TL;DR:
- Trump amplió el 23 de julio de 2026 el Ratepayer Protection Pledge a gobernadores, empresas eléctricas, cooperativas rurales y desarrolladores de centros de datos.
- La Casa Blanca cuenta más de 200 organizaciones firmantes, que cubren 80% de la electricidad entregada a hogares y negocios en EE. UU. y a 263 millones de personas.
- El compromiso no es vinculante: quien puede exigir que se cumpla son las comisiones reguladoras de cada estado, no Washington.
Donald Trump amplió el jueves 23 de julio de 2026 el Ratepayer Protection Pledge, el compromiso voluntario que pide a los centros de datos pagar la electricidad que consumen en lugar de empujar el costo al recibo de los hogares. En el acto, celebrado en la sede de la EPA en Washington, se sumaron 23 gobernadores, todos republicanos, más 55 empresas eléctricas, 106 cooperativas rurales y 28 desarrolladores de centros de datos, según el recuento de NOTUS. La Casa Blanca calcula que la coalición cubre ya 80% de la energía que llega a hogares y negocios del país y protege a 263 millones de personas. El texto, eso sí, no obliga a nada.
El Ratepayer Protection Pledge es un compromiso voluntario mediante el cual quien construye u opera un centro de datos se responsabiliza de la generación y de la red que su consumo exige. Lo anunció Trump en su discurso del Estado de la Unión del 24 de febrero de 2026 y lo firmaron el 4 de marzo siete tecnológicas: Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI. Lo de este jueves suma al resto de la cadena.
Cinco compromisos y ninguna sanción por incumplirlos
Quien firma acepta cinco obligaciones, según el texto publicado por la Casa Blanca y la EPA:
- Construir, traer o comprar la generación nueva que necesiten sus instalaciones y pagarla completa.
- Cubrir todas las mejoras de la red necesarias para conectarse, incluidos los refuerzos de transmisión.
- Pagar la tarifa negociada con la eléctrica y el estado, usen o no usen esa electricidad.
- Contratar y capacitar trabajadores en la comunidad donde se instalan.
- Coordinarse con los operadores de red y prestar su generación de respaldo cuando el sistema esté al límite.
Trump lo resumió sin rodeos ante los gobernadores y ejecutivos reunidos en la EPA:
"Es justo que el costo de construir la nueva infraestructura necesaria para satisfacer esa demanda lo asuman las propias corporaciones, no los consumidores estadounidenses y los patriotas estadounidenses."
Ningún gobernador demócrata aparece en la lista. Los de Maryland y Pensilvania, Wes Moore y Josh Shapiro, que habían participado en un acuerdo previo de la Casa Blanca sobre este mismo tema, quedaron fuera: sus voceros dijeron a NOTUS que no fueron invitados a firmar. El listado público del sitio de la Casa Blanca muestra 188 entidades entre eléctricas, cooperativas y desarrolladores, a las que se agregan los 23 gobernadores y las siete tecnológicas de marzo. Trump habló en su discurso de "más de 220" firmantes.
Los estados, no la Casa Blanca, deciden si esto se cumple
Aquí está el hueco del anuncio. Las tarifas eléctricas en Estados Unidos las fijan las comisiones reguladoras estatales, y el pacto no las obliga a nada. Jeff Dennis, director ejecutivo de la Electricity Customer Alliance, dijo a NOTUS que sumar eléctricas y gobernadores sí puede empujar el tema hacia las instituciones que tienen la autoridad para darle dientes, pero que el punto más difícil del compromiso, el de que cada centro de datos traiga su propia generación, sigue sin resolverse en la práctica.
Algunos estados ya se adelantaron con tarifas especiales para grandes consumidores. Un análisis de Latitude Intelligence contabiliza 25 eléctricas que las tienen implementadas o propuestas, incluidas filiales de AEP, NextEra, Duke y Southern Co.
