TL;DR:
- El PAN de Baja California anunció que promoverá juicio político contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila y le exige pedir licencia y salir de las mesas de seguridad.
- Van dos grabaciones filtradas: la primera se publicó el 22 de junio de 2026 y la segunda el 13 de julio. Ávila admite que las conversaciones ocurrieron, pero sostiene que sus interlocutores nunca acreditaron representar a ninguna agencia estadounidense.
- Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch descartan delito e investigación federal: dicen que en el audio no se entrega información sensible y que ni siquiera está claro quién estaba del otro lado de la línea.
El PAN de Baja California anunció que promoverá un juicio político contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y le exige pedir licencia y dejar de asistir a las mesas de seguridad. Fue el martes 14 de julio de 2026, horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera en su conferencia matutina que ahí no hay delito que perseguir. El detonante es el segundo audio filtrado de la mandataria, publicado el lunes 13 por el columnista Héctor de Mauleón en El Universal: en la grabación se le escucha hablar con supuestos intermediarios de agencias de Estados Unidos, alarmarse ante una posible extradición y ofrecer lo que sabe. Ávila admite que la conversación ocurrió. El pleito de fondo va más lejos: hasta dónde puede un gobierno estatal tratar por su cuenta con Washington.
La grabación es una negociación incómoda de principio a fin. Un hombre presentado como asesor externo del FBI le avisa que del otro lado ya hay hartazgo, que las agencias consideran que perdieron el tiempo con ella, y le tiende lo que describe como una última oportunidad para frenar cargos o sanciones antes de que avancen. En la misma llamada aparece un supuesto agente especial que confirma que el FBI tomó el caso, aunque no le detalla de qué se le acusa.
Ávila cuenta ahí que ya estuvo en una oficina del FBI, que volvió a reunirse con ellos en México a través de sus abogados y que hace dos o tres semanas se sentó con todas las agencias, incluido el Departamento de Justicia. Insiste en que los encuentros fueron por iniciativa de ellos. Pregunta si lo que le están diciendo es que quieren llevarla de extradición. Y menciona que teme una sanción de la OFAC: la Oficina de Control de Activos Extranjeros es la dependencia del Tesoro estadounidense que administra las listas de sancionados.
En el tramo que hoy citan todos los partidos, la gobernadora se dice dispuesta a hablar de todo lo que pueda saber y a cooperar. Y agrega:
"Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad"
Al final del audio negocia dónde vería a una procuradora estadounidense. Rechaza el consulado de Tijuana. Propone un hotel. No quiere cruzar a Estados Unidos.
El gobierno de Baja California respondió el mismo lunes. Sí hubo conversación, admite el comunicado, pero del otro lado había gente que se presentó como agente o intermediario estadounidense sin acreditar formalmente esa representación, y que puso sobre la mesa distintos escenarios legales sin enseñar un documento, una identificación ni un requerimiento oficial que los respaldara. Ávila rechazó las lecturas armadas con fragmentos sueltos y sostuvo que cualquier referencia a compartir información corresponde a la coordinación institucional que Baja California mantiene, como estado fronterizo, con autoridades de los dos países.
Sheinbaum separa Baja California del caso Chihuahua
Sheinbaum escuchó la grabación y dijo que no encontró nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad pública del estado. Su argumento tiene dos patas: la gobernadora ya explicó, y no está acreditado con quién hablaba.
La comparación obligada es Chihuahua. Ahí, la presunta operación de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio abrió una discusión de soberanía, y Morena mantiene su exigencia de juicio político contra la gobernadora panista Maru Campos. La presidenta marcó la raya sin rodeos: en Chihuahua, dijo, está demostrado que hubo gente de una agencia operando en territorio mexicano, y eso viola de forma flagrante la Ley de Seguridad Nacional. En Baja California ni siquiera sabe, admitió, si los interlocutores pertenecían al gobierno estadounidense.
"Si hay que investigar que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas"
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cerró la puerta por el mismo lado: de los audios no se infiere que fuera a entregarse información confidencial. Él y la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya hablaron con la gobernadora.
