TL;DR:
- Anil Dash publicó el 2 de septiembre de 2026 un ensayo que rebautiza como "Cancer Capital" a los megafondos que, dice, dejaron de operar como capital de riesgo.
- Andreessen Horowitz aporta 21% de los 444 millones de dólares en contribuciones políticas que Tech Influence Watch rastrea este ciclo entre 71 empresas de cripto e inteligencia artificial.
- El registro de 2019 que Dash señala levantó el tope del 20% en activos no tradicionales, pero puso a la firma bajo supervisión de la SEC.
Anil Dash publicó el 2 de septiembre de 2026 un ensayo donde sostiene que la industria que todos siguen llamando capital de riesgo ya no lo es, y propone otro nombre para el puñado de firmas que la dominan: "Cancer Capital". Su argumento tiene una pieza aritmética y otra legal. La aritmética: una firma que cobra 2% anual por administrar 50,000 millones de dólares se embolsa 1,000 millones al año sin importar si alguna de sus empresas sobrevive. La legal: las más grandes dejaron de ser, en sentido estricto, fondos de capital de riesgo. Dash escribe desde adentro y lo aclara al principio, porque dice haber levantado decenas de millones en rondas como CEO de startups y haber participado en el levantamiento de cientos de millones más como consejero o asesor. Los registros públicos confirman su dato sobre el dinero político y matizan el del blindaje legal.
El texto se llama "VC isn't VC anymore" y salió en el blog personal de Dash, un sitio que lleva publicando desde 1999. En Bluesky lo resumió en una frase: tratar a estas firmas como si tuvieran las mismas restricciones y objetivos que el resto de los inversionistas de riesgo "es un error de categoría". Ahí señaló a tres públicos que, en su lectura, siguen equivocándose: periodistas, reguladores y quienes administran fondos de pensiones.
La comisión del 2% se cobra aunque ninguna empresa sobreviva
La parte más comprobable del ensayo es la mecánica de las comisiones. Un fondo cobra un porcentaje anual sobre el capital que administra, no sobre lo que gana. Cuando ese capital pasa de cientos de millones a decenas de miles de millones, el porcentaje deja de ser un salario operativo y se vuelve el negocio principal. Dash lo plantea con una firma hipotética de 50,000 millones bajo administración.
La escala real está por encima de ese ejemplo. Andreessen Horowitz llegó a 90,000 millones de dólares en activos bajo administración con el levantamiento de 15,000 millones que anunció en enero de 2026, según TechCrunch, que la semana pasada reportó además la ampliación de su quinto fondo de crecimiento a 8,500 millones y un fondo nuevo de 1,100 millones para hardware de inteligencia artificial.
El segundo tramo del argumento es el destino de ese dinero. Dash sostiene que estas firmas encontraron formas de cobrar antes de que una empresa salga a bolsa, incluso vendiendo su participación a otro de sus propios fondos. Ese punto no tiene un registro público que lo cuantifique, y él lo presenta como práctica de la industria, no como un caso documentado con nombre y fecha. Lo que sí está documentado es la tendencia de fondo: las rondas privadas crecieron hasta absorber operaciones que antes exigían el mercado público.
Dilis Salazar
El cambio de 2019 levantó un tope de inversión y sumó vigilancia de la SEC
Aquí es donde el ensayo y el expediente no coinciden del todo. Dash escribe que las firmas más grandes "literalmente ya no son legalmente firmas de capital de riesgo" y lee ese cambio como una salida de la rendición de cuentas. El hecho es cierto y está fechado: Andreessen Horowitz presentó en marzo de 2019 la solicitud para registrarse como asesor de inversión, y el cambio se anunció el 2 de abril de ese año.
El motivo, sin embargo, fue un límite de inversión, no de supervisión. Los fondos de capital de riesgo estadounidenses cargaban con un tope de 20% del capital para actividades ajenas al modelo: comprar en el mercado público, invertir en otros fondos, emitir deuda para financiar adquisiciones y comprar participaciones en operaciones secundarias, según explicó TechCrunch al reportar el cambio. Registrarse como asesor de inversión eliminó ese tope y permitió comprar acciones a fundadores y a inversionistas previos.
