La gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, firmó el viernes la Orden Ejecutiva 22 y presentó un Marco de Rendición de Cuentas para Centros de Datos que su oficina llama el más agresivo del país. La orden entra en vigor de inmediato: prohíbe los acuerdos de confidencialidad en los proyectos de las agencias del Ejecutivo estatal, ordena revisar los generadores diésel de respaldo, acelera las reglas de ruido y crea el primer grupo de trabajo estatal sobre inteligencia artificial, centrado en el desplazamiento laboral, la privacidad y la ciberseguridad. El marco más amplio, pensado para volverse ley en 2027, plantea exigir aprobación local para los centros de más de 25 megavatios y retirar subsidios estatales. La decisión pesa fuera de Virginia, la llamada capital mundial de los centros de datos, y llega mientras el gobierno federal se resiste a regular la IA. Aun así, no impone una moratoria.
La orden actúa hoy; lo más fuerte espera a 2027
La Orden Ejecutiva 22 activa de una vez varias piezas. Prohíbe que las agencias, juntas y empleados bajo el mando de la gobernadora firmen o exijan acuerdos de confidencialidad en proyectos de centros de datos, crea un kit de herramientas para que los gobiernos locales negocien mejores condiciones, acelera las nuevas reglas de ruido y ordena una revisión a fondo de los generadores diésel de respaldo. Ese veto a los acuerdos de confidencialidad, sin embargo, alcanza solo a las entidades estatales, no a los funcionarios locales que han firmado ese tipo de pactos en algunos tratos, según Cardinal News.
Lo más duro depende de la Asamblea General. Para la sesión de 2027, Spanberger quiere eliminar la aprobación "por derecho", el mecanismo que permite levantar un proyecto sin audiencia pública cuando cumple las reglas de uso de suelo, y exigir permiso local para cualquier centro que consuma más de 25 megavatios. El plan también propone terminar con los subsidios estatales, sacar a los grandes centros del carril rápido de permisos y extender por ley la prohibición de acuerdos secretos a los proyectos comerciales.
El pleito de fondo: quién paga la luz, el agua y el aire
En el centro de la disputa está el dinero. El marco quiere obligar a las eléctricas a cargar una parte más justa de los costos de transmisión y generación a los centros de datos y a otros grandes consumidores, y asegurar que los gastos derivados de la creciente demanda en el operador regional PJM recaigan sobre esas instalaciones y no sobre las familias. Para frenar proyectos especulativos que acaparan terreno y energía, exigiría compromisos financieros más firmes desde el inicio.
Ese mismo debate sobre quién paga la red ya llegó al Congreso, donde la Cámara aprobó que los centros de datos costeen su propio impacto eléctrico y dejó que cada estado decida si aplica la medida, como contamos.
En lo ambiental, la orden apunta a estándares de eficiencia energética, uso de agua e impacto en el suelo, limita las torres de enfriamiento intensivas en agua en zonas con escasez y empuja a los operadores a reconvertir sus generadores de respaldo hacia baterías, celdas de combustible u otras fuentes más limpias, según detalló The Register. También busca blindar la estabilidad de la red frente a cambios bruscos de demanda y acotar cuánta electricidad pueden generar los centros con gas natural en el propio sitio.
Un grupo sobre IA y un mensaje para Washington
La misma orden monta el primer grupo de trabajo sobre inteligencia artificial de Virginia. Su tarea será evaluar los riesgos del avance acelerado de la IA (desplazamiento de empleos, privacidad de datos y ciberseguridad) y estudiar cómo aplicar las leyes vigentes a los daños que causen estas herramientas cuando las normas actuales no los contemplan.
Spanberger encuadró esa parte como respuesta directa al gobierno de Donald Trump, que rechaza regular la IA y ha presentado las críticas al sector como una jugada que favorece a China, según reportó FomoEra.
Con la administración Trump ignorando las crecientes preocupaciones de los virginianos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para que la tecnología en torno a la inteligencia artificial se desarrolle de forma segura y responsable.
Lo dijo en una conferencia de prensa en Richmond, y con ello colocó a Virginia junto a los estados demócratas que legislan donde Washington no actúa.
No es una moratoria, y las críticas vienen de todos lados
El propio alcance del plan generó reproches cruzados. La presidenta pro tempore del Senado estatal, la demócrata Louise Lucas, dijo que la gobernadora por fin siente la presión, pero le reclamó no eliminar los cerca de 2,000 millones de dólares en exenciones al impuesto sobre las ventas de las que gozan los centros de datos. El Piedmont Environmental Council, que pedía una moratoria como primer paso, reconoció elementos positivos y advirtió que el marco se concentra en los centros nuevos y deja fuera los ya construidos y los que vienen en camino.
Desde la otra orilla, el líder republicano de la Cámara de Delegados, Terry Kilgore, tachó el plan de internamente contradictorio: anima a los centros a llevar su propia energía mientras limita el gas en el sitio y restringe los generadores de respaldo, y aun así espera que ayuden a sostener la red. La Data Center Coalition, que agrupa a la industria, dijo compartir el objetivo de un desarrollo responsable, pero pidió más detalles para no perder competitividad. Clean Virginia lo calificó de avance real y, igual que el Piedmont y Lucas, pidió pausar los nuevos desarrollos mientras se afinan las reglas. Cardinal News recogió estas reacciones.
Virginia se suma a la ola de estados que frenan
Virginia no actúa sola. En julio, Nueva York se convirtió en el primer estado en pausar temporalmente las nuevas obras de más de 50 megavatios con una orden de la gobernadora Kathy Hochul, y un mes después Pensilvania, con el gobernador Josh Shapiro, empezó a bloquear permisos a los centros que no asuman compromisos vinculantes. La medida de Virginia llega, además, días después de que el condado de Loudoun, una de las mayores concentraciones de centros de datos del planeta, respaldara pausar hasta 12 meses ciertas solicitudes nuevas.
Estos tres estados encaran el mismo problema con instrumentos distintos:
| Estado y firma | Medida principal | Umbral o alcance | ¿Frena obras? |
|---|---|---|---|
| Virginia (Spanberger, 18 sep 2026) | Orden Ejecutiva 22 y marco de rendición de cuentas | Aprobación local para centros de más de 25 MW; veta acuerdos de confidencialidad estatales | No: descarta la moratoria |
| Nueva York (Hochul, jul 2026) | Orden ejecutiva | Nuevas obras de más de 50 MW | Sí: primera pausa estatal temporal |
| Pensilvania (Shapiro, ago 2026) | Orden ejecutiva con requisitos GRID | Permisos sin compromisos vinculantes | Sí: los condiciona y bloquea |
El rechazo vecinal crece en todo el país por el impacto en el aire, el ruido, el agua y las facturas de luz. En Tennessee, el centro Colossus 2 de la empresa de Elon Musk se alimenta en parte con 27 turbinas de gas instaladas del otro lado de la frontera estatal, en Misisipi, hoy objeto de una demanda de la NAACP por presuntas violaciones a la Ley de Aire Limpio, según The Register.
Con la sesión legislativa de 2027 en el horizonte y unas elecciones intermedias de por medio, la pelea real de Virginia apenas empieza: decidir quién paga, quién asume el riesgo y bajo qué condiciones seguirá creciendo la industria que la convirtió en la capital mundial de los centros de datos.
