TL;DR:

Altos funcionarios de EE. UU. han hablado con empresas de IA sobre una posible participación accionaria del gobierno.

La idea, según Notus, fue planteada por Sam Altman a Donald Trump en 2025 y podría financiar beneficios públicos.

El plan aún no tiene mecanismo legal claro y abre un conflicto delicado: el gobierno sería regulador y posible accionista.

Altos funcionarios de Estados Unidos han sostenido conversaciones preliminares con grandes empresas de inteligencia artificial sobre la posibilidad de que el gobierno federal adquiera acciones en esas compañías, según un reporte de Notus citado por Reuters. La idea importa porque movería la relación entre Washington y la industria de IA a un terreno mucho más sensible: el gobierno no solo regularía a empresas como OpenAI, también podría participar económicamente en el valor que generen.

El reporte señala que Sam Altman, CEO de OpenAI, discutió la idea con funcionarios de la administración Trump en distintas ocasiones desde el inicio del segundo mandato presidencial. Altman habría planteado el concepto directamente a Donald Trump en una conversación de inicios de 2025, como una vía para repartir de forma más amplia los beneficios económicos de la IA.

Reuters reportó que no pudo confirmar de inmediato la información de Notus. También señaló que OpenAI, Anthropic y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a sus solicitudes de comentario. Notus, por su parte, publicó que un vocero de la Casa Blanca declinó comentar.

La diferencia es clave: no hay un acuerdo firmado, no hay una propuesta pública formal y no está claro qué autoridad legal permitiría a una empresa de IA entregar acciones al gobierno federal. Por ahora, el dato duro es que las conversaciones existen como discusión preliminar, no como política cerrada.

Según Notus, las pláticas han girado alrededor de una cesión voluntaria de acciones por parte de las empresas. El rendimiento de esas participaciones podría destinarse a fines públicos, incluso a un posible dividendo para hogares estadounidenses.

El gobierno quiere una parte del upside, no solo regular la IA

La idea no aparece de la nada. En abril, OpenAI publicó el documento “Industrial Policy for the Intelligence Age”, donde propuso crear un Public Wealth Fund para que la población participe en el crecimiento económico impulsado por la IA.

Un Public Wealth Fund es un fondo público de inversión que busca capturar parte del valor generado por una industria y distribuir sus retornos a la sociedad.

"Crear un Public Wealth Fund que dé a cada ciudadano —incluidos quienes no invierten en mercados financieros— una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA."

El documento de OpenAI no plantea, por sí solo, que el gobierno tome acciones de OpenAI. Propone un marco más amplio para que gobiernos y empresas definan cómo sembrar ese fondo, que podría invertir en activos de largo plazo ligados al crecimiento de empresas de IA y de compañías que adopten esa tecnología.

Entre las ideas del reporte de OpenAI están:

• Dar a los trabajadores voz en la transición hacia la IA.
• Tratar el acceso a modelos de IA como una infraestructura básica para participar en la economía.
• Modernizar la base fiscal si la IA desplaza ingresos laborales hacia ganancias de capital.
• Crear un Public Wealth Fund para compartir retornos económicos.
• Acelerar la expansión de redes eléctricas para centros de datos.
• Convertir ganancias de eficiencia en mejores beneficios laborales.

La administración Trump ya ha mostrado apetito por este tipo de intervención industrial. En agosto de 2025, Intel anunció un acuerdo para que el gobierno estadounidense invirtiera 8,900 millones de dólares en acciones comunes de la compañía. Después de ese acuerdo, Trump dijo:

"Espero tener muchos más casos como este."

El Departamento de Comercio también anunció en mayo de 2026 cartas de intención por 2,013 millones de dólares para nueve empresas de computación cuántica bajo el CHIPS and Science Act. Aunque ese programa pertenece a otra industria, refuerza el mismo patrón político: Washington quiere participar de forma directa en tecnologías que considera estratégicas.

El plan llega justo antes de salidas a bolsa enormes

La discusión ocurre mientras OpenAI y Anthropic se preparan para lo que podrían ser algunas de las mayores salidas a bolsa de la historia reciente del sector tecnológico. Reuters recordó que OpenAI prepara una presentación confidencial para una IPO, mientras Anthropic ya habría iniciado de forma confidencial su propio proceso en Estados Unidos.

