La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció que prevé organizar un sorteo para seleccionar a los magistrados que integrarían los órganos disciplinarios encargados de examinar los casos de los dos dirigentes del Tribunal Constitucional de Polonia. El sorteo se incorporaría a la agenda de una asamblea convocada para el 3 de noviembre, después de que la jueza ordenara suspenderlos por un mes, una medida cuya legalidad está en disputa.
Korwin-Piotrowska dijo el 1 de noviembre a la cadena TVN24 que planea emitir una orden para añadir el sorteo a la reunión. Sus declaraciones fueron recogidas por la agencia polaca PAP y Radio Kraków. El anuncio plantea un paso procesal; no es una resolución disciplinaria contra los magistrados.
El 30 de octubre, la jueza ordenó apartar temporalmente de sus funciones al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Korwin-Piotrowska asumió que le correspondía dirigir la institución y sostuvo que ambos habían impedido trabajar a jueces elegidos por el Parlamento. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, rechaza su autoridad.
Por separado, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, solicitó levantar la inmunidad de Święczkowski y Sochański para permitir acciones penales, según El País. Es una vía distinta de los procedimientos disciplinarios anunciados; la solicitud no prueba que se haya cometido un delito.
La disputa por los nombramientos llegó a tribunales europeos
La mayoría parlamentaria eligió en 2026 a ocho integrantes del Constitucional. Nawrocki tomó juramento a tres, pero no a los otros cinco, de acuerdo con El País. Korwin-Piotrowska figura entre las personas elegidas cuya incorporación ha sido objeto de la disputa.
El 5 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a Polonia que sus autoridades no obstaculizaran el ejercicio de las funciones de cuatro magistrados elegidos en marzo, incluida Korwin-Piotrowska. La corte explicó que se trataba de una medida provisional que no prejuzgaba el fondo del caso.
En octubre, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, sostuvo que el presidente polaco no tiene una facultad discrecional para vetar mediante el juramento a los jueces elegidos por el Parlamento. Tanto esa opinión como la medida provisional son anteriores a las suspensiones anunciadas el 30 de octubre: abordan los nombramientos, no decidieron la validez de esas suspensiones.
Nawrocki y Tusk sostienen versiones opuestas
Nawrocki interrumpió un viaje hacia Senegal y regresó a Varsovia. En un comunicado, afirmó que se había tomado por la fuerza un órgano constitucional, pidió la retirada de la policía y dijo que había facilitado la entrada de Sochański al tribunal. Después convocó consultas con representantes de partidos parlamentarios.
El primer ministro, Donald Tusk, defendió las medidas como parte de los esfuerzos de su gobierno para restaurar la independencia judicial. El País informó que tres personas fueron detenidas durante las protestas ante la sede del tribunal el 30 de octubre.
La controversia también divide a los juristas. Jakub Jaraczewski, experto de Democracy Reporting International, dijo a El País que el gobierno debía actuar, pero consideró débil la justificación jurídica ofrecida para la suspensión. La asamblea prevista para el 3 de noviembre se prepara en medio de esa disputa por quién puede dirigir el tribunal.
