TL;DR:

• La Fiscalía del Estado de México ejerció acción penal contra 33 personas por una red de aviadores en el sector educativo; 26 ya están vinculadas a proceso y cinco se ampararon.
• La red dio de alta 459 plazas falsas de maestros en 12 municipios y sacó 96 millones de pesos del erario en solo 14 meses.
• Las penas van de 10 a 26 años y se acumulan por cada alta; el dinero pagó viajes a París y Dubái, y un implicado apareció muerto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra 33 personas, entre exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares, por operar una red de aviadores que inventó 459 plazas de maestros en escuelas que no daban clases y vació 96 millones de pesos del erario mexiquense en apenas 14 meses. De ese grupo, 27 fueron detenidas y siguen recluidas en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez; 26 ya están vinculadas a proceso y otras cinco obtuvieron amparo y permanecen libres. El esquema, de acuerdo con la Fiscalía, operaba desde 2021 y alcanzó a tres dependencias del gobierno estatal.

Conviene aclarar el término, porque no todos los lectores lo usan igual. Un aviador es un empleado que figura en la nómina pública y cobra un sueldo sin pisar su lugar de trabajo. Aquí el fraude fue más lejos: los operadores registraban a personas reales como docentes, las adscribían a planteles inactivos y se quedaban con casi todo el dinero que caía en esas cuentas.

Cómo funcionaba la red de plazas falsas

El mecanismo era quirúrgico. Los falsos docentes se daban de alta en el SIGAP, el sistema de gestión de personal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), y en la plataforma META 4 de la Oficialía Mayor, encargada de dispersar la nómina. Las tarjetas de débito de esos "maestros" quedaban en manos de reclutadores, que retiraban el dinero y lo repartían hacia arriba.

El reparto explica el negocio. Por cada 200 mil pesos que aterrizaban como salario en la cuenta de un falso docente, esa persona recibía apenas 6 mil; el resto subía por la cadena, y los mandos de la Oficialía Mayor y de la SECTI se llevaban la tajada mayor. Los mismos funcionarios fijaban topes a lo que podía retirarse por cajero para no encender alertas. Más abajo, los capturistas cobraban cinco mil pesos por cada alta que tecleaban, y algunos superaron los 70 registros irregulares.

El expediente de la FGJEM documenta cómo blindaban el fraude. Entre las irregularidades que enumera destacan varias:

• Altas de docentes sin soporte documental ni el Formato Único de Movimiento de Personal, o con expedientes incompletos.
• Registros en el SIGAP sin verificar procedencia, autorización ni existencia del plantel de adscripción.
• Intercambio de claves personales de acceso al sistema entre funcionarios de la SECTI y de la Oficialía Mayor.
• Adscripción deliberada de los "maestros" a escuelas con clave de centro de trabajo inactivo.
• Altas capturadas de madrugada y rotación mensual de las cuentas de los capturistas para dispersar el rastro.

El dinero terminó en viajes a París, Dubái y autos de lujo

La Fiscalía siguió el rastro del gasto y lo describe incompatible con un sueldo de gobierno. Según la investigación, los implicados viajaban a París, Dubái, Las Vegas, las Islas del Caribe, China y Egipto, manejaban autos de alta gama, presumían prendas y accesorios caros y vivían en zonas de alta plusvalía.

El grosor del caso da una idea de su tamaño: el expediente reúne 30 tomos y cerca de 12 mil fojas. Y los 96 millones de pesos son solo la parte contante, la que salió del erario entre enero de 2025 y febrero de 2026. No incluye las prestaciones que generaban esas plazas fantasma, como aguinaldo, prima vacacional y bonos.

Todo empezó con 164 tarjetas en un cajero de Toluca

El primer hilo del que jaló la Fiscalía se remonta al 19 de diciembre de 2021. Ese día, policías ministeriales detuvieron a Juan Alberto "N" mientras hacía retiros en un cajero del centro de Toluca. Cargaba 164 tarjetas de débito a nombre de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo.

Para explicar el hallazgo, su jefe de entonces, Rodolfo Alejandro "N", declaró ante el Ministerio Público:

"Juan Alberto tenía instrucciones y funciones asignadas para brindar apoyo en gestiones bancarias cuando presentaban fallas las tarjetas."

La infraestructura que hizo posible todo, según el expediente, arrancó antes: la plataforma META 4 entró en operación a finales de 2017, cuando Óscar "N" era Director General de Personal en la entonces Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas. Desde ahí fue colocando en áreas clave a varios de los hoy procesados, algunos de los cuales habían ayudado a desarrollar esa misma plataforma. La Fiscalía ubica a Óscar "N" como exsubsecretario de Administración durante la gestión del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, y detalla que el operar delictivo se sospechaba desde 2021 en las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, y que llegó también a la actual administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, desde la Oficialía Mayor. Dos sexenios, una misma tubería.

"Negar absolutamente todo": el mensaje para cerrar filas

Cuando llegó la primera denuncia, el 11 de febrero de 2026, los operadores mandaron apagar el rastro. El expediente contiene un mensaje que circuló entre los involucrados pidiendo cancelar las cuentas de nómina y sostener una sola versión ante cualquier autoridad:

"...nosotros nos libramos negando absolutamente todo... no hemos trabajado en el gobierno... nunca recibimos ningún beneficio del gobierno... No conocemos a nadie en gobierno" (sic).

El mismo hilo guarda avisos anteriores en los que los reclutadores instruían a los falsos docentes a no darse de alta en el ISSEMyM, una forma de mantener el esquema fuera del radar institucional.

Hasta 26 años de cárcel y una muerte bajo protocolo de homicidio

La Fiscalía plantea un concurso real de delitos, lo que en la práctica multiplica el castigo. Las penas previstas van de 10 a 26 años de prisión y se acumularían por cada alta irregular registrada, de modo que la cuenta final depende de cuántos movimientos se acrediten a cada quien. Los 27 detenidos cumplen prisión preventiva justificada en Santiaguito.

Sobre el caso pesa además un episodio sombrío. José Daniel "N", servidor público de la SECTI que servía de enlace con la Dirección de Remuneraciones de la Oficialía Mayor, fue hallado sin vida en su domicilio el 2 de abril de 2026. Su muerte se investiga bajo protocolo de homicidio.

Para el Estado de México, el caso rebasa el número: 459 firmas apócrifas bastaron para desviar 96 millones de pesos de un presupuesto pensado para escuelas, y el rastro apunta a áreas que siguen manejando la nómina de miles de trabajadores reales. Lo que resuelvan los jueces marcará si el fraude termina en sentencias o se diluye en amparos.

Fuentes: 1, 2, 3