TL;DR:
- Hochul firmó el 14 de julio la Orden Ejecutiva 62, que pausa hasta un año los permisos para centros de datos de 50 megavatios o más en Nueva York.
- Trump calificó la pausa de movida política en Truth Social y pidió revertirla de inmediato; Nueva York responde que protege tarifas eléctricas y agua.
- Legisladores de al menos 15 estados, incluida Pensilvania, ya citan el caso neoyorquino de cara a las elecciones intermedias de noviembre.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el martes 14 de julio de 2026 la Orden Ejecutiva 62, que congela hasta por un año los permisos estatales para construir o ampliar centros de datos capaces de consumir 50 megavatios o más de electricidad. Es la primera moratoria estatal de este tipo en Estados Unidos y llega tras meses de protestas por el alza en las tarifas eléctricas y la presión que la construcción acelerada de infraestructura de inteligencia artificial pone sobre la red y el agua de comunidades como Lansing y East Fishkill. La medida provocó una respuesta inmediata del presidente Donald Trump, que acusó a Hochul de actuar "por razones políticas", y reabrió una pregunta más amplia: si Nueva York le dio a otros gobernadores, demócratas y algún republicano, un modelo para replicar antes de las elecciones intermedias de noviembre.
El Departamento de Conservación Ambiental dejará en pausa cualquier solicitud de permiso que no estuviera completa antes del 14 de julio, mientras el Departamento de Servicio Público redacta un estudio de impacto ambiental sobre el consumo de energía, agua y ruido de estos proyectos. Detrás de la decisión hay números concretos: casi 12 gigavatios de solicitudes de conexión a la red esperan turno en el estado (más de 8 de esos gigavatios entraron solo en 2025) y la tarifa eléctrica residencial promedio subió casi 68% desde 2019. Hochul lo resumió así el martes, al firmar la orden en Albany:
"Cuando las empresas prosperan gracias a Nueva York, los neoyorquinos también prosperan"
Qué congela realmente la Orden Ejecutiva 62
La medida no es una prohibición total. Solo alcanza instalaciones capaces de consumir 50 megavatios o más (aproximadamente lo que necesitan entre 20.000 y 30.000 procesadores gráficos de última generación) y no afecta los proyectos cuyo permiso ya estaba completo antes de la firma. Tampoco toca los permisos municipales, que siguen en manos de cada localidad.
El texto exime, de forma explícita, a los centros dedicados principalmente a manufactura, investigación (incluida la computación cuántica o biomédica), educación universitaria acreditada, el consorcio Empire AI o la atención médica.
Mientras dura la pausa, la orden activa otros tres mecanismos:
- Un Marco de Inversión Comunitaria, que Empire State Development debe publicar en 60 días para que los municipios negocien beneficios como mejoras de infraestructura, apoyo a guarderías o inversión directa.
- Un posible Fondo de Aceleración de Red, que exploraría cobrar a los operadores aportaciones iniciales y crear un fondo de seguro para proteger al resto de los usuarios de costos varados.
- Un Grupo de Trabajo de Interconexión, con el mismo plazo de 60 días, para definir cómo se conectan estos proyectos a la red sin encarecer la factura de todos los demás.
Trump acusa a Hochul de actuar "por razones políticas"
La reacción del presidente no tardó. En Truth Social, Trump describió a los centros de datos como una fuente clave de empleo e inversión para cualquier estado que los reciba, y fue directo con la gobernadora neoyorquina:
"La gobernadora Kathy Hochul, por razones políticas, terminó con todos los centros de datos"
Pidió a Nueva York revertir "de inmediato" la política y mencionó a Alabama, Florida, Texas y Arizona como estados que, según él, tratan la llegada de estas instalaciones como una victoria económica. Advirtió que, si los demócratas no ceden, Estados Unidos arriesga terreno frente a China en la carrera por la inteligencia artificial.
Hay una coincidencia curiosa en medio del pleito: Hochul y Trump han presionado, cada uno por su lado, para que sean las tecnológicas, y no los hogares, quienes paguen la energía que consumen sus centros de datos.
