TL;DR:
- La CFTC invocó el 11 de agosto de 2026 el poder de emergencia de la sección 8a(9) de la Commodity Exchange Act y ordenó a KalshiEX LLC seguir operando su bolsa con normalidad.
- Nueva York reclama al menos 36,000 millones de dólares en daños; el propio escrito del estado consigna que la valuación pública reportada de Kalshi es de 22,000 millones.
- Cuatro días antes, un juez federal de Connecticut resolvió que los contratos deportivos de la plataforma no son swaps, así que la jurisdicción exclusiva de la CFTC nunca se activó sobre ellos.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) ordenó el 11 de agosto de 2026 a KalshiEX LLC seguir operando su bolsa con normalidad. La decisión responde a la notificación de "emergencia de mercado" que la propia empresa presentó el 1 de agosto, un día después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandara a la plataforma de mercados de predicción y pidiera una orden de restricción temporal para frenar su operación. El regulador se apoyó en la sección 8a(9) de la Commodity Exchange Act, que lo faculta a dirigir a una entidad registrada cuando "tiene razones para creer que existe una emergencia". Cuatro días antes, un juez federal de Connecticut había resuelto que los contratos deportivos de Kalshi nunca entraron en la jurisdicción exclusiva de la Comisión.
La orden que pidió Nueva York no se detiene en Nueva York
La demanda entró a las 12:01 a.m. del 31 de julio en la Suprema Corte del Estado de Nueva York, condado de Nueva York, con el número de expediente 453272/2026. Kalshi la trasladó a la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, el estado pidió devolverla, y las dos mociones siguen esperando la decisión de un juez, según CoinDesk.
Lo que Nueva York solicitó junto con la demanda es la pieza que la CFTC convirtió en emergencia. El estado pide prohibir a Kalshi "operar un negocio que ofrezca contratos relativos a deportes, cultura, elecciones y otros eventos" "dentro o desde Nueva York o a personas en Nueva York". La Comisión hace notar dos cosas en su orden: el escrito no define qué entra en "otros eventos", y Nueva York es el domicilio principal de la empresa. Con esas dos piezas, el regulador concluye que una prohibición redactada así alcanzaría todos los contratos de eventos de la bolsa, para cualquier usuario, esté donde esté.
El reclamo económico va aparte. Nueva York pide el decomiso de todas las ganancias obtenidas con esos contratos, una multa equivalente al triple de esas ganancias y 36,000 millones de dólares en daños compensatorios "como mínimo, pendiente de contabilidad", sin contar daños punitivos ni costas.
En su comunicado, el presidente de la CFTC, Michael S. Selig, sostuvo que el Congreso no diseñó las bolsas de derivados para vivir bajo un mosaico de leyes estatales de juego, y que estas bolsas cruzan fronteras estatales por naturaleza.
"Nueva York no tiene por qué regular estos mercados financieros interestatales. La ley obliga a la Comisión a garantizar el orden en estos mercados, y eso es lo que hicimos hoy."
Eso dijo Selig sobre la decisión. Es la posición del regulador, no una resolución judicial: la demanda de Nueva York sigue viva y ningún tribunal ha fijado todavía la cifra reclamada.
El poder que usó la CFTC estaba escrito para manipulaciones de mercado
La sección 8a(9) define "emergencia" como una manipulación amenazada o real, o una perturbación mayor "que impide que el mercado refleje con exactitud las fuerzas de oferta y demanda". La Comisión resolvió que la acción de Nueva York encaja en la segunda categoría: si un solo estado puede apagar una bolsa registrada, todo contrato de eventos empezaría a incorporar una prima de riesgo legal que nada tiene que ver con el hecho que el contrato mide. Kalshi, por su parte, avisó que la orden de restricción comprometería su cumplimiento de ocho principios fundamentales de la ley, entre ellos los que le exigen prevenir distorsiones de precios y sostener un mercado eficiente.
La herramienta suena contundente en el papel y ya se probó en la práctica. El 14 de julio la CFTC había usado ese mismo poder para ordenar a Kalshi cumplir operaciones de residentes de Michigan que una corte estatal mandó anular. Robert Denault, jefe de enforcement de la empresa, escribió después en redes que Kalshi ya había deshecho esas operaciones, según recogió CoinDesk. La orden del 11 de agosto, firmada por el secretario de la Comisión, Christopher J. Kirkpatrick, se dirige a Kalshi como entidad registrada, no a los tribunales, y solo puede impugnarse ante una corte federal de apelaciones.
Un juez federal ya resolvió que esos contratos nunca fueron swaps
El 7 de agosto, el juez de distrito Vernon D. Oliver negó en Connecticut la medida cautelar que Kalshi pedía contra los reguladores de ese estado. Su orden entró al expediente el 10 de agosto, un día antes de la declaración de emergencia, y ataca el problema desde antes de la disputa competencial: para que la jurisdicción exclusiva de la CFTC se active, el contrato tiene que ser un swap.