La defensa de Harfuch sobre las mesas de seguridad le dio munición al PAN
Las mesas de construcción de paz son las reuniones de coordinación donde autoridades municipales, estatales y federales revisan la incidencia delictiva del día, el reparto de tareas entre órdenes de gobierno y el seguimiento de objetivos prioritarios. Esa fue la descripción de García Harfuch para explicar que por ahí no pasa información con un grado de sensibilidad que preocupe.
Al PAN esa defensa le cayó del cielo. Lizbeth Mata Lozano, presidenta del partido en Baja California, contestó que si en las mesas no se dice nada relevante, entonces al país lo han estado engañando en materia de seguridad. Anunció el juicio político junto con la exigencia de licencia y de que la gobernadora deje de asistir a esas reuniones: lo que se diga ahí, argumentó, puede terminar en una investigación estadounidense. La diputada local Eva María Vázquez subió el tono:
"Eso sí es traición a la patria: el proporcionar información a cambio de salvarse"
Ninguna autoridad mexicana ha abierto una investigación. Por ahora, la traición a la patria vive únicamente en el terreno político.
Lo que Ávila admite y lo que nadie ha confirmado
Lo confirmado arranca por lo más incómodo para la gobernadora: los audios son auténticos y ella misma lo reconoció, primero en junio y otra vez esta semana. Estados Unidos le retiró la visa de no inmigrante en mayo de 2025, a ella y a su entonces esposo, Carlos Torres Torres, sin que el Departamento de Estado explicara nunca el motivo. La pareja se divorció en octubre de ese año y, en enero de 2026, Ávila confirmó que la FGR investiga a su exesposo por delitos ligados al tráfico de armas, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Lo que nadie ha confirmado es casi todo lo demás: quién estaba del otro lado del teléfono, si el FBI de verdad tomó el caso, si existen cargos o una orden de extradición, si la OFAC piensa sancionarla y si la entrevista con la procuradora llegó a realizarse.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y también panista, convirtió esos huecos en un pliego de preguntas. Le pidió responder en público:
- con quién sostuvo esas conversaciones y qué representación tenían esos interlocutores
- si buscaba recuperar la visa o averiguar si existía una investigación en su contra
- por qué le fue retirada
- si hay alguna acusación, expediente o requerimiento en su contra en Estados Unidos
- si las autoridades mexicanas conocían esas comunicaciones y sus motivos
La diputada aclaró que Ávila tiene todo el derecho de contratar abogados y de pelear su visa, según reportó Infobae. El problema, dijo, empieza cuando dentro de esa gestión personal aparece información de las mesas de seguridad.
El golpeteo tiene domicilio en Baja California
Las filtraciones llegan dosificadas, y eso ya es un dato en sí mismo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, calificó la difusión como producto de espionaje ilegal, le recomendó a la gobernadora presentar denuncias penales y adelantó lo que en Mexicali ya se daba por hecho:
"no va a ser el único audio, me temo"
Monreal matizó que de la grabación no se intuye delito alguno, aunque pidió que si lo hay, sea la autoridad la que lo determine.
¿De dónde salen los audios? Nadie lo ha acreditado. En El Heraldo de México, el columnista Manuel López San Martín pone el foco en el calendario: el primer audio apareció el mismo día en que Morena abrió los registros de aspirantes a la gubernatura de Baja California. Su hipótesis, que él mismo marca como hipótesis, apunta al exgobernador Jaime Bonilla, con quien Ávila arrastra un pleito público que Proceso documentó desde abril. No existe prueba pública que vincule a Bonilla con las grabaciones.
El caso ya rebasó la visa de una gobernadora. Baja California vive pegada a la frontera y sus mesas de seguridad son el músculo diario de la coordinación con Estados Unidos: si un gobernador puede o no sentarse por su cuenta con quien dice hablar en nombre de una agencia estadounidense, la respuesta define cómo se trabaja la seguridad en Tijuana, en Mexicali y del otro lado de la línea. Por ahora hay dos audios, cero investigaciones abiertas en México y, según el propio coordinador de Morena, más grabaciones en camino.
