TL;DR:

• Trump anunció el 26 de junio de 2026 que impondrá un arancel del 100% a cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas de EE. UU.
• El decreto, publicado en Truth Social, anularía automáticamente cualquier tratado comercial vigente, "ya implementado, firmado o no."
• La Comisión Europea rechazó la presión, defendió los impuestos digitales como medidas fiscales legítimas y prometió actuar "con rapidez y determinación."

El presidente Donald Trump publicó el viernes 26 de junio de 2026 en Truth Social una advertencia de alcance global: cualquier país que cobre un impuesto sobre los ingresos digitales de empresas estadounidenses enfrentará de inmediato un arancel del 100% sobre todo lo que exporte a Estados Unidos. El decreto, precisó, prevalecerá incluso sobre los acuerdos comerciales ya firmados.

La amenaza cayó apenas un día después de que los países miembros de la Unión Europea ratificaron formalmente el acuerdo comercial negociado con Washington, que limita los aranceles sobre las exportaciones europeas a un techo del 15%.

La declaración de Trump, recogida por Reuters, no dejó margen de interpretación:

"Cualquier país que imponga tal impuesto se encontrará de inmediato con un 100% de ARANCEL sobre todos y cada uno de los bienes enviados a Estados Unidos de América."

A eso añadió que el gravamen "superará los acuerdos comerciales celebrados con el país, ya sean implementados, firmados o no." El blanco declarado son los países europeos que, según Trump, "están discutiendo la implementación inminente de un impuesto a los servicios digitales sobre compañías americanas", algunos de los cuales, dijo, "están cerca de hacerlo."

Canadá cedió en días — y ahora la amenaza es universal

La estrategia no es improvisada. En agosto de 2025, bastaron unas horas de presión en Truth Social para que Ottawa derogara su propio impuesto digital: la amenaza de "aranceles sustanciales" funcionó en tiempo récord.

El patrón se repitió este mes con Francia. A mediados de junio de 2026, Trump advirtió directamente al presidente Emmanuel Macron —según reportó el New York Post— que impondría un 100% de arancel sobre vinos y champagne franceses si París no desmantelaba su gravamen del 3%. El ultimátum llegó en plena cumbre del G7.

Ahora la advertencia es para cualquier país del planeta.

Por qué Google y Amazon terminan pagando la cuenta

Un impuesto a servicios digitales (ISD) es una tasa —típicamente del 3%— sobre los ingresos que generan las grandes plataformas tecnológicas dentro de un país por publicidad en línea, comercio electrónico o venta de datos de usuarios. Los umbrales de facturación son tan elevados que en la práctica afectan casi exclusivamente a empresas de escala global: Google, Amazon, Meta y Apple.

Países como Francia, Italia, España, Turquía y el Reino Unido han operado o explorado estos mecanismos. El Parlamento Europeo ha expresado recientemente su apoyo a un ISD de escala comunitaria como fuente de ingresos propios de la UE, aunque aprobarlo exigiría unanimidad de los 27 Estados miembros.

El intento de la OCDE de resolver el conflicto con el Pilar 1 —un mecanismo que redistribuiría la base fiscal global y haría innecesarios los ISD nacionales— quedó paralizado desde que Trump retiró a EE. UU. de esas negociaciones al inicio de su segundo mandato, en 2025.

Europa defiende sus políticas — y el frente es más ancho de lo que parece

La Comisión Europea rechazó de inmediato los argumentos de Washington. Un vocero defendió los ISD como "medidas fiscales nacionales legítimas" que no constituyen barreras comerciales discriminatorias y prometió que la UE respondería "con rapidez y determinación" ante cualquier arancel unilateral que pretenda sancionar decisiones fiscales soberanas.

Para ejecutar la represalia, la Casa Blanca indicó que recurrirá a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza medidas contra prácticas extranjeras consideradas discriminatorias contra el comercio estadounidense. Es el mismo instrumento jurídico al que Trump ha acudido con mayor frecuencia tras los cuestionamientos judiciales a sus aranceles de emergencia.

El Centro para la Reforma Europea advirtió esta semana que las exigencias de Trump van bastante más allá de los impuestos: la administración presiona también para que la UE elimine o flexibilice la Ley de Mercados Digitales (DMA), la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), regulaciones que Washington considera discriminatorias contra las empresas tecnológicas americanas. El Reino Unido evitó parte de la fricción al comprometerse a no replicar el modelo europeo, aunque analistas cuestionan si esas concesiones cambiaron de verdad el resultado de su acuerdo con Washington.

Trump convirtió los impuestos digitales en la nueva línea roja de su política arancelaria. La historia de Canadá muestra que la presión tiene consecuencias reales y rápidas. Para Europa, que acaba de cruzar la línea de la ratificación formal de su acuerdo con Washington, la pregunta ya no es teórica: cede en su agenda regulatoria digital o absorbe el costo de otra escalada.

Fuentes: 1, 2, 3