TL;DR:
- La Fiscalía sostiene que la red arrancó en una empresa de servicios portuarios y dragados fundada por el exgobernador, y la identifica como Ingemar S.A. de C.V.
- Proceso ubica la constitución de Ingemar el 9 de agosto de 2018 y la atribuye a José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro. La Jornada suma a Ricardo Thompson Ramírez entre los socios originales.
- Ruffo Appel entró después, en 2021. Ser accionista, por sí solo, no acredita responsabilidad penal: eso tendrá que probarlo el Ministerio Público ante el juez.
Hay una frase que la FGR ha repetido dos veces en menos de 24 horas y que no encaja con los papeles. Primero en su comunicado del jueves, luego en el mensaje de la fiscal Ernestina Godoy: la red de contrabando de combustible, dice la Fiscalía, comenzó a operar a través de una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por el exgobernador de Baja California. Esa empresa es Ingemar S.A. de C.V., y Godoy la describió además como el nodo financiero por el que entraban los ingresos del contrabando antes de salir al extranjero. El problema es quién la fundó, y ahí los registros públicos que han consultado varios medios no coinciden con la Fiscalía.
Agosto de 2018, y Ruffo no aparece
De acuerdo con los registros públicos citados por Proceso, Ingemar se constituyó el 9 de agosto de 2018 y su propiedad quedó en manos de José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro. La Jornada, con la misma base documental, suma a Ricardo Thompson Ramírez, empresario portuario y padre de Thompson Navarro, entre los socios originales, y coincide en lo esencial: Ruffo Appel se incorporó a la sociedad después.
Cuándo exactamente es otro punto en disputa. Proceso fecha una asamblea del consejo de Ingemar el 18 de mayo de 2021 en la que la empresa aumentó su capital fijo con la entrada del exgobernador como uno de los accionistas principales. Documentos del Registro Público de Comercio citados por El Universal ubican su incorporación en octubre de ese mismo año.
Sobre el giro original tampoco hay una sola versión. Proceso describe una empresa que iba de las relaciones públicas a la construcción; Infobae la reporta como firma inmobiliaria. Ninguna de las dos se parece a la compañía de dragados y operación de puertos que describe la Fiscalía.
El permiso llegó antes que Ruffo
La cronología del permiso importa, y también viene con versiones. Proceso reporta que Ingemar solicitó su entrada al mercado de hidrocarburos en 2019 y obtuvo autorización para importar 500 millones de litros de gasolina, y que el gobierno federal se lo renovó todavía en 2024. Infobae fecha la entrada al sector energético en 2023, cuando la Comisión Reguladora de Energía le otorgó el permiso por esa misma cantidad. Reportes de Reforma y N+ retomados por Político.mx precisan un permiso de la Secretaría de Energía en diciembre de 2023 por 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular y premium, y turbosina, renovado en diciembre de 2024.
Empresarios del sector, según Proceso, advirtieron desde entonces algo incómodo: Ingemar no tenía ni experiencia ni infraestructura para operar volúmenes así. Le renovaron el permiso de todos modos.
Dilis Salazar
Accionista no es lo mismo que responsable
Aquí es donde el expediente se juega de verdad. El Universal identificó a Ruffo Appel como socio mayoritario de Ingemar; el propio exgobernador ha sostenido que las decisiones en la empresa se tomaban por mayoría y que su papel se limitaba al papeleo aduanal, no al traslado del combustible. En noviembre de 2025, tras comparecer ante el Ministerio Público, lo resumió así:
"El fenómeno [de huachicol] nace en la aduana"
Ser accionista de una empresa investigada no acredita, por sí solo, responsabilidad penal. Para vincularlo a proceso, la Fiscalía tendrá que demostrar ante el juez que conoció, autorizó, dirigió o se benefició de las operaciones. Y ahí la descripción de Ingemar deja de ser un detalle de redacción: si la empresa que Godoy coloca en el origen de la red no es la que aparece en el acta constitutiva, el Ministerio Público tendrá que explicar la diferencia en la audiencia inicial, con documentos sobre la mesa. Es exactamente el tipo de grieta por donde una defensa entra.
