TL;DR:
- La FGR informó que elementos de la SSPC cumplimentaron la tarde del jueves 16 de julio de 2026, en Ensenada, una orden de aprehensión contra Ernesto "N" por delincuencia organizada y contrabando de combustible.
- El expediente arrancó el 7 de julio de 2025, cuando fuerzas federales aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila, carga ligada a Ingemar, la empresa de Ensenada de la que Ruffo Appel es socio.
- En septiembre de 2025 la SSPC descartó públicamente que existiera una orden en su contra. Diez meses después la orden existe, ya se ejecutó y suma el delito que en este mismo caso mantiene a un vicealmirante en prisión preventiva oficiosa.
Elementos de la SSPC detuvieron la tarde de este jueves 16 de julio de 2026, en Ensenada, a Ernesto "N", a quien N+ identificó como el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel. La Fiscalía General de la República informó que solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por la posible comisión de dos delitos: delincuencia organizada y contrabando. El origen, según la propia Fiscalía, es una investigación de alta complejidad sobre grandes operaciones de contrabando de combustible atribuidas a una empresa que describió como "una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California", sin nombrarla. Ruffo Appel, de 74 años, gobernó el estado entre 1989 y 1995 y fue el primer gobernador estatal ajeno al PRI desde 1929.
Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq
— FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026
El aviso oficial es corto y deja huecos grandes: no nombra la empresa, no dice ante qué juez quedará el detenido y no precisa qué periodo abarca la indagatoria. La ficha del detenido salió con los logos de Defensa, Marina, la FGR y la SSPC, el formato que usa el gabinete de seguridad federal cuando presenta una captura. La Fiscalía anunció que dará más información.
La compañía no aparece en el comunicado, pero desde julio de 2025 la investigación que rodea a Ruffo gira alrededor de una sola: Ingemar, S.A. de C.V., con domicilio en Ensenada. Nació en 2018 con giro inmobiliario y de construcción, cambió su objeto social a hidrocarburos en 2019 y en octubre de 2021 sumó a Ruffo como socio, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio citados por El Universal. En diciembre de 2023 obtuvo de la Secretaría de Energía permisos para importar desde Estados Unidos 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular y premium, y turbosina, según reportes de Reforma y N+ retomados por Político.mx; en diciembre de 2024 se los renovaron. Si la FGR habla de Ingemar, su propia descripción no cuadra con esa cronología: la empresa no la fundó Ruffo.
Hay un segundo matiz que el expediente todavía no cierra. El Universal lo identificó como socio mayoritario; el exgobernador ha sostenido que las decisiones ahí se toman por mayoría y que su papel se limitaba al papeleo aduanal, no al traslado del combustible, que corría por cuenta del comercializador. Ricardo Thompson Navarro, fundador original de la firma, denunció por su lado que Ruffo y otro socio lo despojaron de sus acciones en 2021 y pidió que también los investigaran a ellos.
Delincuencia organizada, el delito que en este mismo caso ya significó prisión preventiva
Hasta este jueves, el nombre de Ruffo circulaba en el expediente bajo una sola etiqueta: huachicol fiscal. La orden que se cumplimentó en Ensenada le agrega otra mucho más pesada.
El huachicol fiscal es una modalidad de contrabando que introduce gasolina y diésel al país declarándolos en la aduana como productos distintos, con menor o nula carga impositiva, del tipo aditivos para aceites o sosa cáustica. No es el robo de combustible de los ductos de Pemex, aunque cargue el mismo apodo.
La delincuencia organizada, en cambio, está en el catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y en este mismo caso ya se vio cómo pega: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por la FGR como cabeza de la red, fue vinculado a proceso en octubre de 2025 por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos en materia de hidrocarburos, y desde entonces sigue preso bajo esa figura. El 22 de junio de 2026 el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México le negó el amparo contra la vinculación, según reportó Proceso el 14 de julio. Su defensa ya tramitó un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.
