TL;DR:

Funcionarios de EE.UU. han discutido que el gobierno tome participaciones en grandes empresas de IA.

La idea contempla acciones cedidas voluntariamente y posibles beneficios públicos, como dividendos a hogares.

El dilema es enorme: el Estado podría regular empresas de IA mientras también tendría interés financiero en ellas.

Altos funcionarios estadounidenses están discutiendo la posibilidad de que el gobierno federal adquiera acciones en grandes empresas de inteligencia artificial. Según los informes, la propuesta fue presentada directamente por el CEO de OpenAI, Sam Altman, a Donald Trump en 2025. La importancia de esta propuesta es que cambia fundamentalmente la cuestión de cómo debería regularse la inteligencia artificial. Si esta tecnología concentra enormes ganancias en manos de unas pocas empresas, ¿quién se beneficiará económicamente de ella?

El tema todavía no es una política pública ni un acuerdo cerrado. NOTUS dijo que las conversaciones están en una fase preliminar. NOTUS dijo que los detalles siguen cambiando. NOTUS explicó que una opción que se está discutiendo es que las empresas entreguen acciones al gobierno de forma voluntaria. Reuters volvió a mencionar el reporte, pero Reuters aclaró que no pudo confirmar la información de forma independiente.

La idea tiene una lógica política convincente: si la IA destruye empleos, aumenta la productividad y multiplica el valor de empresas como OpenAI, Anthropic y xAI, entonces una parte de esas ganancias debería regresar a manos del público. Sin embargo, esto genera una sutil pero inevitable contradicción: el Estado, como accionista, termina teniendo intereses económicos en aquellas empresas que en realidad debería regular

El plan no sería una compra tradicional de acciones

Las conversaciones descritas por NOTUS se han centrado en un mecanismo inusual: que las compañías entreguen acciones al gobierno federal. Los rendimientos podrían dirigirse a fines públicos, incluida la posibilidad de dividendos para hogares estadounidenses.

Sam Altman planteó la idea a Trump a principios de 2025 y al parecer volvió a hablar con altos funcionarios en las últimas semanas. También se reunió con Bernie Sanders el miércoles 3 de junio de 2026. Sanders está buscando un plan más ambicioso para permitir que las personas inviertan directamente en grandes empresas de inteligencia artificial

El matiz es clave: no hay anuncio oficial de OpenAI, no hay texto de acuerdo y no hay confirmación de que otras empresas acepten entregar acciones.

De hecho, está surgiendo un marco más integral. En abril de 2026, OpenAI publicó un documento de política industrial proponiendo el establecimiento de un fondo público de riqueza diseñado para garantizar que todos los ciudadanos, incluidos aquellos que no invierten en los mercados financieros, se beneficien del crecimiento generado por la inteligencia artificial. Además, el documento prevé la distribución directa de las ganancias entre los ciudadanos

Bernie Sanders quiere ir mucho más lejos: 50% de acciones

Fondo soberano de riqueza de IA es un vehículo público que concentraría participaciones en empresas de inteligencia artificial para distribuir beneficios económicos o influir en su dirección.

Sanders anunció que prepara la American A.I. Sovereign Wealth Fund Act, una iniciativa que impondría un impuesto único de 50% en acciones a compañías como OpenAI, Anthropic, xAI y otras firmas líderes de IA.

La propuesta de Sanders busca varios objetivos:

• Dar al público una participación directa en las grandes empresas de IA.
• Usar las ganancias potenciales para financiar beneficios sociales.
• Permitir que el gobierno tenga poder mediante acciones con voto y representación en los consejos.
• Evitar que la riqueza generada por IA se concentre solo en fundadores, inversionistas y grandes fondos.

La diferencia con la idea atribuida a las conversaciones de la administración Trump es el grado de intervención. Mientras el reporte de NOTUS habla de acciones cedidas voluntariamente, Sanders plantea una transferencia obligatoria mediante un impuesto en acciones.

El precedente Intel ya movió la línea roja

La posibilidad de que Washington tome participaciones en empresas privadas ya dejó de ser teoría. En agosto de 2025, Intel anunció un acuerdo con la administración Trump para una inversión gubernamental de 8,900 millones de dólares en acciones comunes.

Ese acuerdo dio al gobierno de EE.UU. una participación de 9.9% en Intel, mediante la compra de 433.3 millones de acciones a 20.47 dólares por título. Intel dijo que sería una participación pasiva, sin asiento en el consejo ni derechos especiales de gobernanza.

Ese precedente importa porque convierte la conversación sobre IA en parte de una política industrial más amplia. La administración ya no solo subsidia sectores estratégicos: también explora capturar una parte del upside financiero.

Reuters también reportó que la administración dijo en mayo que tomaría 2,000 millones de dólares en participaciones de nueve firmas de computación cuántica. Ese dato refuerza la idea de que la propiedad accionaria estatal se volvió una herramienta recurrente, no un caso aislado.

El conflicto: regular la IA o proteger una inversión

El argumento a favor es directo: si la IA genera riqueza con base en conocimiento, datos, infraestructura pública y talento acumulado, parte de ese valor debería regresar al público.

El problema es igual de directo. Un gobierno que posee acciones de una empresa tiene un interés financiero en que esa empresa suba de valor. Si al mismo tiempo debe imponer reglas de seguridad, competencia, privacidad o responsabilidad por daños, el choque de incentivos aparece desde el primer día.

La tensión aumenta. La Casa Blanca firmó el 2 de junio de 2026 una orden ejecutiva que trata de innovación y seguridad en IA. La orden ejecutiva pide colaboración entre los desarrolladores de modelos avanzados y el gobierno. La orden ejecutiva aclara que no habrá un sistema obligatorio de licencias, de permisos o de aprobación previa para lanzar los modelos.

En otras palabras: Washington quiere mirar más de cerca a los modelos de IA más poderosos, pero sin venderlo como una regulación dura. Si además el gobierno se vuelve accionista, la frontera entre vigilancia pública e interés económico se vuelve mucho más borrosa.

Leer Sigue siendo importante en México y América Latina Las reglas establecidas en Estados Unidos para OpenAI, Anthropic y xAI afectarán en última instancia el costo, la disponibilidad, los estándares de seguridad y la accesibilidad de las herramientas de IA en la región No se trata solo de quién gana dinero en Silicon Valley, sino quién controla la infraestructura digital que ya están utilizando las empresas, las escuelas, los gobiernos y los medios de comunicación

El debate apenas empieza, pero ya dejó una señal clara: la IA pasó de ser una carrera tecnológica a convertirse en un problema de poder económico. Y cuando el Estado quiere una parte del negocio, la regulación deja de ser una discusión limpia.

Fuentes: 2, 3, 4, 5