Hay una coincidencia aritmética que conviene leer despacio. Newsweek sumó las cifras que Trump presentó como ahorro (16,000 millones de dólares en compensaciones que American Electric Power proyecta para sus clientes y 2,600 millones atribuidos al proyecto de Meta en Luisiana) y llegó a 18,600 millones de dólares, con la advertencia de que no son un total nacional ni necesariamente sumables. Por separado, Latitude Media reporta que las eléctricas han pedido a los reguladores estatales aprobar 18,600 millones de dólares en aumentos de tarifa en lo que va de 2026. Son cosas distintas y no se cancelan entre sí, pero el paralelo explica por qué el mismo anuncio se celebra en la Casa Blanca y se recibe con escepticismo entre analistas del sector.
Abe Silverman, investigador de la Universidad Johns Hopkins, lo puso así en un correo a Latitude Media:
"A menudo veo declaraciones de las eléctricas sobre ahorros atribuibles a los centros de datos y luego veo solicitudes para subir tarifas de forma significativa. Es complicado."
Silverman apunta que separar el costo de atender a un centro de datos del resto de la red es difícil, porque las inversiones en transmisión, el blindaje ante tormentas y el precio del gas también empujan el recibo hacia arriba. Nick Zenkin, analista de Latitude Intelligence, resume dónde estaría la palanca real: en la FERC o en el Congreso. Esta semana, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara avanzó con apoyo bipartidista un proyecto que obligaría a las comisiones estatales a considerar una estrategia para que los centros de datos paguen lo suyo.
El malestar creció justo antes de las elecciones de noviembre
El momento del anuncio no es casual. Una encuesta de POLITICO realizada este mes por Public First encontró que 41% de los estadounidenses se opondría a que se construyera un centro de datos a menos de tres millas de su casa, contra 28% en enero. El apoyo cayó de 37% a 24% en el mismo periodo. Gallup también documentó un rechazo mayoritario.
De fondo está el recibo. Los precios residenciales de electricidad subieron 6% en 2025 a nivel nacional, según datos federales citados por CNBC, después de que Trump prometiera en campaña reducirlos a la mitad durante su primer año. El presidente dedicó buena parte de su intervención a defender los centros de datos ante las comunidades que los resisten, y les dijo a los desarrolladores que están convirtiéndose en compañías de servicios públicos por derecho propio, porque van a construir sus propias plantas. El secretario de Energía, Chris Wright, sostuvo esta semana que el ruido alrededor de los centros de datos no va a frenar el avance de la inteligencia artificial.
Qué mira América Latina mientras Washington reparte compromisos
El pacto es estrictamente estadounidense, y ahí está lo que debería interesarle al lector hispanohablante. Varias firmas que aparecen en la lista de la Casa Blanca operan también del otro lado de la frontera, donde no existe un compromiso equivalente. CloudHQ, por ejemplo, figura entre los desarrolladores firmantes y a la vez impulsa en Querétaro un campus con una inversión del orden de 4,800 millones de dólares y hasta 900 MW de capacidad, con los primeros 200 MW ya asegurados en coordinación con la CFE y el Cenace, según DatacenterDynamics.
México concentra su industria digital en muy pocos puntos: Querétaro alberga 72% de los centros de datos instalados en el país, seguido por la Ciudad de México con 10% y Nuevo León con 9%, según cifras de la Asociación Mexicana de Data Centers citadas por Forbes México. En España la discusión va por la misma ruta: la Planificación Eléctrica 2025-2030 en tramitación contempla 3.8 GW para centros de proceso de datos, que se sumarían a los 12 GW de permisos ya concedidos, de acuerdo con eldiario.es. Ni en un país ni en el otro hay algo parecido a un compromiso público de los operadores sobre quién paga la red que su consumo exige.
Para un hogar en Ohio, Georgia o Texas, el pacto no cambia nada mañana. El recibo lo sigue fijando la comisión de su estado, y ahí es donde se pelea de verdad: en los expedientes tarifarios que esas comisiones resolverán en los próximos meses, con miles de millones de dólares en aumentos ya solicitados sobre la mesa.
