TL;DR:
- La senadora del PRI Claudia Anaya pidió que la FGR investigue a fondo la red de huachicol fiscal y reclamó que no ha citado a declarar a Andrés "Andy" López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador.
- El reclamo cayó el mismo jueves 16 de julio en que se conoció la declaración de un nuevo testigo protegido que menciona a "Andy" y en que la FGR detuvo al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por contrabando de combustible.
- No hay acusación formal contra López Beltrán: la denuncia que presentó el PAN en agosto de 2025 sigue sin citatorio, mientras la Fiscalía llevó a proceso a 407 personas por contrabando de combustible entre diciembre y julio.
La senadora del PRI Claudia Anaya exigió el jueves 16 de julio que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a fondo la red del llamado huachicol fiscal y cuestionó que la institución no haya citado a comparecer ni abierto un proceso judicial contra Andrés López Beltrán, "Andy", hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La legisladora sostuvo que las indagatorias deben hacerse sin distinción de personas y que la autoridad ministerial tiene la obligación de explicar por qué no lo ha llamado a declarar ni ha determinado si hay elementos para proceder o para descartar cualquier responsabilidad. El reclamo pesa por el día en que cayó: ese mismo jueves se conoció una declaración ministerial que menciona a "Andy" y la FGR anunció la detención de un exgobernador panista por ese mismo delito.
Anaya, senadora por Zacatecas en la LXVI Legislatura, apuntó contra la Fiscalía por lo que describió como una aparente inacción, y calificó de preocupante que no existan acciones legales contra los mencionados en el caso pese a los señalamientos públicos. Su exigencia no es un discurso general: le pide a la FGR una respuesta puntual sobre un nombre.
El huachicol fiscal es un esquema de contrabando que introduce gasolina y diésel a México declarándolos en aduanas como productos con menor carga fiscal, como lubricantes o aditivos, para no pagar los impuestos correspondientes. El negocio vive de una diferencia simple: el combustible entra barato y sin gravamen, y se vende cerca del precio de la gasolina legal.
Qué dice el expediente sobre "Andy" y qué no dice
Ese mismo 16 de julio, El País publicó la declaración de un nuevo testigo de identidad resguardada dentro de la carpeta de la FGR, un elemento de la Secretaría de Marina identificado con las siglas J.C.S.P.. Su relato apunta a marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Tampico con 10 millones de litros de diésel, el decomiso que destapó toda la trama.
Por esas fechas llegó a la aduana de Guaymas, Sonora, un segundo barco: el Torm Agnes. El testigo relató que le escribió a Miguel Ángel Solano Ruiz, "Capitán Sol", para advertirle que ese buque no tenía luz verde y que el asunto ya se les había ido de las manos. La respuesta, según su declaración, fue que iría con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, a decirle de quién venía el encargo.
"...era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso", declaró el testigo J.C.S.P., de acuerdo con la carpeta citada por El País.
Conviene leer esa frase con lupa. Es una mención de tercera mano: el testigo no ubica a López Beltrán dando una instrucción, sino que repite lo que otra persona le dijo que iba a decir. Ahí está la distancia entre un nombre pronunciado en un expediente y una imputación, y es justo la distancia que un citatorio serviría para medir.
La defensa de los hermanos Farías Laguna, los marinos que la Fiscalía señala como cabezas de la red y sobrinos de Ojeda Durán, pidió a principios de junio de 2026 que el exsecretario declarara. No se lo concedieron. El País preguntó a la FGR por las nuevas pruebas y no obtuvo respuesta; la Secretaría de Marina contestó que colabora con las autoridades, pero que no le corresponde informar sobre investigaciones de otras instancias.
La denuncia del PAN cumple casi un año sin un solo citatorio
El reclamo de Anaya llega tarde a una fila que empezó hace meses. El diputado federal del PAN Federico Döring presentó el 27 de agosto de 2025 una denuncia ante la FGR contra López Beltrán y otros funcionarios por delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos. En marzo de 2026, al cumplirse medio año, Político MX reportó que la carpeta no registraba ningún avance.
López Beltrán tampoco se ha quedado callado en general, aunque sí sobre esto. En mayo, cuando el periodista Carlos Loret de Mola lo vinculó en una columna con dinero del crimen organizado, respondió que se trataba de calumnias y lo emplazó a mostrar una sola prueba. Sobre los dichos de la senadora Anaya no ha fijado postura pública.
El mismo día, la FGR detuvo a un exgobernador panista por huachicol
Mientras la senadora hablaba de inacción, la Fiscalía trabajaba en otro frente. La tarde del 16 de julio informó la detención en Ensenada de Ernesto Ruffo Appel, gobernador de Baja California de 1989 a 1995 y primer mandatario estatal de oposición en la historia del país, por delincuencia organizada y contrabando. La fiscal general Ernestina Godoy detalló el tamaño del caso:
- La FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra socios, operadores logísticos y servidores públicos ligados a la red que, según la Fiscalía, encabezaba el panista a través de la empresa Ingemar.
- El daño al erario supera los 4,000 millones de pesos, derivado de 4,238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025.
- La estructura operaba en al menos nueve estados y la investigación arrancó con el aseguramiento de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025.
- Del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR llevó a proceso a 407 personas por contrabando de combustible por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
Godoy aclaró que informará sobre la situación jurídica de los implicados conforme lo permitan las etapas procesales, en respeto a la presunción de inocencia.
Los dos casos no son equivalentes en términos legales, y ahí es donde el debate se pone interesante. Contra Ruffo hay una investigación financiera reconstruida durante un año; contra López Beltrán hay una mención indirecta en el dicho de un testigo. Esa diferencia explicaría por qué uno terminó esposado y el otro ni siquiera citado. El problema es que la FGR nunca lo ha dicho: no ha aclarado si la mención a "Andy" abrió alguna línea de investigación o si la descartó. Ese silencio alimenta por igual a quienes ven persecución y a quienes ven protección.
El calendario tampoco ayuda a bajar la temperatura. López Beltrán renunció el 25 de mayo a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco en 2027; el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, sostuvo entonces que va tras el fuero. Si gana la curul, cualquier proceso penal en su contra tendría que pasar antes por un desafuero en la Cámara de Diputados. A la Fiscalía le queda poco más de un año para decidir si ese nombre en el expediente merece un citatorio.
