TL;DR:

• Un estudio publicado en The BMJ siguió a 408 adolescentes y halló que más del 85% de los menores de 16 seguía usando redes tres meses después de la prohibición; la verificación de edad por autodeclaración fue el eslabón débil.
• El primer ministro Anthony Albanese anunció que su gobierno reforzará la ley; la reguladora eSafety evalúa llevar a las plataformas a tribunales, que arriesgan multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos.
• Reino Unido acaba de anunciar un veto similar, y España, Francia y Brasil estudian medidas parecidas: el caso australiano se volvió el examen que todos miran.

Más del 85% de los adolescentes australianos menores de 16 años siguió usando redes sociales tres meses después de que entró en vigor la prohibición pionera del país, según un estudio publicado esta semana en la revista médica The BMJ. El motivo principal: los controles de edad de las plataformas se apoyan, sobre todo, en que el propio usuario declare cuántos años tiene, un filtro fácil de saltar. Ante la evidencia de que la norma no está frenando el acceso, el primer ministro Anthony Albanese confirmó que su gobierno endurecerá la ley. Australia fue el primer país del mundo en legislar para sacar a los menores de las redes, y hoy su experimento es el espejo en el que se miran Reino Unido, España y otros gobiernos que estudian copiarlo.

El control de edad por autodeclaración es el agujero de la ley

Para medir el efecto real de la norma, investigadores de la Universidad de Newcastle encuestaron a 408 adolescentes de entre 12 y 17 años sobre sus hábitos en redes: una vez justo antes de que arrancaran las restricciones y otra tres meses después. Revisaron su uso de TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat, las seis plataformas que la ley obliga a bloquear a los menores de 16.

El resultado deja poco margen. Más del 85% de los participantes menores de 16 seguía entrando a esas apps, la mayoría —entre 54% y 67%— desde su propia cuenta. Dos de cada tres se toparon con algún control de edad. El problema es qué tipo de control.

Esto fue lo que vieron los menores que sí encontraron una barrera, y cómo la rodearon:

• Autodeclaración de edad, el filtro más común: bastaba escribir una fecha de nacimiento falsa (lo encontró entre 24% y 39%).
• Subir una selfie para estimar la edad por foto (entre 13% y 27%).
• Cuentas falsas creadas para esquivar el bloqueo (entre 15% y 19%).
• Navegador privado o de incógnito para no dejar rastro (entre 6% y 11%).
• Algunos entraron con la cuenta de otra persona y muy pocos recurrieron a una VPN, según el mismo estudio.

Hay un matiz que complica todavía más el panorama. Entre los más chicos, los de 12 y 13 años, el uso diario no se movió. Bajó algo entre los de 14 y 15 —de 78% a 69%—. Y entre los mayores de 16, que sí tienen permitido estar, creció: de 80% a 89%. Donde la ley más debía pegar, apenas se notó.

Los propios autores ponen los frenos: la muestra es pequeña, se concentró en un solo estado australiano (Nueva Gales del Sur) y se basa en lo que los adolescentes dijeron de sí mismos, así que conviene leerlo como una primera fotografía, no como la conclusión definitiva. Aun así, las cifras se mantuvieron tras los análisis de sensibilidad, lo que para los investigadores las vuelve sólidas como guía temprana para que el gobierno afine la política.

"Legislar no es lo mismo que hacer cumplir": el aviso a los demás países

La autora de un editorial que acompaña al estudio, la doctora Amrit Kaur Purba, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, resume el problema sin rodeos.

"Lo que estas cifras describen en conjunto es una política aplicada a medias, en la que el mecanismo pensado para restringir el acceso no se activó de forma confiable", afirmó Purba.

Su argumento de fondo es que aprobar una restricción no equivale a hacerla cumplir: cuando el control depende de que el menor diga su edad, casi todos siguen entrando. Y lanza una advertencia a los países que vienen detrás —Reino Unido incluido, que ya se comprometió a una medida comparable—: conviene tener los mecanismos listos desde el primer día y no improvisarlos cuando la gente ya aprendió a saltarse el sistema.

Australia admite que la norma no funciona y promete reforzarla

El propio gobierno reconoce que algo no encaja. Albanese dijo al Parlamento que reforzar la prohibición es ahora una prioridad.

"Estamos trabajando en eso como prioridad, porque es algo que otras generaciones no tuvieron que enfrentar, y por eso es complejo", declaró Albanese ante el Parlamento.

Al día siguiente, en la cadena pública ABC, planteó las dos preguntas que tiene sobre la mesa: si las leyes son todo lo fuertes que podrían ser, y si la comisionada de seguridad digital tiene de verdad todas las herramientas a su alcance.

La presión venía de los propios números oficiales. En marzo, la agencia eSafety reportó que siete de cada diez menores seguían con cuentas activas en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. La comisionada, Julie Inman Grant, ya había adelantado en abril que evaluaba llevar a juicio a esas plataformas —más YouTube— por no hacer lo suficiente. En una entrevista de inicios de junio citada por el Sydney Morning Herald, fue cruda sobre sus propios límites.

"No tengo poderes contundentes", dijo Inman Grant, según el Sydney Morning Herald.

En la misma línea remató que un regulador vale tanto como las herramientas y los recursos que le den. Para Lisa Given, experta de la Universidad RMIT de Melbourne, la reforma anunciada es justo una reacción a esa evidencia de fracaso.

"Sí creo que está fallando. Muchos chicos han dicho en los medios que también piensan que esto es un ejercicio fallido", señaló Given.

A su juicio, o la comisionada recibe más poder, o habrá que buscar otra forma de hacer cumplir la ley. Anticipa, además, que serán los tribunales los que terminen definiendo qué cuenta como las "medidas razonables" que exige la norma. Mientras tanto, las plataformas que la ignoren —Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube y X, entre otras como Reddit, Threads, Twitch y Kick— se exponen a multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos, unos 34 millones de dólares estadounidenses. Albanese adelantó que avanzará también con una ley de "deber de cuidado digital" que responsabilice a las plataformas por los daños previsibles de sus contenidos y algoritmos.

Por qué España, Brasil y media Europa miran a Australia

El experimento dejó de ser un asunto local. La semana pasada, Reino Unido anunció que prohibirá a los menores de 16 el acceso a varias plataformas. España, Francia, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur estudian o preparan medidas parecidas, y en América Latina Brasil ya legisló restricciones por edad. Para todos ellos, Australia es el primer examen a gran escala, y el veredicto preliminar incomoda: una ley bien intencionada se cae si el control de edad se reduce a una casilla de autodeclaración.

Para el lector hispanohablante, el detalle no es menor. Si España termina de aprobar su propia ley, la pregunta que deja Australia es directa: ¿quién verifica de verdad la edad, y cómo, sin convertir el trámite en un teatro que cualquier adolescente sortea en segundos?

La lección, por ahora, es sencilla y dura: aprobar la ley fue la parte fácil. Hacerla cumplir, sin un sistema de verificación que de verdad funcione, es donde se juega si los menores siguen o no a un clic de distancia del contenido que la norma quería dejarles fuera.

Fuentes: 1, 2, 3