TL;DR:
- El Consejo de Ministros aprobó el 7 de julio de 2026 un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, el mayor de la historia.
- La senda de déficit (1,8% del PIB en 2027) necesita el aval del Congreso, y Junts ya adelantó su rechazo.
- Si no salen adelante, España prorrogaría por tercera vez los Presupuestos de 2023.
El Gobierno de España dio un paso hacia los nuevos Presupuestos, pero el tramo más difícil sigue pendiente. El Consejo de Ministros aprobó el 7 de julio de 2026 un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, la cifra más alta de la historia y un 6,6% por encima del límite de 2026. El anuncio corrió a cargo del ministro de Hacienda, Arcadi España, que defendió unas cuentas "ambiciosas en lo social y responsables en lo fiscal". El problema es político: la senda de déficit que acompaña al techo de gasto necesita el visto bueno del Congreso, y las cuentas siguen sin apoyos suficientes. Todo apunta a que España encara su tercer año seguido con los Presupuestos de 2023 prorrogados, una situación que economistas como los de Fedea consideran una anomalía.
Un techo de gasto récord, pero sin presupuesto que lo ejecute
El techo de gasto es el límite máximo de gasto no financiero que el Estado puede presupuestar en un año. El aprobado para 2027 supone 14.006 millones más que el de 2026 y un 88% más que el de 2018. Junto a él, el Consejo de Ministros validó la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, que fija el déficit del conjunto de las administraciones en el 1,8% del PIB en 2027, con reducción al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. El reparto deja a la Administración Central en el 1,5%, a las comunidades en el 0,1%, a las entidades locales en equilibrio (0%) y a la Seguridad Social en el 0,2%. La deuda pública, según el plan, bajaría al 97,6% del PIB en 2027.
El matiz es importante para entender lo que viene.
El calendario es ajustado. El Congreso debe votar la senda en un Pleno extraordinario el 14 de julio, con una posible segunda votación reservada para el 23. Y el escenario no pinta favorable: Junts mantiene el "no", lo que dejaría al Ejecutivo de Pedro Sánchez sin margen para sacar adelante los objetivos.
Fedea: tres años sin presupuestos "rompe el contrato social"
En el programa La Linterna de COPE, el investigador de Fedea Diego Martínez calificó la situación como un desastre desde el punto de vista de la política financiera y de la economía política. Su reproche fue directo:
"Esto de llevar tres años sin presupuestos rompe las coordenadas de lo que es el contrato social entre los contribuyentes que pagamos impuestos y cómo se está gastando ese dinero."
La crítica no vino solo desde el análisis académico. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, coincidió con esa lectura y apuntó que en el sector privado "un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos". Martínez recordó, además, que tanto Fedea como la AIReF han propuesto fórmulas para definir los objetivos de déficit de forma consistente y no, en sus palabras, "en un mercadeo político". Según sus cálculos, con reglas similares a las europeas el margen para las comunidades podría llegar al 0,3% del PIB, por encima del 0,1% que ofrece Hacienda.
Por qué importa gobernar con cuentas prorrogadas
Los últimos Presupuestos aprobados en España son los de 2023 (la Ley 31/2022). Desde entonces se prorrogan de forma automática, tal como prevé el artículo 134.4 de la Constitución, y la de 2026 sería la tercera prórroga consecutiva. La prórroga garantiza la continuidad de servicios, salarios públicos y pensiones, pero limita la capacidad de reorientar el gasto hacia nuevas prioridades y traslada buena parte de las decisiones a decretos y modificaciones que no pasan por el debate presupuestario completo. Servicios de estudios como Funcas, Fedea y la AIReF han advertido de los riesgos de manejar las cuentas públicas sin una planificación de conjunto a medio plazo.
El fondo del asunto va más allá de la aritmética parlamentaria. Un tercer ejercicio con las cuentas de 2023 en vigor significa que las prioridades de gasto fijadas hace años siguen ordenando lo que se recauda y se invierte hoy, mientras la principal ley económica del Estado no vuelve a debatirse ni votarse en el Congreso.