Eso vuelve más atractiva —y más conflictiva— la idea de una participación pública. Si el gobierno recibe acciones antes de una IPO, podría beneficiarse de una apreciación fuerte en el mercado. Pero también tendría un incentivo financiero para no afectar el valor de una empresa a la que debe supervisar.

Notus reportó que una persona familiarizada con el asunto dijo que Anthropic no mantiene conversaciones con la administración para entregar acciones al gobierno.

El problema de fondo no es solo financiero. Es institucional.

"El problema es que el gobierno sería accionista y regulador al mismo tiempo, lo que crea conflictos de interés sustanciales."

La frase es de Nat Purser, defensora de política de IA en Public Knowledge, citada por Notus. Su crítica apunta al punto más delicado: si una agencia federal debe imponer reglas de seguridad que podrían reducir la valuación de una empresa, ¿actuaría con la misma dureza si el propio gobierno tiene acciones ahí?

Sanders sube la apuesta con una propuesta de 50%

El debate ya cruzó líneas partidistas. El senador independiente Bernie Sanders pidió esta semana que el gobierno estadounidense tome participaciones de 50% en empresas de IA, incluyendo OpenAI, Anthropic, xAI y otras firmas del sector. Su propuesta también contempla gravar con 50% las acciones de esas compañías para alimentar un fondo soberano público.

La versión de Sanders va mucho más lejos que las conversaciones reportadas entre empresas de IA y funcionarios de Trump. Una cosa es una cesión voluntaria de acciones para un fondo público; otra, una transferencia obligatoria que daría al gobierno un poder de control enorme sobre las compañías.

La derecha libertaria también ve riesgos. Jennifer Huddleston, del Cato Institute, advirtió a Notus que este tipo de inversión puede convertirse en una forma de escoger empresas favoritas desde el gobierno, algo que rompe con principios clásicos de mercado.

El resultado es una convergencia extraña: figuras de izquierda quieren participación pública para redistribuir riqueza; figuras cercanas al trumpismo ven una oportunidad para que el Estado capture valor en industrias estratégicas; y las empresas de IA buscan fórmulas para calmar el enojo social sin quedar bajo control federal.

La desconfianza pública ya está presionando a la IA

El cálculo político tiene una razón evidente. La IA crece rápido, pero no convence a buena parte del público estadounidense.

Una encuesta de Quinnipiac University publicada el 30 de marzo de 2026 encontró que 55% de los estadounidenses cree que la IA hará más daño que bien en su vida diaria. Solo 34% piensa que hará más bien que daño, y 11% no dio opinión.

Ese dato explica por qué la idea de repartir beneficios públicos puede volverse atractiva. Las empresas necesitan licencia social para construir centros de datos, consumir energía, levantar capital y lanzar modelos cada vez más potentes. El gobierno, mientras tanto, busca una narrativa donde la IA no parezca una máquina de concentración de riqueza.

La administración Trump también firmó el 2 de junio de 2026 una orden ejecutiva para promover la innovación y seguridad en IA, con énfasis en colaboración con el sector privado y ciberseguridad. Ese movimiento no equivale a nacionalización, pero sí muestra que Washington quiere estar más cerca de los modelos avanzados antes de que lleguen al mercado.

Para México, la pregunta no es el dividendo: es quién captura el valor

Para México y América Latina, el posible dividendo estadounidense no es el punto central. Lo relevante es el precedente.

Si Estados Unidos empieza a tratar la IA como infraestructura estratégica —similar a semiconductores, energía o computación cuántica— las reglas, incentivos y beneficios se van a diseñar primero para su mercado interno. Las empresas mexicanas consumirán modelos, pagarán APIs, alojarán datos y adaptarán procesos, pero difícilmente participarán en el upside accionario si el esquema nace como un beneficio exclusivo para ciudadanos estadounidenses.

Ahí está el ángulo incómodo: la IA se entrena con conocimiento global, se vende como infraestructura global, pero los beneficios políticos podrían quedarse dentro de las fronteras de quienes tienen poder regulatorio y capital para negociar.

La idea de acciones públicas en gigantes de IA todavía puede desmoronarse. Pero el giro ya ocurrió: Washington está discutiendo si la riqueza de la inteligencia artificial debe tratarse como una ganancia privada ordinaria o como un recurso estratégico del que el Estado quiere una parte.

Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7