TL;DR:
- Un juez federal vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada relacionado con el caso Ayotzinapa.
- La FGR sostiene que el exgobernador habría ordenado ocultar o destruir videos captados cerca del Palacio de Justicia de Iguala en septiembre de 2014.
- Aguirre niega los señalamientos, su defensa anunció una apelación y el juez abrió cuatro meses de investigación complementaria.
Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, permanecerá en el penal federal del Altiplano después de que un juez lo vinculó a proceso durante la madrugada del 12 de agosto de 2026 por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada relacionado con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La hipótesis de la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que habría ordenado ocultar o destruir grabaciones que podían aportar información sobre lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014. La resolución permite que el caso avance y fija cuatro meses para la investigación complementaria, pero no equivale a una condena. Aguirre rechaza las acusaciones y su defensa anunció que impugnará la decisión.
Ángel Aguirre no es el gobernador actual de Guerrero
Aguirre gobernó Guerrero de 2011 a 2014. El gobierno estatal está encabezado actualmente por Evelyn Salgado Pineda, como confirma el portal oficial de la entidad. La confusión surge porque buena parte de la cobertura reciente acorta su cargo a “gobernador de Guerrero”, aunque se trata de un exmandatario.
El proceso se refiere a hechos ocurridos durante la administración de Aguirre. Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, tras ser atacados en Iguala. Aguirre dejó el cargo semanas después.
La acusación gira alrededor de los videos del Palacio de Justicia
La FGR afirma que las cámaras 12 y 15 instaladas afuera del Palacio de Justicia de Iguala registraron el paso y la detención del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas. Las primeras versiones oficiales indicaron que las grabaciones no existían debido a fallas técnicas, una explicación que la Fiscalía considera falsa.
La fiscal general Ernestina Godoy informó el 6 de agosto que dos testimonios incorporados en 2026 abrieron la línea contra Aguirre. De acuerdo con la versión institucional, una persona declaró en enero que las grabaciones fueron sustraídas y entregadas al entonces gobernador; un segundo testigo protegido afirmó en mayo que Aguirre ordenó desaparecer las evidencias durante una reunión con altos funcionarios estatales.
Esos señalamientos forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y todavía deben probarse en el proceso. La vinculación significa que el juez encontró elementos suficientes para continuar con la investigación penal, no que haya determinado la culpabilidad del exgobernador.
La orden también citó notas sobre posibles nexos con Guerreros Unidos
Una revisión de la orden de aprehensión realizada por El Financiero encontró que la FGR incluyó notas periodísticas sobre presuntos vínculos de Aguirre con el narcotráfico. Esas publicaciones señalaban que Guerreros Unidos habría financiado su segunda campaña por la gubernatura, pero el medio reportó que ese apartado no estaba acompañado por un informe o una investigación ministerial que reforzara la afirmación.
El documento también incorporó declaraciones de testigos protegidos sobre posibles relaciones entre el grupo criminal, Aguirre y antiguos colaboradores. El exgobernador negó durante la audiencia haber tenido nexos con Guerreros Unidos.
Ese hallazgo requiere una precisión: que la orden cite artículos de prensa para sostener la línea sobre presuntos nexos criminales no demuestra que toda la vinculación a proceso se haya basado exclusivamente en publicaciones periodísticas. La imputación central por el caso Ayotzinapa también descansa, según la Fiscalía, en testimonios sobre la existencia, entrega y presunta destrucción de las grabaciones.
La defensa presentó 31 elementos y anunció una apelación
Los abogados de Aguirre sostienen que el exgobernador estaba en Ciudad de México, reunido con el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, cuando presuntamente recibió los videos. La defensa presentó 31 datos de prueba para cuestionar la cronología y los testimonios de la Fiscalía, pero el juez consideró que no impedían continuar el proceso.
Aguirre también negó conocer el paradero de los normalistas y pidió que se investigara a una de las personas que declararon en su contra. Su defensa anunció que apelará la vinculación y cuestionó la valoración de sus pruebas.
El expediente entra en cuatro meses de investigación complementaria
El juez mantuvo la prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y concedió cuatro meses para que la Fiscalía y la defensa reúnan más elementos. Después vendrán las siguientes decisiones procesales, incluida la posibilidad de que el caso avance a juicio.
La detención y vinculación de Aguirre abren una nueva línea judicial casi 12 años después de la desaparición de los estudiantes. La cuestión inmediata es si la FGR podrá sostener con pruebas su hipótesis sobre los videos y la supuesta orden de destruirlos; mientras no exista sentencia, Aguirre conserva la presunción de inocencia.
