La opinión íntegra de 106 páginas en el caso antimonopolio contra Google revela cómo deberán funcionar los remedios que hasta ahora se conocían solo en términos generales. El documento, desprecintado sin tachaduras el 16 de septiembre de 2026, establece que la futura sentencia obligará a Google a conectar AdX y DFP con Prebid, permitir que cada editor exporte datos de sus propias subastas y someter el cumplimiento a un monitor externo, un comité técnico y un responsable interno. Las medidas tendrán alcance mundial y durarán seis años, pero aún no están vigentes: las partes deben presentar primero una propuesta de sentencia final.
La jueza federal Leonie Brinkema presentó la opinión bajo sello el 2 de septiembre en United States et al. v. Google LLC, expediente 1:23-cv-00108-LMB-JFA. La fase de remedios siguió a su conclusión de abril de 2025 de que Google monopolizó ilegalmente los servidores publicitarios para editores y las bolsas de anuncios de display en la web abierta, y vinculó DFP con AdX. El 2 de septiembre ya se conocía el resultado general: el tribunal rechazó la venta forzada de AdX y optó por remedios de conducta. Como contamos entonces, los detalles técnicos, los plazos y el sistema de vigilancia permanecían ocultos. La publicación completa permite precisar ahora qué deberá cambiar Google y qué conservará.
Gerardo Pavez
AdX y DFP deberán conectarse con Prebid
El núcleo técnico es una integración entre herramientas que hoy compiten. Google deberá crear una API entre AdX y Prebid y una conexión de servidor a servidor entre DFP y Prebid. Prebid es un sistema de código abierto para header bidding que permite a los editores solicitar pujas de varias fuentes de demanda antes de que su servidor publicitario elija el anuncio.
Las conexiones deberán ser materialmente equivalentes a la integración entre DFP y AdX. Google no podrá degradarlas con mayor latencia, menos información o condiciones distintas. AdX también tendrá que enviar pujas en tiempo real a servidores publicitarios rivales, en lugar de reservar ese acceso para DFP.
La futura sentencia incorporará además estas obligaciones:
- Google no podrá imponer políticas o contratos que aten DFP a AdX, ni restablecer las prácticas conocidas como First Look y Last Look.
- La empresa deberá retirar Unified Pricing Rules de las transacciones indirectas, lo que permitirá a los editores fijar precios mínimos diferentes según la herramienta o bolsa publicitaria.
- Google tendrá que documentar la lógica de la subasta final de DFP, incluidos los candidatos, los ajustes de precio y la razón por la que ganó una puja. El código no se abrirá al público, aunque el monitor podrá inspeccionarlo.
- AdWords no podrá pujar directamente dentro de DFP para el display indirecto de la web abierta ni recibir trato favorable por pertenecer a Google. Display & Video 360 quedó fuera porque la jueza no encontró un vínculo suficiente con las infracciones probadas.
Los datos serán exportables, no públicos
La orden sobre datos tiene un alcance más acotado que la idea de abrir todas las subastas de Google. Cada editor podrá acceder a su historial y configuración de DFP, además de recibir de forma continua todas las pujas ganadoras y perdedoras de sus propias subastas en AdX. Una API deberá permitir que esos datos se trasladen a servidores publicitarios competidores.
La obligación se limita al display de la web abierta. Brinkema rechazó extenderla de manera general a video, aplicaciones u otros formatos ajenos a los mercados en los que el tribunal determinó la conducta ilegal. Tampoco convierte la información comercial de todos los editores en una base pública.
Un monitor externo, un comité y un responsable de Google
La supervisión tendrá tres capas distintas. Primero, un monitor independiente podrá entrevistar a empleados e inspeccionar documentos, datos, instalaciones, algoritmos, sistemas y código fuente. Deberá presentar un plan de trabajo 45 días después de su nombramiento e informes trimestrales.
Segundo, un comité técnico de tres integrantes ayudará a vigilar la implementación. Los demandantes elegirán a un miembro, Google a otro y ambos designarán al tercero.
Tercero, Google deberá nombrar a un responsable interno de cumplimiento antimonopolio. Ese empleado distribuirá la sentencia, recopilará certificaciones anuales, conservará material relevante y administrará un canal confidencial para denunciar posibles incumplimientos, acompañado de una política contra represalias.
El sistema durará seis años, frente a los 15 solicitados por el Departamento de Justicia y los estados demandantes. La futura sentencia surtirá efecto 60 días después de que se dicte, salvo las disposiciones para designar al monitor y formar el comité, que regirán desde ese mismo día. La jueza prevé que los remedios técnicos se implementen en un máximo aproximado de 15 meses, aunque algunas fechas todavía deben acordarse.
Google evita una ruptura, pero no conserva las mismas reglas
Brinkema rechazó los tres remedios estructurales principales: vender AdX, publicar como código abierto la lógica final de subastas de DFP y contemplar una desinversión posterior del resto de DFP. Google conservará así las dos herramientas bajo un mismo propietario.
La jueza concluyó que la separación sería difícil de delimitar y técnicamente compleja, y que el gobierno no demostró que las medidas de conducta fueran insuficientes. También descartó un fondo equivalente al 50% de los ingresos netos de AdX y DFP y varias cláusulas generales que consideró demasiado vagas.
La sentencia final todavía no ha sido presentada. Google y los demandantes deben entregar una propuesta conjunta antes del 2 de octubre de 2026 e identificar las disposiciones en las que sigan en desacuerdo. Google dijo que apelará la decisión de responsabilidad sobre Google Ad Manager cuando concluya la fase de remedios; hasta el 17 de septiembre no figuraba un aviso de apelación. El Departamento de Justicia señaló que sigue evaluando la opinión y sus opciones.
El fallo mantiene intacta la propiedad del negocio, pero no su forma de operar. Para los editores, el cambio medible llegará cuando puedan conectar herramientas rivales con condiciones equivalentes y llevarse sus datos sin perder acceso a la demanda de AdX. Eso dependerá de la redacción final, los plazos técnicos y la capacidad de las tres instancias de supervisión para detectar un cumplimiento meramente formal.
