Una comisión del Parlamento británico pidió reglas claras para decidir qué comercio e inversiones con China deberían prohibirse, permitirse con controles o promoverse. En un informe publicado el 2 de noviembre, los diputados sostienen que el Gobierno carece de una estrategia suficientemente definida para equilibrar la seguridad económica y las oportunidades de negocio.
La Comisión de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio de la Cámara de los Comunes acusa al Ejecutivo laborista de reanudar el acercamiento con Pekín sin convertir sus prioridades generales en criterios claros para las empresas. Liam Byrne, diputado laborista y presidente de la comisión, afirmó que las compañías no pueden planear si el Gobierno va definiendo su política hacia China sobre la marcha.
El Gobierno discrepa de esa conclusión. Un portavoz dijo al Daily Mail que su enfoque es coherente y busca cooperar cuando es posible, plantear objeciones cuando es necesario y aprovechar oportunidades económicas sin comprometer la seguridad nacional.
Qué significarían las tres zonas
El informe propone un esquema parecido a un semáforo para que las empresas sepan de antemano dónde pueden operar y qué riesgos deben controlar:
- La zona roja abarcaría un número reducido de capacidades estratégicas que Reino Unido debería conservar por sí mismo o desarrollar con aliados. El comercio y la inversión chinos quedarían excluidos de esas actividades.
- La zona ámbar permitiría operaciones cuyos riesgos puedan reducirse mediante salvaguardas.
- La zona verde comprendería actividades de bajo riesgo en las que se permitiría y alentaría el intercambio.
La comisión pide al Gobierno que defina qué capacidades deben protegerse y cómo aplicar el marco. Las categorías son recomendaciones de los diputados, no reglas que ya estén en vigor.
También propone preparar aranceles para utilizarlos si China mantiene prácticas que los legisladores consideran desleales, y acelerar una prohibición de importaciones de bienes fabricados con trabajo forzoso. El comité reconoce a la vez que las importaciones chinas de menor precio benefician a los consumidores y que las empresas británicas buscan oportunidades en ese mercado.
Qué incluye la cifra de 140,000 millones
El informe sitúa el comercio anual con China en unos 140,000 millones de libras esterlinas. Una nota al pie precisa que el cálculo suma dos registros: 107,200 millones de libras de intercambio con China y 32,300 millones con Hong Kong, durante los cuatro trimestres terminados en marzo de 2026.
La suma es de 139,500 millones de libras, que el comité redondea. Se trata del valor conjunto de importaciones y exportaciones de bienes y servicios; no representa únicamente ventas británicas a China.
La inversión eólica y la auditoría pendiente de publicar
El caso de Ming Yang ilustra para la comisión la falta de claridad. La empresa china anunció en octubre de 2025 un plan para fabricar turbinas eólicas en Escocia, con una inversión prevista de hasta 1,500 millones de libras y 1,500 empleos iniciales.
En marzo de 2026, el ministro británico de Energía, Michael Shanks, comunicó que el Gobierno no respaldaría el uso de turbinas de Ming Yang en proyectos eólicos marinos del Reino Unido y mencionó la necesidad de proteger la seguridad nacional. El informe señala que el Ejecutivo no explicó en detalle el fundamento ni el proceso de esa decisión.
Los diputados también examinaron riesgos para la investigación. Entre sus antecedentes citan una alerta del MI5 sobre colaboraciones con un instituto chino vinculado, según el servicio británico, a la inteligencia de ese país. La agencia reconoció que algunos académicos podían desconocer esos vínculos.
Patricia Rodriguez
La comisión recuerda que el acercamiento con Pekín comenzó en 2024, antes de que concluyera una auditoría gubernamental sobre China. El documento se completó en junio de 2025, pero no se publicó íntegro. Al presentar un resumen ese mes, el entonces ministro de Exteriores, David Lammy, argumentó que gran parte de los detalles eran clasificados y que divulgarlos perjudicaría los intereses nacionales.
El informe parlamentario contiene recomendaciones para el Gobierno, que dispone de dos meses para responder, según la Cámara de los Comunes.
