Juez anula la cuota H-1B de US$100,000 de Trump: el golpe legal que mira al Congreso
Un juez anuló la cuota H-1B de US$100,000 y dejó a Trump ante una apelación clave.
TL;DR:
Un juez federal en Massachusetts anuló la política de Trump que imponía una cuota de US$100,000 a nuevas solicitudes H-1B.
El fallo concluyó que el pago funcionaba como un impuesto que el Congreso no autorizó.
La Casa Blanca anunció que apelará, así que la batalla legal por el programa H-1B sigue abierta.
El 8 de junio de 2026, un juez federal en Boston anuló una regla promulgada por el presidente Trump que exigía a los empleadores pagar $100.000 por cada nueva solicitud de visa H-1B. Esto marcó un punto de inflexión para las empresas tecnológicas, universidades, hospitales y empleadores que dependen de profesionales extranjeros altamente cualificados. El juez Leo T Sorokin del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Massachusetts dictaminó que el pago equivale a un impuesto sin la aprobación del Congreso y declaró ilegal la medida en sí.
Esta decisión no significa el fin del debate político en torno a la visa H-1B, sino que el enfoque ha cambiado y ya no se trata únicamente de la inmigración laboral; La discusión se ha trasladado al área más sensible de la separación de poderes: si el presidente quiere imponer una pesada carga económica a las empresas estadounidenses a través de un decreto sobre la política de inmigración, dónde están las líneas.
"Aquí, la sustancia y aplicación del pago de US$100,000 revelan que es un impuesto, sin importar cómo se llame el pago."
La frase central del fallo resume el punto que derribó la política. Sorokin determinó que la Casa Blanca podía argumentar restricciones de entrada bajo la ley migratoria, pero no podía convertir esa autoridad en una facultad para cobrar un impuesto no aprobado por el Congreso.
El fallo no solo bloquea una cuota: frena una vía ejecutiva
La proclamación de Trump, firmada el 19 de septiembre de 2025, exigía que ciertas peticiones H-1B nuevas fueran acompañadas por un pago de US$100,000. La medida entró en vigor el 21 de septiembre de 2025 y estaba diseñada para durar 12 meses, salvo extensión.
El gobierno defendió la política como una herramienta para restringir la entrada de ciertos trabajadores extranjeros cuando el presidente considerara que esa entrada afectaba los intereses de Estados Unidos. La Casa Blanca sostuvo que el programa H-1B había sido abusado y que la cuota buscaba proteger a trabajadores estadounidenses.
Pero el tribunal encontró tres problemas de fondo:
- La política imponía un pago de US$100,000 vinculado a nuevas peticiones H-1B.
- El pago elevaba de forma abrupta un trámite que antes solía costar entre US$2,000 y US$5,000.
- La autoridad para crear impuestos corresponde al Congreso, no al presidente por proclamación.
Antes de la proclamación, la visa H‑1B ya tenía cuotas y límites definidos: 65 000 visas al año y 20 000 visas más para los trabajadores con grados avanzados. El tribunal usó ese diseño legal, porque el programa no nació como una herramienta abierta para que el Ejecutivo fijara cualquier pago que quisiera.
La H-1B vuelve al centro de la pelea por talento
H-1B es una visa de trabajo. La visa H-1B permite a los empleadores en Estados Unidos contratar a los trabajadores de fuera en ocupaciones que requieren conocimientos. Los empleadores la usan en los sectores de tecnología, ingeniería, ciencia, salud y educación. La visa H-1B autoriza estancias de tres a seis años. La visa H-1B sirve a las compañías que buscan talento de todo el mundo.
Por lo tanto, el alcance de estas sanciones legales no se limita a Washington, y para las grandes empresas de TI, el fallo implica una reducción de los costos de seis dígitos que incurren cada vez que contratan a empleados extranjeros. El juicio también tiene implicaciones para universidades estatales y hospitales, ya que el estado demandante argumenta que el proceso de lotería ha afectado negativamente la contratación de profesores, investigadores y personal médico.
El dato más revelador está en los pagos: hasta el 15 de febrero de 2026, USCIS había recibido solo 85 pagos de US$100,000, de acuerdo con documentos judiciales citados por Reuters. Esa cifra sugiere que la medida ya estaba frenando solicitudes antes de ser anulada.
La Casa Blanca apelará y el caso puede escalar
La administración Trump no dio por cerrada la batalla. La vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo que el gobierno confía en revertir la orden en apelación y defendió la autoridad presidencial para restringir la entrada de extranjeros.
"El presidente Trump tiene clara autoridad legal para restringir la entrada de cualquier clase de extranjeros que determine que no conviene a los mejores intereses de Estados Unidos, y eso fue exactamente lo que hizo."
La clave de esta apelación es que ya hay tensiones en el poder judicial sobre el tema. Según Reuters, se han presentado al menos tres demandas contra la tasa de 100.000 dólares, una de las cuales fue presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Además, otro juez federal en Washington, D.C., ya ha rechazado los argumentos que cuestionaban el poder de Trump de cobrar la tasa.
El fallo de Sorokin es solo un éxito para los empleadores que utilizan visas H-1B y, lo que es más importante, marca una línea de división más clara entre los controles de inmigración y las cargas fiscales que podrían ser trazadas por los tribunales en el futuro. Para las empresas, los trabajadores extranjeros y los estados, la próxima prueba será si el Tribunal de Apelaciones confirmará esta línea de división o facilitará la estrategia de inmigración de la Casa Blanca.
