TL;DR:
- Ernestina Godoy describió la red como la más grande de contrabando de combustible detectada hasta ahora en México y anunció 25 órdenes de aprehensión, de las cuales cinco ya se cumplimentaron.
- El daño a la hacienda pública supera los 4 mil millones de pesos y sale de 4,238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025.
- La fiscal no vinculó la red con ningún cártel, no le puso nombre a la estructura y no reveló los nombres de los 25 objetivos.
Horas después de que la SSPC detuviera a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos salió en un mensaje videograbado a ponerle números al expediente. La estructura que la FGR atribuye al exgobernador de Baja California es, según su propia descripción, la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento en el país: 25 órdenes de aprehensión, cinco personas ya detenidas, presencia verificada en nueve estados y un daño a la hacienda pública que supera los 4 mil millones de pesos. Ruffo Appel se presume inocente mientras un juez no dicte sentencia. Y la Fiscalía todavía no dice ante cuál comparecerá.
Cuatro capas, de la frontera a la gasolinera
Godoy no habló de una empresa sino de una cadena. La FGR identificó cuatro eslabones que cubrían el negocio completo, y cada uno tenía su función:
- Empresas con permisos legales para importar derivados del petróleo desde Estados Unidos, que al cruzar declaraban menos litros de los reales o registraban productos distintos a los que traían.
- Agencias aduanales y personal autorizado que dejaban pasar la carga sin las revisiones correspondientes. La fiscal los ubicó expresamente entre los 25 objetivos y los clasificó como servidores públicos.
- El transporte ferroviario: carros tanque hasta las espuelas, donde el producto se pasaba a pipas y tractocamiones sin permiso del regulador de energía.
- Las comercializadoras que lo vendían, sobre todo en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Los domicilios y centros de operación verificados aparecieron en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México, según detalló Godoy. Las acciones operativas se ejecutaron en ocho entidades, entre ellas Tabasco.
De 33 ferrotanques en Coahuila a un exgobernador esposado
El hilo del que jaló la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025. En ese operativo participaron Defensa, la SSPC, la propia FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas. A partir de ahí vino el trabajo aburrido y decisivo: cruzar permisos de importación, volúmenes declarados, capacidad real de los carros tanque, rutas, cuentas bancarias y transferencias al extranjero hasta reconstruir quién era quién.
La detención tampoco es un evento suelto. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026, la FGR llevó a proceso a 407 personas por redes de contrabando de combustible por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
Dilis Salazar
Lo que la fiscal decidió no decir
En una comparecencia cargada de cifras, los silencios pesan igual. Godoy no reveló los nombres de los 25 objetivos y explicó por qué: la situación jurídica de cada persona se comunicará conforme lo permitan las etapas procesales. Tampoco vinculó la red con ninguna organización criminal conocida ni le asignó nombre a la estructura, algo que el gabinete de seguridad suele hacer cuando presenta un golpe de este tamaño.
Y falta el dato que a estas horas más importa: ni sede ni hora de la audiencia inicial, ni número de causa penal, ni identidad del juez que libró la orden.
La FGR anunció que trabaja para cumplimentar en breve el resto de los mandamientos judiciales. Veinte de las 25 órdenes siguen pendientes, y entre ellas, según la propia clasificación de la fiscal, hay agentes aduanales y personal autorizado. Ahí es donde este caso deja de ser la caída de un exgobernador y empieza a tocar la ventanilla por la que pasó el combustible.
