eléctrica Salt River Project exige anticipos para ampliar su red ante la llegada de estas instalaciones. Ambos casos muestran cómo la expansión de la inteligencia artificial depende de decisiones locales y de quién asume el costo de abastecerla.
Según el comunicado de Loudoun, el acuerdo anunciado el 20 de octubre de 2026 prevé facilitar viviendas y desarrollos mixtos en parte del terreno que compró Amazon Web Services. La empresa manifestó su intención de retirar la solicitud para construir centros de datos, tras reconocer la oposición al proyecto. Las partes todavía deben cerrar los términos.
La red se amplía antes de conocer la demanda definitiva
KJZZ informó el 26 de octubre que Salt River Project (SRP) necesita entre tres y cuatro años para construir infraestructura eléctrica. Un centro de datos puede tardar entre cinco y diez años en alcanzar la capacidad prevista de su conexión.
Scott Scharli, director de gestión estratégica de energía de SRP, explicó al medio que la cancelación de proyectos amenaza con trasladar a otros usuarios el costo de obras destinadas a atenderlos.
SRP exige anticipar el 60 % del costo de las mejoras necesarias antes de instalar líneas o postes. También cobra cargos mínimos de demanda para recuperar los costos de generación de esos clientes, según Scharli.
La Cámara propone garantías, con decisiones en los estados
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 16 de septiembre la Ratepayer Protection Act, H.R. 9340, por 417 votos a favor y tres en contra, informó su Comité de Energía y Comercio.
El texto aprobado propone un estándar para instalaciones informáticas con una demanda máxima conjunta de al menos 100 megavatios en un mismo sitio o campus. Contempla recuperar del cliente los costos adicionales de generación, transmisión y distribución necesarios para atenderlo, incluso si termina su contrato. También prevé garantías financieras o aportaciones antes de realizar las mejoras.
Si se convierte en ley, obligaría a los reguladores estatales y las eléctricas no reguladas a considerar el estándar y decidir sobre su adopción. La votación de la Cámara, por sí sola, no establece una tarifa nacional ni obliga a todos los estados a aplicar idénticas condiciones.
El contrato de Anthropic precede al permiso en Queensland
En Australia, Zerra DC presenta el Western Downs Digital Park, cerca de Dalby, como un proyecto con un compromiso de arrendamiento a largo plazo de Anthropic. Su página oficial mantiene la solicitud de desarrollo bajo evaluación.
Ese estado del proyecto da continuidad al arrendamiento anunciado en septiembre: contar con un cliente todavía deja por resolver la autorización para construir.
CNN documentó el 26 de octubre inquietudes de residentes sobre el agua y la presión sobre el suministro eléctrico. El alcalde de Western Downs, Andrew Smith, defendió ante el medio la posibilidad de diversificar la economía local y crear oportunidades laborales.
Zerra sostiene en su explicación del diseño que empleará refrigeración por aire. Para el primer edificio, prevé unos 21,000 litros diarios de agua, con alrededor del 40 % cubierto mediante reciclaje y la captación de lluvia como suministro principal. La empresa afirma que no propone conectarse al agua municipal ni extraer agua de acuíferos locales. Son previsiones del promotor para una instalación pendiente de aprobación.
Una expansión de billones también reparte el riesgo financiero
El economista Stijn Van Nieuwerburgh estima en un documento de trabajo publicado por el NBER en octubre que completar un despliegue de 188 gigavatios en Estados Unidos hasta 2032 requeriría casi 9 billones de dólares. Ese escenario equivale a una inversión anual media del 3.2 % del PIB durante 2025-2032; su realización depende de que se complete la capacidad contemplada.
El autor describe un mayor recurso a arrendamientos, sociedades conjuntas y deuda para financiar la expansión. Advierte que esas estructuras pueden dificultar la identificación de obligaciones financieras y exponer a los inversionistas a retrasos de ejecución y obsolescencia tecnológica.
