TL;DR:
- La FGR sostiene que el combustible salía de refinerías de Texas y cruzaba por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas en Tamaulipas.
- Cada carro tanque declaraba unos 10 mil litros cuando transportaba hasta 110 mil, según la Fiscalía. En diésel, la red introdujo más de diez veces el volumen autorizado.
- El producto se descargaba en espuelas ferroviarias, pasaba a pipas de siete empresas distintas y se vendía sobre todo en Coahuila, Durango y Zacatecas.
El huachicol ferroviario es una modalidad de contrabando que introduce gasolina y diésel al país en carros tanque de tren, declarándolos en la aduana como otra cosa o en cantidades menores a las reales para pagar menos impuestos. La FGR dice que la red vinculada a Ernesto Ruffo Appel lo hizo 4,238 veces entre enero y julio de 2025, con un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos. Lo interesante no es solo cuánto: es por dónde. El exgobernador de Baja California, que además coordinó los puertos de entrada de la frontera norte en el sexenio de Vicente Fox, tenía su empresa en Ensenada. El combustible entraba a más de dos mil kilómetros de ahí.
Cuatro aduanas de Tamaulipas, ninguna de Baja California
El origen, según la investigación que detalló la fiscal Ernestina Godoy, eran refinerías de Texas. El cruce ocurría por cuatro aduanas: Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa. Ninguna en la península. La Jornada reportó que el 9 de julio de 2026, una semana antes de la captura, el gabinete de seguridad ya había descrito una red de contrabandistas ferroviarios cuya principal ruta de ingreso era precisamente la aduana de Matamoros.
Ahí está el matiz que la defensa de Ruffo lleva meses repitiendo y que ahora corre en dos direcciones: si el fenómeno nace en la aduana, como sostuvo el propio exgobernador ante el Ministerio Público en noviembre de 2025, entonces la pregunta incómoda no es solo quién importaba, sino quién dejaba pasar. La FGR ya respondió en parte: entre los 25 objetivos con orden de aprehensión hay agentes aduanales y personal autorizado, a los que clasificó como servidores públicos dentro de la estructura.

El truco cabía en un decimal
El mecanismo que describe la Fiscalía es de una simplicidad brutal. Un carro tanque de ferrocarril transporta hasta 110 mil litros. La red declaraba alrededor de 10 mil. Uno de cada diez litros pagaba impuestos; los otros nueve entraban gratis. Cuando ni eso convenía, el pedimento decía otra cosa: aditivos, aceites, residuos, cualquier producto con carga fiscal distinta a la gasolina o el diésel.
Proceso reporta una variante todavía más agresiva de la misma idea: los carrotanques de Ingemar consignaban ir al 8% de su capacidad cargados de desperdicios de combustible y aceite quemado, y las inspecciones aduanales los encontraron llenos de gasolina.
El resultado se mide en volumen autorizado contra volumen real. Según la FGR, en diésel la red introdujo más de diez veces lo permitido; en gasolina regular, más de tres veces y media. Y en la parte del expediente ya cuantificada, aparecen 15 millones 299 mil 830 litros no declarados y 162 carros tanque identificados.
Espuelas, pipas y siete comercializadoras
Una vez del lado mexicano, la carga entraba sin revisión aduanera y viajaba hasta las espuelas ferroviarias, los ramales de descarga donde un tren se conecta con una bodega o un patio. Ahí, sin permiso del regulador del sector energético, el combustible pasaba a pipas y tractocamiones de siete empresas distintas encargadas de distribuirlo. El destino final: gasolineras de Coahuila, Durango y Zacatecas.
La FGR informó que la primera parte de las acciones operativas le pegó a la organización por 32 millones 808 mil pesos y permitió localizar decenas de carros tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.

Todo el esquema depende de un solo punto de falla, y no está en Texas ni en Zacatecas: está en la ventanilla donde alguien firma que un carro tanque lleno va casi vacío. Por eso las 20 órdenes de aprehensión que la FGR aún no ejecuta importan más que la que ya cumplió: la caída de un exgobernador es la nota, pero el negocio vive o muere en la aduana.