TL;DR:
- Héctor de Mauleón publicó el 16 de julio de 2026 dos grabaciones más en las que la gobernadora de Baja California acuerda una reunión fuera del país.
- El supuesto intermediario ubica esa primera cita en Panamá, a finales de agosto, y atribuye la autorización al DHS y al Departamento de Estado.
- El FBI y el Departamento de Justicia no han confirmado públicamente cargos ni investigaciones contra Ávila Olmeda. Ella sostiene que los audios están manipulados.
Dos grabaciones más, publicadas el 16 de julio de 2026 por el periodista Héctor de Mauleón en su columna de El Universal, ubican en Panamá y a finales de agosto la primera reunión que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, habría acordado con supuestos agentes o intermediarios del gobierno de Estados Unidos. En los audios, un hombre que se presenta como intermediario le dice que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado autorizaron el encuentro, y que lo quieren fuera de territorio estadounidense y fuera de México. Es la tercera filtración en menos de un mes y la primera que pone fecha y sede sobre la mesa. Ninguna agencia de Estados Unidos ha confirmado esa cita.
La segunda grabación es una llamada telefónica. Ahí el intermediario suelta el dato sin preámbulo:
"La primera reunión está autorizada y sería en Panamá."
El argumento que da para la sede es de riesgo: nadie quiere el encuentro en Estados Unidos ni en México. Es la propia gobernadora quien completa la frase y aporta el término que a su interlocutor no le salía, el de territorio neutral. Enseguida pregunta por la logística y por si sus abogados pueden acompañarla. El intermediario responde que lo consultará con sus superiores.

El intermediario ofreció Tijuana o Miami; la gobernadora eligió Tijuana
El primer fragmento publicado por De Mauleón recoge a un supuesto agente explicándole a Ávila Olmeda para qué serviría el encuentro: contrastar lo que ella diga con lo que las agencias ya saben. Le recomiendan ser abierta y honesta. A cambio, según le plantean, podrían ayudarla con el problema de la visa y con evitar que la acusen.
Después llega la pregunta logística: ¿Tijuana o Miami? Ella elige Tijuana. Le advierten entonces que el asunto iría directo con el FBI y le preguntan si quiere seguir o prefiere que hablen con su abogado.
La tercera entrega en menos de un mes, y la primera con fecha y lugar
Las grabaciones no salieron todas juntas. Han caído por goteo, y cada una desmontó una explicación anterior:
- En junio de 2026, el primer audio mostró a la gobernadora hablando con personas que se presentaban como asesores externos del FBI sobre una posible reunión en el consulado de Estados Unidos en Tijuana. Ella reconoció que la voz era suya y negó haber hecho acuerdos por debajo de la mesa.
- El 13 de julio, el segundo audio la mostró preguntando por una eventual extradición y ofreciendo información de las mesas de seguridad que encabeza como gobernadora. El Gobierno de Baja California respondió que eran fragmentos de una conversación privada con personas que nunca acreditaron a quién representaban.
- El 16 de julio llegaron los dos audios de Panamá, con fecha, sede y una autorización atribuida al DHS y al Departamento de Estado.
Ávila Olmeda no se ha pronunciado sobre estas dos últimas grabaciones. Un día antes, el 15 de julio, había señalado al exgobernador Jaime Bonilla de contactarla por WhatsApp para pedirle que recibiera a esas personas, y describió todo el episodio como un montaje:
"Hoy queda claro para todos que fue una trampa."
De Mauleón apunta además que, en esas mismas grabaciones, la gobernadora admite tener dos cuentas bancarias en Estados Unidos, algo que había negado antes, y asegura haberse sentado varias veces con el FBI y con otras agencias federales de ese país.
El gobierno federal descartó el delito dos días antes de esta filtración
El 14 de julio, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que en las grabaciones no se infiere la entrega de información confidencial y que una investigación solo procedería si hubiera indicios de un delito:
"En el audio, sinceramente, no se infiere ningún tipo de delito."
La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó ese mismo día al hueco que sigue sin llenarse: ni siquiera está identificado con quién habla la gobernadora, y por eso, dijo, el caso no se puede equiparar con la investigación abierta en Chihuahua por la presunta operación de agentes de la CIA. También puso el foco en el origen de las filtraciones y sugirió preguntar quién quiere difundirlas.
Esa postura se fijó dos días antes de que aparecieran los audios de Panamá. El gobierno federal no se ha pronunciado sobre estos últimos.
Lo que queda pendiente es el calendario. Faltan poco más de seis semanas para finales de agosto de 2026, la fecha que aparece en la grabación, y nadie ha dicho públicamente si esa reunión ocurrió, si sigue en pie o si nunca pasó de una llamada. Mientras tanto, la pregunta que el propio gobierno federal dejó abierta en la mañanera sigue sin respuesta: quién estaba del otro lado del teléfono.