El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 19 de septiembre la AB 1130, una ley que permite sancionar a las personas pagadas por campañas para publicar contenido político si omiten el aviso correspondiente. El texto también hace responsable solidario al comité que pagó la publicación, en materia civil y administrativa, y exige que identifique ese gasto como una publicación pagada de terceros en sus informes de campaña. Associated Press, con base en la Comisión de Prácticas Políticas Justas, reportó un máximo de 5,000 dólares por infracción, no una tarifa automática por cada post.
California ya exigía revelar los pagos
AB 1130 no crea la obligación desde cero. La normativa estatal ya exigía que una persona pagada por un comité incluyera, al mismo tiempo, un aviso en el contenido publicado para apoyar u oponerse a un candidato o una medida electoral. El aviso debe ser legible para un espectador promedio y, si el contenido es de audio, claramente audible.
La ley también obliga al comité a informar previamente a la persona contratada sobre el requisito. Antes de AB 1130, la autoridad electoral podía pedir una orden judicial para obligar al creador a cumplir, un procedimiento que podía tardar meses, según Associated Press.
La nueva norma elimina la exención que protegía a la persona pagada frente a sanciones administrativas, civiles y penales previstas por la ley electoral. Para las sanciones civiles o administrativas, el creador y el comité quedan como responsables solidarios. Si el pago debe aparecer en un informe de campaña, el comité deberá señalar que correspondió a una publicación pagada de terceros.
El límite es por infracción, no una tarifa fija por post
El número de 5,000 dólares puede hacer que la medida se resuma como una multa por publicación, pero esa formulación simplifica el texto. Associated Press, citando a la Comisión de Prácticas Políticas Justas, describió el máximo como 5,000 dólares por infracción.
AB 1130 no establece que cada publicación sin aviso produzca automáticamente una multa de esa cantidad ni fija una tabla de cobros por post. El alcance concreto de cada caso dependerá del contenido, del pago, del comité involucrado y de la resolución de la autoridad competente.
La medida abre la puerta a sanciones administrativas y civiles, y conserva la posibilidad de que la comisión solicite medidas judiciales para obligar al cumplimiento del aviso. El cambio reduce la dependencia de un proceso judicial como primer recurso de aplicación.
A quién alcanza la AB 1130
El texto habla de cualquier persona pagada por un comité para publicar contenido en un sitio web, una aplicación web o una aplicación digital con el fin de apoyar u oponerse a un candidato o una medida. No fija un número mínimo de seguidores, por lo que su redacción no se limita a los grandes influencers. También puede alcanzar a creadores pequeños cuando exista un pago y el contenido encaje en ese supuesto.
Hay excepciones concretas. La obligación no aplica al contenido publicado en el sitio, perfil o landing page del propio comité, ni al que difunda un empleado remunerado en su cuenta si el único costo es su tiempo de trabajo y publicar no es su función principal.
La regla tampoco prohíbe que una campaña contrate creadores o que una persona exprese una opinión política. Lo que exige es que la relación económica sea visible para la audiencia y quede documentada en los reportes de campaña cuando corresponda.
La polémica de Tom Steyer puso el problema en primer plano
La aprobación llega después de la controversia que rodeó la campaña del demócrata Tom Steyer en la elección para gobernador de California. The Guardian reportó que el candidato fue criticado por pagar miles de dólares a creadores que lo promocionaron sin una divulgación adecuada. Un portavoz de su campaña respondió que Steyer consideraba justificado compensar el trabajo de los creadores.
El caso mostró el problema que la nueva ley intenta abordar: un mensaje financiado por una campaña puede presentarse ante la audiencia como apoyo espontáneo si el pago no aparece de forma clara. AB 1130 no menciona a Steyer y su alcance es general, pero llega después de que esa estrategia de comunicación provocara quejas ante la autoridad electoral estatal.
Para campañas y creadores, el cambio más importante es que ocultar la relación económica deja de estar protegido por la exención anterior y puede comprometer tanto a quien publica como al comité que paga. La frontera entre apoyo espontáneo y publicidad política tendrá que quedar documentada en el contenido y en los informes de campaña.