Lo que vino de vuelta fue lo contrario del blindaje. Ese mismo reporte detalla que el registro obliga a una supervisión continua y a un costo de cumplimiento cuya mediana anual llega a ser ocho veces mayor que la de un asesor exento. Bob Raynard, director general de la administradora de fondos Standish Management, describió entonces reglas "bastante onerosas": un oficial de cumplimiento tiene que autorizar lo que hace cada empleado y también las decisiones de inversión de cónyuges, hijos e incluso padres de los socios. Su lectura fue que reguladores e inversionistas institucionales verían el cambio con buenos ojos, precisamente por el escrutinio externo que agrega. Andreessen Horowitz tampoco fue la primera: SoftBank y Foundry Group ya eran asesores registrados y General Catalyst estaba en el trámite.
La comparación entre las dos figuras legales resume qué se soltó y qué se asumió:
| Punto de comparación | Como fondo de capital de riesgo | Como asesor de inversión registrado |
|---|---|---|
| Activos fuera del modelo de riesgo | Hasta 20% del capital | Sin ese tope |
| Compra de acciones a fundadores e inversionistas previos | Limitada por ese mismo tope | Permitida sin ese límite |
| Registro y supervisión de la SEC | No exigido | Obligatorio, con revisión de los empleados |
| Operaciones personales de socios y familiares | Sin obligación de reportarlas | Las autoriza un oficial de cumplimiento |
Andreessen Horowitz aporta 21% de lo que rastrea Tech Influence Watch
El tramo político del ensayo sí resiste la verificación, y con cifras más recientes que las que cita. Tech Influence Watch, el proyecto de la investigadora Molly White que cruza registros de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, contabiliza al 3 de septiembre de 2026 unos 444 millones de dólares en contribuciones políticas de 71 empresas de criptomonedas e inteligencia artificial en este ciclo. Andreessen Horowitz aparece con 93.84 millones, el 21% del total y la cifra individual más alta de la lista, por encima de Coinbase y Ripple Labs con 14% cada una y de OpenAI con 11%.
Esa cifra corresponde a la firma. La cuenta que Dash usa, 115.3 millones de dólares, es más amplia porque suma también a Marc Andreessen y Ben Horowitz como personas, y proviene de un análisis de The New York Times publicado el 28 de agosto de 2026 que los colocó como los mayores donantes del ciclo intermedio, por delante de Elon Musk y de George Soros.
El destino de ese dinero también está documentado. El 31 de agosto de 2026, TechCrunch reportó que Build American AI, un grupo afiliado al súper PAC Leading the Future que financian Andreessen, Horowitz y el presidente de OpenAI, Greg Brockman, planea gastar millones de dólares en anuncios a favor de los centros de datos en Kansas, Ohio y Wisconsin, tres estados donde el tema entró a las campañas. Leading the Future arrancó con más de 50 millones de dólares. OpenAI se deslindó del comité en junio con una entrada de blog en la que además condenó las tácticas de astroturfing, y Anthropic financia a Public First Action, un grupo que empuja en sentido contrario y apoya la regulación de la inteligencia artificial.
La crítica tampoco es solo externa. John O'Farrell, que salió de Andreessen Horowitz en 2025 tras casi 15 años en la firma, publicó el 11 de junio de 2026 un artículo de opinión en The New York Times contra el gasto de sus excolegas para frenar la regulación de la inteligencia artificial, según reportó CNBC.
Quién más está leyendo el ensayo
La difusión del texto salió del circuito habitual de la crítica tecnológica. Robin Berjon, que trabaja en gobernanza de internet, lo recomendó el 3 de septiembre de 2026 sobre todo a quienes hacen política pública en temas de tecnología e innovación, y agregó que "la mayoría de los emprendedores tecnológicos no quiere esto".
Dash anunció al final del ensayo que desarrollará cada punto en entregas siguientes. Mientras tanto, la parte verificable deja dos cosas distintas sobre la mesa: un cambio legal de 2019 que amplió lo que estas firmas pueden comprar sin quitarles supervisión, y un gasto político de 2026 que las convirtió, con registros de por medio, en el mayor donante del ciclo.
