La senadora republicana Cynthia Lummis defendió la CLARITY Act tras el robo de criptomonedas que Binance estimó en 6,300 millones de dólares. Sostiene que el proyecto habría dado protección legal a empresas que retuvieran transacciones sospechosas, una interpretación que cuestionó Amanda Fischer, directiva de la organización Better Markets.
La discusión se centra en la respuesta posterior al ataque. Binance informó el 30 de octubre que había trabajado con autoridades, emisores y otras empresas para rastrear los activos y que unos 3,000 millones de dólares ya estaban congelados en la cadena de bloques. La compañía señaló que continuaría los esfuerzos para recuperarlos; congelarlos no equivale a que hayan sido devueltos.
Gerardo Pavez
La postura de Lummis y la respuesta de Fischer
Lummis argumentó el 30 de octubre que la propuesta habría facilitado una reacción más rápida ante solicitudes de las fuerzas del orden, según reportó The Block. En su respuesta a Fischer, también sostuvo que Binance quedaría dentro de las entidades cubiertas por prestar servicios de activos digitales, informó Fathom.
Fischer, directora de políticas y directora de operaciones de Better Markets, cuestionó esa lectura. Señaló que el proyecto contempla órdenes judiciales para congelar fondos de emisores de monedas estables y recordó que las empresas ya actuaron para inmovilizar activos en el caso de Binance, de acuerdo con The Block.
El 1 de noviembre, Lummis volvió a defender la propuesta y destacó un programa piloto para compartir información entre empresas y autoridades federales, según Fathom. El texto reportado al Senado en junio contempla un programa para intercambiar información sobre posibles actividades financieras ilícitas entre agencias y entidades privadas designadas.
Qué dice la versión reportada al Senado
La sección 305 de la versión del proyecto reportada al Senado el 1 de junio incluye entre las personas cubiertas a ciertos emisores de monedas estables y a proveedores de servicios de activos digitales. Lummis sostiene que Binance entraría en esa última categoría; el texto no menciona a la plataforma por nombre.
Esa versión contempla protección frente a demandas privadas para quienes apliquen retenciones temporales de buena fe y cumplan sus condiciones. Entre ellas figura que exista una sospecha razonable de una infracción o una solicitud escrita que reúna los requisitos establecidos. El plazo inicial previsto es de hasta 30 días, prorrogable por otros 150 mediante una solicitud escrita calificada.
Otra disposición exige a los emisores autorizados de monedas estables cumplir determinadas órdenes judiciales. La misma sección aclara que no impone, por sí sola, una obligación general de congelar activos más allá de lo que ya exige la legislación vigente. La protección propuesta tampoco demuestra cuánto más rápido se habrían detenido los fondos en el caso de Binance.
El 14 de septiembre, Lummis publicó una propuesta sustitutiva posterior, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso. Los detalles anteriores corresponden al texto reportado en junio.
El proyecto sigue sin convertirse en ley
La Cámara de Representantes aprobó su versión en julio de 2025. El 15 de septiembre de 2026, el Senado rechazó por 49 votos a favor y 50 en contra una moción para avanzar hacia el debate. La votación fue un paso de procedimiento, no una votación final sobre cada disposición del proyecto.
La CLARITY Act sigue sin convertirse en ley. Mientras continúa la disputa sobre su alcance, Binance y sus socios ya han podido congelar parte de los activos afectados bajo las herramientas disponibles durante la respuesta al ataque.
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