Cada caso lo resuelve un juez por separado, y la Fiscalía todavía no informa ante qué juzgado quedará a disposición el detenido en Ensenada.
Diez meses entre "al momento no cuenta con orden de aprehensión" y la detención
El giro se lee mejor en la línea del tiempo:
- 7 de julio de 2025. Fuerzas federales aseguran 129 carrotanques ferroviarios con más de 15 millones de litros de combustible en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. La SSPC informó que las unidades no acreditaban el origen lícito de la carga. Fue el mayor decomiso del sexenio hasta ese momento y ahí apareció el nombre de Ingemar.
- 8 de septiembre de 2025. El Universal revela que la FGR y la ANAM alistan más de 200 órdenes de aprehensión por huachicol fiscal contra agentes aduanales, militares y empresarios, y que Ruffo figura en la lista. Ese día la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirma a la prensa que la investigación federal alcanza a un exgobernador panista, sin decir el nombre.
- 9 de septiembre de 2025. Desde la mañanera, el secretario Omar García Harfuch lo descarta en seco: al momento, dice, el exgobernador no cuenta con orden de aprehensión.
- 19 de noviembre de 2025. Ruffo confirma en rueda de prensa en Tijuana que ya compareció ante la FGR y le pone dirección al problema.
- 16 de julio de 2026. La FGR anuncia que la orden existe y que ya fue cumplimentada en Ensenada.
En aquella comparecencia de noviembre, el exgobernador contó qué le dijo al Ministerio Público:
"El fenómeno [de huachicol] nace en la aduana"
Fue su defensa desde el primer día: Ingemar tenía permiso de importación, no operaba el traslado, y las anomalías, si las hubo, se documentan o se ocultan en la ventanilla aduanal. También ha dicho que no se amparó porque desconfía del Poder Judicial y que el asunto le parece más mediático y político que jurídico.
Ensenada vuelve al mapa del huachicol fiscal, y no solo por Ruffo
El municipio ya tenía historial en este expediente. A finales de marzo de 2025, las autoridades federales aseguraron 7.9 millones de litros de hidrocarburos ilegales en un predio de Ensenada propiedad del exsenador de Morena Gerardo Novelo Osuna, de acuerdo con El Economista. Novelo se defendió alegando que había rentado el terreno, y García Harfuch aclaró en septiembre de 2025 que tampoco pesaba una orden de aprehensión sobre él. Mismo municipio, dos figuras de partidos opuestos, un solo negocio.
La factura ayuda a entender por qué el gobierno federal empujó el caso hasta aquí. La consultora PETROIntelligence estimó que el huachicol fiscal le costó a la Federación 177,170 millones de pesos en 2024, unos 485 millones de pesos diarios, equivalentes al 44% de toda la recaudación de IEPS a gasolinas y diésel de ese año, según cifras publicadas por El Economista en abril de 2025. Es una estimación de la consultora, no una cifra oficial, y se calculó a partir del supuesto del SAT de que el combustible de contrabando equivale a 30% de lo que se vende legalmente en las estaciones de servicio.
Con ese tamaño, la lista de detenidos dejó de ser cosa de aduaneros de ventanilla hace rato. En el expediente ya hay marinos en activo, exfuncionarios de Aduanas, empresarios y un contralmirante capturado en Argentina. La captura de un exgobernador es el siguiente escalón.
Ruffo Appel construyó su carrera sobre una idea concreta: que en México se podía ganar desde la oposición. Ganó Ensenada en 1986, ganó Baja California en 1989 y, en el sexenio de Vicente Fox, coordinó justo los puertos de entrada de la frontera norte. Cuatro décadas después de aquella primera elección, la FGR lo detuvo en la misma ciudad y por un delito que, según su propia versión ante el Ministerio Público, nace en las aduanas que él llegó a coordinar. El siguiente movimiento le toca a un juez: la audiencia inicial, donde el Ministerio Público Federal tendrá que formularle imputación.