La industria no habla de pánico, sino de precedente
El terreno ya estaba abonado. Una encuesta de Gallup difundida este año encontró que 71% de los estadounidenses se opondría a un centro de datos de IA en su zona, con mayoría en contra tanto entre demócratas (75%) como entre republicanos (63%).
Paul Lekas, vicepresidente ejecutivo de la asociación Software & Information Industry Association (SIIA), dijo compartir el objetivo de proteger la red y a los usuarios, pero advirtió:
"Una moratoria total envía la señal equivocada en un momento crítico"
Joseph Hoefer, de la firma de cabildeo Monument Advocacy, resumió el ánimo del sector ante Politico:
"No lo llamaría pánico, pero la preocupación es real y se movió rápido"
Hoefer explicó que la inquietud de fondo no es Nueva York en sí, sino el precedente: si un estado de ese tamaño puede pausar los permisos, cualquier otro puede hacerlo también. Digital Realty, uno de los mayores operadores del mundo, advirtió ante Reuters que una pausa de un año corre más riesgo de desviar la inversión hacia otros lugares que de resolver el problema de infraestructura. NTT Global Data Centers tomó un tono más conciliador y dijo dar la bienvenida al escrutinio.
Otros estados ya toman nota antes de las elecciones de noviembre
Según el National Conference of State Legislatures, legisladores de al menos 15 estados han presentado o discutido moratorias sobre centros de datos. Varios episodios recientes muestran hacia dónde podría moverse el debate:
- En Pensilvania, un proyecto republicano que avanzó en el Senado estatal dejaría que los municipios rechacen solicitudes de alto impacto hasta por 18 meses, mientras una propuesta demócrata rival plantea una moratoria estatal de tres años. Su autora, la senadora Katie Muth, dijo que si Nueva York logró aprobar una pausa estatal, Pensilvania también debería poder hacerlo.
- En Arizona, la gobernadora demócrata Katie Hobbs firmó en junio una ley que congela por tres años las exenciones de impuesto sobre ventas para centros de datos.
- En Maine, la Legislatura aprobó una pausa de 18 meses que la gobernadora Janet Mills, también demócrata, terminó vetando: la razón por la que Hochul eligió una orden ejecutiva en vez de esperar una ley expuesta al mismo riesgo.
- En Texas, uno de los estados que Trump presentó como modelo a seguir, el gobernador republicano Greg Abbott pidió prohibir nuevos centros de datos de IA en zonas rurales y que la industria asuma más costos de infraestructura.
En el Congreso, el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez ya habían impulsado a inicios de año un proyecto para pausar la construcción de centros de datos a escala nacional. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, evitó sumarse a ese llamado y le dijo a Politico que su bancada exige que los centros de datos paguen su parte justa, no que se dejen de construir.
Para las empresas con proyectos en fila, la pausa dura, en principio, hasta julio de 2027 o hasta que Nueva York complete el nuevo marco de reglas, lo que ocurra primero. Mientras tanto, al menos 15 estados ya tienen sobre la mesa alguna versión de la misma pregunta que resolvió Hochul: quién paga la factura del boom de la inteligencia artificial, y quién carga con el costo político de decidirlo.
Preguntas rápidas sobre la moratoria de Nueva York
¿A partir de qué tamaño de centro de datos aplica la pausa en Nueva York?
La Orden Ejecutiva 62 alcanza a los centros de datos capaces de consumir 50 megavatios o más de electricidad. Quedan fuera los proyectos ya completos antes del 14 de julio de 2026 y los destinados a manufactura, investigación, educación o atención médica.
¿Cuánto va a durar la moratoria de centros de datos en Nueva York?
Hasta un año, o hasta que el Departamento de Servicio Público termine el estudio de impacto ambiental que exige la orden, lo que ocurra primero. Hochul dijo que revisará la pausa una vez que exista una fórmula para que las empresas ayuden a pagar la red.
¿Qué otros estados podrían imponer una moratoria similar?
Legisladores de al menos 15 estados, según el National Conference of State Legislatures, han presentado o debatido proyectos parecidos, entre ellos Pensilvania, Delaware, Georgia, Michigan, Carolina del Sur y Vermont. Virginia dejó un proyecto pendiente para la siguiente sesión legislativa.
