TL;DR:
- Claudia Sheinbaum firmó el 15 de julio de 2026 la iniciativa de Ley General contra el feminicidio y la envió al Congreso de la Unión; la discusión arranca hasta septiembre.
- La pena queda homologada en 50 a 70 años de prisión para las 32 entidades, con 10 razones de género y 19 agravantes. El Código Penal Federal marca hoy de 40 a 60 años.
- Toda muerte violenta de una mujer tendría que investigarse de oficio bajo la hipótesis de feminicidio: de enero a mayo de 2026, solo 267 de las 925 registradas se contaron como tal.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 15 de julio de 2026, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, y la envió al Congreso de la Unión. La propuesta hace una sola cosa grande: obliga a las 32 entidades del país a investigar y castigar el feminicidio con las mismas reglas. Fija una pena homologada de 50 a 70 años de prisión, define 10 razones de género para acreditar el delito, suma 19 agravantes y ordena al Ministerio Público abrir de oficio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio. Importa porque hoy cada estado tiene su propio tipo penal, y esa fragmentación es la que el gobierno señala como origen del subregistro, de las investigaciones tardías y de los casos que terminan archivados como suicidio.
La iniciativa no apareció de un día para otro. El 6 de mayo se reformó el artículo 73 de la Constitución para darle al Congreso de la Unión una facultad que antes no tenía: expedir una ley general sobre feminicidio. Hasta ese momento el delito vivía en los códigos penales de cada estado y ahí se quedaba, con 32 redacciones distintas. La primera versión de la propuesta se presentó en marzo, de acuerdo con Infobae, y lo que firmó Sheinbaum es la legislación secundaria, la que aterriza ese mandato constitucional en un solo tipo penal.
El feminicidio es el delito que comete quien priva de la vida a una mujer por razones de género. La iniciativa toma esa definición y la vuelve única para todo el país. Para acreditarla en la carpeta, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, enumeró 10 razones de género: signos de violencia sexual, un móvil basado en estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima y contextos de asimetría de poder, entre otras.
El feminicidio, dijo Sheinbaum, "es un delito de odio, asociado a ser mujer".
La presidenta no se anduvo con rodeos al nombrar la práctica que la ley quiere cerrar. Habló de fiscalías que archivan como suicidio la muerte violenta de una mujer aunque los indicios apunten a un familiar directo, y de investigaciones que se eternizan mientras las familias reportan antecedentes de violencia que nadie recogió.
"En algunas fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio", afirmó la presidenta, en declaraciones recogidas por Vanguardia.
La pena sube diez años en los dos extremos
El Código Penal Federal castiga hoy el feminicidio, en su artículo 325, con 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días multa, con una agravante de hasta un tercio cuando la víctima es menor de edad, adulta mayor, está embarazada o vive con discapacidad. La iniciativa mueve las dos varas: el piso pasa a 50 años, el techo a 70, y la lista de agravantes se multiplica.
Alcalde detalló algunas de las 19 agravantes que aumentan la pena:
- Que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor.
- Que esté embarazada o viva con discapacidad.
- Que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
- Que el agresor sea una persona servidora pública.
- Que en el ataque se usen ácidos.
La tentativa también se castiga, con una pena de entre la mitad y dos terceras partes de la prevista para el feminicidio consumado, según reportó Expansión Política. Y el delito, la sanción y la reparación del daño serían imprescriptibles: el paso del tiempo no los extingue. Vanguardia añade que la propuesta elimina beneficios como la amnistía, la libertad condicionada y la conmutación de penas.
A la cárcel se le suman consecuencias que golpean el patrimonio y la familia del responsable:
- Pierde los derechos sucesorios respecto a la víctima.
- Pierde la patria potestad, la tutela y la guarda y custodia.
- Si es servidor público, queda destituido e inhabilitado para ocupar otro cargo.
El número que explica la ley: 267 feminicidios frente a 658 homicidios
Aquí es donde la iniciativa deja de ser un asunto de años de prisión. De enero a mayo de 2026 se registraron 925 muertes violentas de mujeres en México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esas, 267 se investigan como feminicidio y 658 como homicidio doloso. En el mismo periodo de 2025 fueron 1,185 en total (274 y 911), así que la baja es real: 22 por ciento menos víctimas. La proporción, en cambio, no se movió. Menos de tres de cada diez asesinatos de mujeres llevan la etiqueta de feminicidio.
