TL;DR:

• El Tribunal Oral Federal 2 rechazó la recusación que Carlos Alberto Telleldín presentó contra el fiscal Sebastián Basso.
• El juez de ejecución Jorge Gorini consideró el planteo extemporáneo y construido sobre inferencias sin respaldo objetivo.
• El proceso busca recuperar para el Estado los 400.000 dólares de fondos reservados de la ex SIDE que Telleldín recibió.

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó la recusación que Carlos Alberto Telleldín presentó contra el fiscal federal Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal AMIA, que interviene en el proceso de decomiso de 400.000 dólares derivado de su condena por peculado en la causa que investigó el encubrimiento del atentado a la AMIA. El juez de ejecución Jorge Gorini resolvió que el planteo llegó fuera de plazo y que no se acreditaron hechos concretos que permitan inferir enemistad manifiesta ni pérdida de objetividad del fiscal. La decisión importa porque deja intacta la pieza que hoy mueve el expediente: la investigación patrimonial para devolverle al Estado argentino el dinero con el que se compró una declaración falsa.

Qué argumentó Telleldín y por qué el tribunal lo descartó

El ex reducidor de autos y abogado había pedido el apartamiento inmediato del fiscal por supuesta falta de objetividad, falta de neutralidad y conflicto de intereses. Su argumento central fue un parentesco: sostuvo que Basso sería sobrino directo de la fallecida María Luisa Riva Aramayo, quien presidió la Cámara Federal de Apelaciones durante la instrucción del ataque contra la sede de la mutual judía. A esa magistrada le atribuyó haber confeccionado de puño y letra un croquis que después, según su versión, se le adjudicó falsamente a él durante el juicio oral.

La defensa sumó un segundo reclamo: que el fiscal había pedido medidas de mayor intensidad sobre el patrimonio de su asistido y de terceros, en relación con averiguaciones sobre bienes a nombre de su esposa, Melany Aida Aguilar.

Basso pidió el rechazo por improcedente y señaló que su actuación no mostraba desvío funcional ni exceso, porque se limitó a cumplir lo que el propio Tribunal le encomendó: investigar el patrimonio del condenado.

Gorini desarmó el planteo en cadena. Escribió que el pedido no cumplía las exigencias temporales para este tipo de incidencias y que la hipótesis del recusante se apoya en una sucesión de inferencias sin el respaldo objetivo indispensable: presupone un vínculo de parentesco que no acredita, le atribuye a Riva Aramayo una actuación ilícita, traslada esa situación a Basso por la sola relación familiar alegada y concluye que eso comprometería su objetividad. La sospecha subjetiva, la desconfianza personal y los vínculos indirectos, sentenció, "resultan insuficientes para desplazar al funcionario que interviene regularmente en el proceso".

De dónde viene la condena por peculado

En febrero de 2019, el TOF 2 condenó a Telleldín a tres años y seis meses de prisión y dispuso el decomiso de los 400.000 dólares. Ese monto corresponde a fondos reservados de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) que recibió tras pactar una declaración que formaba parte del encubrimiento del atentado.

En 1996, Telleldín amplió su declaración indagatoria y señaló a cuatro policías bonaerenses como responsables de recibir la camioneta Trafic que él había acondicionado y que después se usó en el ataque, que dejó 85 víctimas fatales. Esos policías pasaron años encarcelados. La maniobra salió a la luz cuando ex agentes de inteligencia, eximidos del deber de guardar secreto, declararon ante el Tribunal Oral Federal 3 y describieron cómo se organizó el pago, bajo la dirección del entonces juez Juan José Galeano.

El decomiso que sigue abierto

El juez de ejecución ya ordenó profundizar la investigación patrimonial de Telleldín para recuperar los fondos. La resolución incluye el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal y bursátil del condenado, de su familia y de sus allegados. Telleldín apeló esa medida y la definición quedó en manos de la Cámara de Casación Penal.

Ahí está el verdadero pulso. La condena ya existe; lo que falta es que el dinero vuelva. Cada incidente que se plantea en la etapa de ejecución, incluida esta recusación, corre contra ese reloj: mientras el expediente discute quién puede investigar, nadie está siguiendo la plata.

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