TL;DR:
- México pidió a Estados Unidos retornar directamente a sus ciudadanos y rechazó que primero sean enviados a Guatemala, Honduras o Costa Rica.
- Guatemala contabilizó 2,284 mexicanos hasta el miércoles y confirmó otros 64 el jueves, para un total de 2,348; otros 42 estaban previstos para este viernes.
- Guatemala sostiene que los mexicanos permanecen menos de 24 horas y no ingresan bajo la figura de tercer país seguro; Washington no explicó por qué usa esta ruta.
El Gobierno de México elevó este viernes 21 de agosto su protesta por una ruta de deportación que lleva a ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos hacia Centroamérica antes de devolverlos al país. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dijo que planteó el rechazo directamente al embajador estadounidense Ronald Johnson. La magnitud ya no es marginal: la presidencia de Guatemala confirmó a The Associated Press que casi 2,350 mexicanos pasaron por su territorio durante 2026. Llegan en vuelos compartidos con guatemaltecos deportados y continúan por tierra hacia México, pese a que el Gobierno mexicano afirma que puede recibirlos directamente en aeropuertos y en la frontera norte.
El reclamo se entregó al embajador Ronald Johnson
Rodríguez abordó el asunto el 20 de agosto durante una reunión con Johnson y representantes de distintas dependencias de ambos países. Un día después, en la conferencia matutina que encabezó en representación de Claudia Sheinbaum, explicó que México ya tiene un mecanismo para recibir a sus nacionales sin escalas en terceros países.
La funcionaria dijo que la postura se comunicó de manera respetuosa, pero firme: "no necesitamos que los envíen a un tercer país". También incluyó a Guatemala, Honduras y Costa Rica entre los lugares a los que Estados Unidos ha trasladado mexicanos antes de su retorno.
Rodríguez afirmó que la migración irregular de mexicanos hacia Estados Unidos disminuyó 96%, aunque en la intervención recogida por SPR Informa no precisó el periodo ni la base de comparación. Por esa razón, el porcentaje no permite medir por sí solo cuánto cambió el flujo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ya había difundido el 20 de agosto una postura reproducida por SPR Informa: México acepta el retorno de todos sus nacionales y no tiene un acuerdo vigente para deportarlos a terceros países. AP y Reuters reportaron después que la Cancillería realiza gestiones para que quienes fueron enviados a Centroamérica regresen de forma segura y digna.
Guatemala pasó de 15 casos en 2025 a casi 2,350 en 2026
El presidente Bernardo Arévalo reportó que Guatemala había recibido a 2,284 mexicanos hasta el miércoles 19 de agosto. La presidencia guatemalteca confirmó después a AP la llegada de otros 64 el jueves, lo que elevó el total documentado a 2,348. La agencia informó que se esperaban otros 42 este viernes, pero ese grupo todavía figuraba como previsto en la actualización consultada.
El cambio frente a 2025 es abrupto. Arévalo indicó que Guatemala recibió solo 15 mexicanos bajo este circuito durante todo el año anterior.
Los traslados de 2026 siguen una mecánica concreta. Los mexicanos vuelan junto con ciudadanos guatemaltecos expulsados de Estados Unidos, ingresan en calidad de tránsito y, después de recibir atención, son llevados en autobús hacia la frontera con México. Arévalo sostuvo que permanecen menos de 24 horas y que los gastos los cubre México o, en algunos casos, financiamiento estadounidense.
Guatemala niega que esto la convierta en un tercer país seguro para los mexicanos. Esa figura implicaría recibir personas bajo un esquema de protección o asilo; en este caso, el Gobierno guatemalteco afirma que no hay permanencia, refugio ni otra condición migratoria semejante. El uso de "tercer país" por parte de México describe la escala geográfica, no confirma que exista un acuerdo de tercer país seguro.
Honduras deja al descubierto un registro fragmentado
La ruta por Honduras también está documentada, aunque las respuestas oficiales no coinciden. AP revisó documentos hondureños que registran 82 mexicanos en dos vuelos del 13 y 15 de agosto hacia San Pedro Sula, además de otros 35 que llegaron el jueves 20. Reuters, en cambio, recibió del Centro de Atención al Migrante Retornado la respuesta de que no había atendido a mexicanos deportados, mientras la Cancillería hondureña dijo no tener información.
Esa contradicción deja un vacío básico: no existe un conteo regional público y consolidado que permita saber cuántos mexicanos han seguido cada ruta, qué criterio determina su destino intermedio o cuánto paga cada gobierno. México tampoco publicó una cifra propia junto con su protesta.
Costa Rica presenta una situación distinta. AP reportó que ha recibido a 11 mexicanos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y que permanecen en el país. La información disponible no permite asumir que todos formen parte del mismo circuito de tránsito rápido aplicado en Guatemala.
Washington defiende la operación, pero no explica la ruta
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respondió a AP que la administración Trump utiliza las vías legales disponibles para ejecutar su política de deportaciones. No contestó de forma específica por qué envía ciudadanos mexicanos a Centroamérica cuando México acepta recibirlos. Reuters también preguntó al Departamento de Estado y obtuvo una defensa general de la política migratoria, no una explicación del desvío.
Reuters señaló que las repatriaciones suelen dirigirse al país de ciudadanía y que un tercer destino puede utilizarse cuando el país de origen rechaza a la persona o cuando el retorno no es seguro. Ninguna de esas condiciones ha sido presentada públicamente como explicación general para estos vuelos: México afirma que admite a sus nacionales y reclama el traslado directo.
La protesta del 21 de agosto fija la posición diplomática mexicana, pero no detuvo de inmediato el circuito. AP todavía reportaba un vuelo con 42 mexicanos previsto para este viernes en Guatemala. Mientras Washington no cambie la ruta o publique su fundamento y sus criterios, el retorno de esos ciudadanos seguirá requiriendo vuelos adicionales, transporte terrestre y coordinación con gobiernos centroamericanos que ofrecen cifras incompletas o contradictorias.