La diferencia entre una etiqueta y otra no es semántica. El feminicidio exige acreditar que la muerte ocurrió por razones de género; el homicidio doloso, no. Heriberto Chávez, maestro en Ciencias Políticas consultado por Animal Político, apunta que muchos estados reportan cifras bajísimas de feminicidio precisamente porque sus fiscalías no investigan todos los casos con perspectiva de género desde el arranque, y lo que pudo ser feminicidio se queda tipificado como homicidio. Ese es el hueco al que apunta la ley: mover la decisión del criterio de cada fiscal a una regla nacional. Sheinbaum sumó un dato que explica la urgencia: cerca del 90% de los feminicidios los comete la pareja, la expareja o un familiar directo de la víctima.
Un registro nacional para los menores que quedan en orfandad
Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, explicó que los protocolos se homologan con perspectiva de género y debida diligencia reforzada, y que los antecedentes de violencia deberán analizarse aunque la víctima nunca haya denunciado. La fiscalía especializada y el ministerio público que abren la carpeta acompañan el caso en todas las etapas, hasta la ejecución de la sanción.
La otra mitad de la ley mira a quienes se quedan. Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, enumeró el paquete: acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas, asistencia jurídica especializada y gratuita, y una reparación del daño que el proyecto define como transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional. La pieza más concreta es un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, junto con planes de protección para mujeres sobrevivientes y el uso de los Centros Libre y los Espacios de Refugio. La iniciativa también pide a medios de comunicación y a quienes publican en plataformas respetar la dignidad de las víctimas.
La discusión en el Congreso no arranca hasta septiembre
Nada de esto es ley todavía. La Consejería Jurídica precisó que el debate legislativo se retomará hasta septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario, según Infobae. Si el Congreso la aprueba, viene un segundo tramo: cada entidad tendrá que armonizar su tipo penal y actualizar sus protocolos.
El calendario le puso a la mañanera un contraste incómodo. La iniciativa se firmó un día después de que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex procesado por violencia familiar, saliera del penal de Atlacholoaya al revocársele la prisión preventiva. Detenido el 7 de julio, su caso se hizo público el 26 de junio, cuando su esposa difundió videos de la agresión. Ella otorgó el perdón después, pero la jueza aclaró que la violencia familiar se persigue de oficio y el proceso sigue. Cuestionada sobre si hubo trato preferencial, Sheinbaum contestó con una línea, de acuerdo con Infobae:
"Independientemente de la amistad o de los cargos, tiene que cumplirse con la ley", respondió la presidenta.
Preguntas rápidas sobre la Ley General contra el Feminicidio
¿Cuántos años de cárcel propone la Ley General contra el Feminicidio?
La iniciativa fija una pena homologada de 50 a 70 años de prisión para las 32 entidades, con 19 agravantes que la aumentan en circunstancias específicas y castigo a la tentativa de entre la mitad y dos terceras partes de la condena. El Código Penal Federal marca hoy de 40 a 60 años.
¿Cuándo entra en vigor la Ley General contra el Feminicidio?
Todavía no existe como ley. Sheinbaum firmó la iniciativa el 15 de julio de 2026 y la envió al Congreso de la Unión, que la discutirá hasta septiembre, con el nuevo periodo ordinario. Si se aprueba, los estados tendrán que armonizar su tipo penal y sus protocolos.
¿Qué es una razón de género en el delito de feminicidio?
Es la circunstancia que permite acreditar que a una mujer la mataron por ser mujer. La iniciativa enumera 10, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, un móvil basado en estereotipos o prejuicios y contextos de asimetría de poder, según explicó la consejera jurídica Luisa María Alcalde.
En las fiscalías del país no cambia nada esta semana. Lo que quedó firmado es un estándar: que la muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio hasta que se pruebe otra cosa. Contra esa vara habrá que medir a las 32 fiscalías el día que la ley exista, y el primer indicador ya está a la mano. Si el estándar funciona, la brecha entre esos 267 feminicidios y esos 658 homicidios tiene que empezar a cerrarse.
