Una directiva firmada el 14 de septiembre por Brian Nesvik, director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS), instruye a las oficinas federales a interpretar de forma más estrecha la prohibición de “take” de la Ley de Especies en Peligro. Bajo esa lectura, ciertas muertes o lesiones accidentales de animales protegidos durante actividades como tala, minería, construcción o navegación no constituirían una infracción federal si la acción no estaba dirigida intencionalmente contra el animal. El memorando llegó el mismo día en que entró en vigor una regla que eliminó del reglamento la definición de “harm”, y ambos cambios ya enfrentan oposición de estados y organizaciones conservacionistas. La administración sostiene que las protecciones centrales siguen vigentes; sus críticos advierten que se debilita la obligación de prevenir y mitigar daños previsibles.
La directiva cambia el umbral para considerar ilegal una muerte
El término legal “take” no equivale únicamente a cazar. La ley lo define como acosar, dañar, perseguir, cazar, disparar, herir, matar, atrapar, capturar o recolectar a una especie protegida, o intentar realizar cualquiera de esas acciones. El memorando sostiene que la intención debe dirigirse al animal y no solo a la actividad que termina afectándolo.
El documento usa dos ejemplos: una embarcación que golpea accidentalmente a una ballena no habría cometido un “take” si su curso no estaba dirigido contra ella; de forma similar, talar un árbol con murciélagos protegidos no sería una infracción si el propósito no era matarlos o capturarlos. En la práctica, esa lectura podría dejar fuera de la prohibición federal daños incidentales aunque fueran previsibles, incluidos los asociados con tala, minería, desarrollo industrial o transporte.
Eso no equivale a una autorización general para matar fauna en peligro. El memorando es una directiva de aplicación de la agencia y su validez puede ser cuestionada judicialmente. La regla final mantiene la posibilidad de emitir permisos cuando existe una conducta afirmativa dirigida intencionalmente contra uno o más animales.
El cambio llegó junto con la eliminación de “harm” del reglamento
El 14 de julio, el FWS y el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas publicaron una regla final que eliminó la definición regulatoria de “harm” de los apartados 17 y 222 del título 50 del Código de Regulaciones Federales. La medida entró en vigor el 14 de septiembre, el mismo día que el memorando de Nesvik.
La definición anterior consideraba “harm” cualquier acto que matara o lesionara fauna y permitía incluir una modificación o degradación significativa del hábitat cuando afectaba patrones esenciales de conducta, como reproducción, alimentación o refugio. La regla actual sostiene que la modificación del hábitat no forma parte de la prohibición de “take” de la sección 9, aunque conserva otras obligaciones de la ley.
El texto oficial afirma que la sección 7 sigue obligando a las agencias federales a evitar acciones que pongan en riesgo la existencia de una especie o destruyan o modifiquen adversamente su hábitat crítico. También señala que los permisos y declaraciones de toma incidental ya emitidos no deben reevaluarse solo por la nueva regla y que las clasificaciones de especies y designaciones de hábitat crítico no cambian.
El alcance práctico sí se reduce para proyectos futuros. La propia regla dice que quienes soliciten permisos por toma incidental ya no tendrán que explicar los efectos de la modificación o degradación del hábitat ni mitigar esos impactos como condición para obtenerlos bajo ese marco regulatorio.
El conflicto legal enfrenta a Sweet Home con la lectura de la administración
La disputa se apoya en un precedente de la Suprema Corte de 1995, Babbitt v. Sweet Home. En una decisión de 6-3, el tribunal consideró razonable que “harm” incluyera una modificación significativa del hábitat cuando causara la muerte o lesión de fauna protegida, aunque la actividad no estuviera dirigida directamente contra un animal.
La administración Trump sostiene ahora que Sweet Home validó una interpretación razonable, pero no estableció que fuera la única lectura posible de la ley. La regla final también invoca la decisión de 2024 en Loper Bright v. Raimondo, que eliminó la deferencia automática de los tribunales hacia interpretaciones razonables de las agencias y exige aplicar el mejor significado de una ley.
Los opositores sostienen que el nuevo criterio contradice tanto el texto protector de la Ley de Especies en Peligro como el precedente de Sweet Home. El 9 de septiembre, 20 estados y el Distrito de Columbia presentaron dos demandas contra cambios recientes de la administración. Una de ellas cuestiona precisamente la definición más estrecha de “harm”; la otra impugna modificaciones sobre protecciones para especies amenazadas y designación de hábitats críticos.
La consecuencia inmediata no es una derogación de la Ley de Especies en Peligro, sino un cambio en el umbral con el que el gobierno federal podría perseguir daños incidentales. La disputa ahora tendrá que resolverse entre la aplicación diaria del FWS y los tribunales que revisen si la agencia puede reemplazar una interpretación vigente durante décadas.
