TL;DR:
- Futurism vinculó al menos 37 arrestos registrados en Estados Unidos durante 2026 con protestas contra centros de datos.
- El medio contó otros 12 casos en los que la policía intervino para impedir confrontaciones entre residentes y autoridades locales.
- Reuters documentó 142 protestas en 42 estados durante una sola jornada de julio, con reclamos por agua, electricidad y transparencia.
Un recuento publicado por Futurism el 3 de agosto vinculó al menos 37 arrestos en Estados Unidos durante 2026 con protestas contra centros de datos, además de otros 12 casos en los que la policía intervino para impedir confrontaciones entre residentes y autoridades locales. La cifra no proviene de una base federal: es un mínimo construido a partir de incidentes reportados por medios. Aun con esa limitación, expone cómo la expansión física de la IA trasladó la disputa por electricidad, agua, ruido y uso del suelo a audiencias municipales donde una regla sobre aplausos o tiempo de palabra puede terminar en esposas.
El recuento se construyó con casos publicados
Futurism presentó la cifra como su propio conteo y reconoció que el número real podría ser mayor. Su artículo no incluye una tabla con los 37 expedientes ni explica los criterios de inclusión caso por caso. Tampoco detalla cuántos cargos fueron retirados, llegaron a juicio o terminaron en condena.
Por eso, conviene leer los 37 arrestos como un mínimo periodístico y no como un registro nacional exhaustivo. El dato permite medir la frecuencia con la que la policía aparece en estas disputas, pero no sostiene que las 37 personas fueran detenidas bajo las mismas circunstancias.
Futurism describe las movilizaciones como abrumadoramente pacíficas y atribuye numerosas detenciones al incumplimiento de reglas administrativas menores. Los relatos locales añaden un matiz: las autoridades suelen alegar que la persona desobedeció una orden para guardar silencio o abandonar el lugar, mientras los manifestantes acusan una aplicación selectiva de esas normas.
Una regla de audiencia puede terminar en esposas
Los casos destacados por Futurism, Tom's Hardware y medios locales muestran que buena parte del conflicto ocurre dentro de ayuntamientos y comisiones de planificación:
- El 17 de febrero, el agricultor Darren Blanchard rebasó por menos de un minuto el límite de tres minutos durante una audiencia sobre Project Mustang, en Claremore, Oklahoma. Una declaración jurada policial indicó que Blanchard siguió avanzando para entregar documentos después de recibir la orden de detenerse. La policía lo arrestó por allanamiento.
- El 7 de mayo, Pablo Payan se negó a proporcionar su nombre y dirección antes de hablar ante la Comisión de Planificación de Hobart, Indiana, sobre un proyecto de Amazon y NIPSCO. La ciudad afirmó que interrumpió la sesión y se negó a salir. Fox 32 señaló que el video disponible no registra esa supuesta negativa. Payan fue acusado de allanamiento y alteración del orden público.
- El 22 de julio, Lux Claridge, docente de física, aplaudió al terminar la intervención de otra persona contra el Flint Hills Digital Campus, un proyecto de unas 1,000 acres en Emporia, Kansas. La comisión había prohibido aplaudir y chasquear los dedos. El aplauso detonó la orden de expulsión y Claridge se negó a salir por voluntad propia.
"Tengo derecho a aplaudir y, si quieren sacarme, tendrán que arrastrarme", dijo Claridge a 404 Media.
Estos episodios no eliminan la facultad de una autoridad para mantener el orden durante una audiencia. Sí dejan una pregunta concreta sobre proporcionalidad: cuándo una regla de participación justifica cancelar el turno de una persona, expulsarla o abrirle un expediente penal.
La protesta ya cubre 42 estados
El conteo de arrestos apareció dos semanas después de la primera movilización nacional coordinada contra la expansión de centros de datos. Reuters documentó el 18 de julio una jornada con estas cifras:
- Se celebraron 142 protestas en 42 estados, coordinadas por HumansFirst y grupos locales.
- Texas registró 18 actos; Georgia, 11; California, ocho; Pensilvania, Florida e Indiana tuvieron siete cada uno.
- Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en junio encontró que solo 14% de los consultados apoyaría la construcción de un centro de datos de IA en su comunidad. Apenas un tercio aprobaba el ritmo nacional de expansión.
La movilización reunió a propietarios rurales, padres de familia, docentes y activistas con posiciones políticas distintas. Sus demandas coincidieron en varios puntos: conocer los proyectos antes de aprobarlos, proteger los recursos locales, obtener empleos y beneficios verificables y responsabilizar a los desarrolladores si incumplen sus promesas.
Agua, electricidad y decisiones bajo reserva
Los centros de datos prometen inversión, empleos de construcción e ingresos fiscales. Para muchas comunidades, el desacuerdo empieza cuando los incentivos, el consumo eléctrico, los permisos de agua o los acuerdos de confidencialidad se conocen después de que las negociaciones ya avanzaron.
En Claremore, por ejemplo, las autoridades aseguraron que el desarrollador pagaría las mejoras de infraestructura y usaría refrigeración por aire con un consumo limitado de agua. Parte de la oposición respondió que los residentes se enteraron tarde del proyecto y cuestionó los acuerdos de confidencialidad firmados durante el proceso.
La Casa Blanca intentó contener el temor a que la infraestructura de IA eleve los recibos mediante el Ratepayer Protection Pledge. El compromiso se amplió el 23 de julio a 23 gobernadores, 55 eléctricas y 106 cooperativas. FomoEra documentó que el pacto es voluntario y que las comisiones reguladoras estatales conservan la autoridad para decidir cómo se distribuyen los costos.
Patricia Rodriguez
La vigilancia federal ya mira el movimiento
WIRED reportó en mayo que más de 1,000 páginas de documentos del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y centros regionales de inteligencia mostraban interés oficial en una categoría denominada extremismo violento antitecnológico.
Uno de esos documentos incluía entre las posibles señales de actividad sospechosa conductas como fotografiar instalaciones, observarlas o probar sus medidas de seguridad. Especialistas legales consultados por WIRED advirtieron que criterios tan amplios pueden abarcar actividades realizadas por manifestantes pacíficos.
El recuento de Futurism no vincula esos informes con detenciones concretas. Ambos trabajos colocan, aun así, el mismo fenómeno en dos planos: las disputas por zonificación dentro de los ayuntamientos y la vigilancia que autoridades estatales y federales dedican a la oposición tecnológica.
La carrera por construir infraestructura para la IA depende de servidores y plantas eléctricas, pero también de permisos locales. En 2026, esa discusión ya se tradujo en decisiones sobre uso de suelo, recibos de luz y, según el conteo disponible, al menos 37 arrestos.