Oliver leyó la definición legal palabra por palabra. La ley habla de "la ocurrencia, no ocurrencia o el alcance de la ocurrencia de un evento", y eso, escribió, se refiere a si el evento sucede y en qué medida, no a sus resultados. Un combate de box puede celebrarse, cancelarse o durar tres asaltos; quién gana es un resultado del evento, no otro evento. El segundo fundamento pesa igual: la consecuencia financiera tiene que estar dentro del evento mismo, no llegarle desde contratos de patrocinio, bonos de jugadores o apuestas paralelas que terceros decidieron por su cuenta. Un partido trae consecuencias propias por taquilla, derechos de transmisión y publicidad; el marcador no.
El juez también recordó que Kalshi concedió ante el Circuito de D.C., en un litigio anterior, que los contratos sobre juegos difícilmente sirven a un interés comercial o de cobertura. Y el tamaño del asunto quedó en el expediente: en la audiencia del 11 de febrero de 2026, entre el 80% y el 90% de los contratos listados en la bolsa eran de eventos deportivos, y de ahí salía una proporción similar de sus ingresos. Según ese mismo expediente, la CFTC no había sometido ni uno solo de esos contratos a la revisión que la ley le permite hacer.
Oliver rechazó además las dos vías por las que Kalshi alegaba que la ley federal desplaza a la estatal, y consideró que sus perjuicios son en buena medida monetarios y, en parte, autoinfligidos, porque siguió listando los contratos pese a advertencias regulatorias y fallos en contra. Coinbase Financial Markets perdió una moción hermana con el mismo razonamiento, según Bitcoin.com News, que también reportó que un vocero de Kalshi expresó su desacuerdo con la decisión y dijo que la empresa evalúa sus opciones legales.
El marcador judicial: 14 demandas y ni un triunfo en cortes estatales
La orden de Connecticut trae el conteo más útil que se ha publicado del pleito. Oliver identifica 14 demandas presentadas por Kalshi contra estados en cortes federales: Nevada, Nueva Jersey, Maryland, Ohio, Nueva York, Connecticut, Illinois, Tennessee, Utah, Iowa, Arizona, Montana, Minnesota y Rhode Island. Ahí las cortes están divididas, unas le concedieron la medida cautelar y otras se la negaron. En cambio, toda corte estatal que ha resuelto hasta ahora falló en contra de la empresa.
Del lado federal, la CFTC lleva demandas contra Arizona, Connecticut, Illinois, Kentucky, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin, más escritos de amicus en el Sexto y el Noveno Circuito y en la Suprema Corte Judicial de Massachusetts.
Hay una fecha inmediata en ese mapa. Massachusetts, Nevada y Michigan ordenaron a Kalshi implementar geofencing para bloquear a los usuarios de esos estados; la orden de Massachusetts está suspendida mientras se resuelve la apelación, y la empresa se comprometió a tener el bloqueo listo en Nevada el 12 de agosto de 2026, con la misma fecha límite en Michigan. En Connecticut, las partes deben entregar el 24 de agosto el reporte de planeación previsto en la Regla 26(f), y el estado responderá a la demanda a más tardar el 31.
La otra vía sigue en el Senado. Senadores y reguladores de juego tribales volvieron a empujar un lenguaje dentro del Clarity Act que preservaría la autoridad de los estados sobre las apuestas deportivas, según The Block. Ese proyecto ya se quedó sin voto antes del receso de agosto.
Patricia Rodriguez
En España la misma pregunta ya se respondió como juego
Para el lector hispanohablante la comparación ordena el panorama. Mientras Washington discute si estos contratos son derivados o apuestas, España ya tomó partido. El 26 de mayo de 2026, la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, abrió expediente sancionador a Polymarket y a Kalshi por operar presuntamente sin la habilitación administrativa obligatoria, y ordenó el bloqueo cautelar de ambas webs en territorio español hasta la resolución definitiva.
El regulador español lo dejó por escrito: en España, en línea con otras jurisdicciones europeas, un mercado de predicción tiene naturaleza de juego de azar cuando se apuesta sobre resultados futuros inciertos, y explotarlo exige una licencia específica. La DGOJ notificó el expediente por el Boletín Oficial del Estado después de que fallaran los intentos de aviso directo en los domicilios de los operadores en el extranjero, y calculó entre tres y cuatro meses de trámite. Contado desde esa fecha, el plazo se agota entre finales de agosto y finales de septiembre.
Preguntas rápidas sobre los contratos de eventos
¿Qué es un contrato de evento y por qué se discute si es un swap?
Es un contrato que paga según ocurra o no un hecho futuro. La Commodity Exchange Act define swap como el pago que depende de la ocurrencia de un evento asociado a una consecuencia financiera. El juez Vernon D. Oliver resolvió que el resultado de un partido es una consecuencia del evento, no el evento.
El alcance real de la orden de emergencia se va a medir antes que cualquier sentencia. Kalshi tiene que decidir esta semana si cumple los bloqueos por geolocalización que le fijaron Nevada y Michigan para el 12 de agosto, mientras un juez define en Nueva York si el caso se queda en la corte federal o vuelve a la estatal. En Michigan, la última vez que la CFTC usó este poder, las operaciones ya se habían deshecho.
