El comisario europeo responsable de fiscalidad, Wopke Hoekstra, descartó por ahora que la Unión Europea imponga un gravamen común a gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Meta. En declaraciones publicadas el 18 de septiembre de 2026 por el Financial Times, Hoekstra sostuvo que Bruselas debería esperar hasta agotar todas las vías posibles de una solución global antes de actuar por su cuenta, y calificó ese acuerdo internacional como la mejor opción sobre la mesa. La postura llega pese a la presión renovada de Francia, que reclama una tasa digital a escala de la UE como fuente de ingresos para el próximo presupuesto del bloque. El debate importa porque enfrenta la recaudación europea con el riesgo de represalias comerciales de Estados Unidos, que ya amenazó con aranceles a quien grave a sus tecnológicas.
Bruselas apuesta por la vía global y deja esperando a Francia
Francia ha vuelto a pedir a Bruselas que avance con una tasa digital común. París defiende que un gravamen a escala de la UE sería una fuente relevante de ingresos para el próximo presupuesto plurianual del bloque, todavía en negociación, y que evitaría que cada país afronte represalias comerciales por separado. El ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, ha situado esa recaudación como un ingreso de peso para las arcas comunes.
Hoekstra respondió que la mejor salida sigue siendo un acuerdo internacional. Su argumento se apoya en las negociaciones de la OCDE, donde más de 140 países llevan años intentando repartir de otro modo los derechos de tributación de las mayores multinacionales para que paguen parte de sus impuestos donde están sus usuarios. Ese esquema, conocido como Pilar Uno, contempla retirar los impuestos digitales nacionales una vez que entre en vigor. El problema es que sigue sin implementarse: Estados Unidos se apartó de esa vía a inicios de 2025 y, desde entonces, el pacto global no ha avanzado, según la Tax Foundation.
Qué es el impuesto que la UE mantiene guardado
Un impuesto sobre servicios digitales grava los ingresos brutos, no las ganancias, de las grandes plataformas. La propuesta que la UE mantiene en reserva desde 2018 plantea una tasa del 3% sobre empresas con ingresos globales superiores a 750 millones de euros e ingresos digitales en la UE por encima de 50 millones, y alcanzaría la publicidad en línea, los mercados digitales y la venta de datos de usuarios, según la Tax Foundation. Bruselas la aparcó a la espera del acuerdo de la OCDE.
Sobre cuánto dejaría, la propia Comisión Europea calcula que una tasa del 3% a escala de la UE podría recaudar hasta unos 5,000 millones de euros al año para el presupuesto común, dependiendo del diseño final. Mientras el bloque no se decide, varios países ya cobran su propia versión: Francia, Italia, España, Austria y otros aplican impuestos digitales nacionales pensados como medidas temporales.
El pulso con Washington condiciona la decisión
La cautela de Hoekstra no ocurre en el vacío. Como los impuestos digitales afectan sobre todo a compañías estadounidenses, Washington los considera discriminatorios y ha respondido con amenazas arancelarias. En junio de 2026, Donald Trump advirtió en su red Truth Social que cualquier país que aplique una tasa digital se enfrentará de inmediato a un arancel del 100% sobre sus productos, y apuntó de forma directa a los países europeos que debaten nuevos gravámenes.
La amenaza cayó sobre un momento delicado del comercio transatlántico. El acuerdo que Estados Unidos y la UE cerraron para limitar al 15% la mayoría de los aranceles a las exportaciones europeas dejó fuera los impuestos digitales, según Business Today. Bruselas respondió que esas medidas unilaterales son injustificadas y defendió que sus reglas fiscales se aplican por igual a todas las grandes empresas, sin importar su origen.
Con Hoekstra apostando por la vía multilateral y Francia empujando por una tasa propia, la decisión sobre cómo gravar a las tecnológicas seguirá abierta mientras la OCDE no logre un acuerdo y persista la presión de Estados Unidos. En juego está una fuente de ingresos para el presupuesto europeo y la estabilidad de la relación comercial con Washington.
