TL;DR:

• Funcionarios de Trump discutieron cómo estructurar una eventual participación del Estado en las grandes empresas de IA, antes de los controles a la exportación contra Anthropic.
• Bessent prefería usar ese capital para alimentar las Cuentas Trump; Lutnick, dirigirlo a un fondo soberano. No hay nada decidido.
• OpenAI es casi la única que respalda la idea: Microsoft y Meta la rechazaron y dos senadores ya la pusieron en duda.

Antes de que los controles a la exportación contra Anthropic volvieran a sacudir a la industria, altos funcionarios del gobierno de Donald Trump ya discutían algo de fondo: cómo estructurar una eventual participación del Estado en las grandes empresas de inteligencia artificial. Según personas al tanto de las conversaciones citadas por Semafor, dos pesos pesados del gabinete tomaron rutas distintas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quería usar ese capital para alimentar las Cuentas Trump, el programa de ahorro infantil del gobierno. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, se inclinaba por canalizar cualquier acción cedida hacia un fondo soberano. Las pláticas siguen verdes, no hay nada decidido y la reunión con los directores ejecutivos del sector que Trump adelantó este mes todavía no ocurre. El punto importa porque define cómo —y si— Washington pretende quedarse con un pedazo del negocio más caliente de la economía.

Que el gobierno federal compre parte de una empresa privada casi siempre ha pasado en plena crisis —los rescates de 2008 son el ejemplo obvio— y rara vez con esta lógica. El plan que llegó a la Casa Blanca lo propuso primero Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en 2025: que las compañías de IA donaran acciones al Estado para armar un fondo público que reparta rendimientos directo a los ciudadanos. Visto con otros ojos, es la mayor propuesta de reparto de riqueza en una generación o, como lo resumió Quartz, un rescate disfrazado de populismo.

Las Cuentas Trump son cuentas de ahorro e inversión con ventajas fiscales para menores de 18 años, creadas por la ley de reconciliación que Trump firmó en 2025. El gobierno aporta 1,000 dólares iniciales por cada niño nacido entre 2025 y 2028, el dinero se invierte en fondos indexados de bajo costo y queda bloqueado hasta la mayoría de edad. La idea de Bessent, en corto, era nutrir ese fondo colectivo con las acciones que soltaran las tecnológicas.

Dos secretarios que ya venían chocando por la IA

Bessent y Lutnick no estrenaron desacuerdo con este tema. El jefe del Tesoro llamó a los directores de los grandes bancos para advertirles sobre los riesgos del modelo Mythos, de Anthropic, y empujó con fuerza una orden ejecutiva de Trump que creó un proceso voluntario de revisión para los próximos modelos de IA. Poco después, al Centro de Estándares e Innovación en IA que depende de Comercio —terreno de Lutnick— le pidieron frenar un trabajo parecido mientras se implementaba esa orden.

Ahora es Lutnick quien lleva la batuta de los controles a la exportación sobre Mythos y su versión pública, Fable. El director del Centro, Chris Fall, se sentó este lunes con altos funcionarios de Anthropic junto al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler, y el director nacional cibernético, Sean Cairncross, según personas al tanto de esas reuniones.

Las dos preferencias hacen eco, encima, de lo que la propia industria ha deslizado. Altman imaginó en un inicio canalizar los rendimientos hacia los estadounidenses con una mezcla del Fondo Permanente de Alaska y las Cuentas Trump. Y Anthropic coqueteó la semana pasada, en un nuevo marco de política, con fondos soberanos y cuentas de capital "predistributivo", emparentadas con esas mismas Cuentas Trump. Un fondo soberano alimentado con IA, eso sí, exigiría mucho trabajo de diseño: el gobierno ya había abandonado el concepto más amplio el año pasado por temor al endeudamiento. Lutnick, que desde entonces negoció otras participaciones estatales para asegurar cadenas de minerales críticos, también ha hablado de un "fondo de seguridad nacional y económica" que albergue las inversiones de Japón y Corea del Sur pactadas en acuerdos comerciales.

El sector se resiste, con OpenAI como excepción

Fuera de OpenAI —que lanzó la idea—, el plan es una venta cuesta arriba. Solo en la última semana, ejecutivos de Microsoft y Meta le dieron la espalda. Y el contexto financiero no le ayuda a Washington: el éxito rotundo de la salida a bolsa de SpaceX allanó el camino para las de OpenAI y Anthropic, que podrían alcanzar valoraciones cercanas al billón de dólares. Con cifras así, en la capital hay quien se pregunta si esas empresas cederían acciones alguna vez.

Un cabildero del sector dudó de que alguna compañía —incluso las que han dicho lo correcto de boca para afuera— mueva un dedo para concretarlo. En cuanto se le hace "una pequeña prueba de presión", dijo, "todo se cae".

El escepticismo también se oye en el Senado. La senadora Cynthia Lummis (republicana por Wyoming) calificó la propuesta de "rompecabezas" y admitió que "de entrada, se le arruga la nariz". Su colega John Kennedy (republicano por Luisiana) fue más gráfico al hablar de los líderes de la IA:

«No lo digo con falta de respeto —estoy orgulloso de ellos, como emprendedores estadounidenses—, pero confío en ellos lo mismo que confío en el baño de un área de descanso.»

Hay un obstáculo más terrenal. Muchas de estas empresas gastan sus ganancias en lugar de repartirlas entre accionistas, así que no queda claro cómo pagarían rendimientos a los estadounidenses a través de una participación pública. Will Rinehart, del American Enterprise Institute, lo puso sin rodeos:

«Mi expectativa es que no vamos a tener dividendos en ningún sentido normal durante mucho tiempo. Entonces, si tomas algún tipo de participación accionaria, ¿qué significa eso siquiera?»

Los críticos huelen un rescate

Del otro lado del debate, el miedo no es que la idea fracase, sino que funcione. La senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) lleva meses encendiendo alarmas. En noviembre, cuando Altman apenas tanteaba a la administración, escribió a la Casa Blanca exigiendo garantías de que el gobierno no rescataría a OpenAI ni a sus competidoras:

«Ya hemos visto esto antes: acumulas suficiente deuda, haces suficientes apuestas arriesgadas y luego exiges un rescate con dinero de los contribuyentes cuando esas apuestas salen mal, para que la economía no se desplome.»

Su temor es estructural. Una vez que el Estado tiene dinero metido en OpenAI o Anthropic, también gana un incentivo poderoso para rescatarlas si algo sale mal y para aflojar la regulación de seguridad mientras tanto. Y ahí asoma una incomodidad: Bessent preside el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, justo el organismo encargado de prevenir esa clase de caídas. Ahora Warren presiona al Comité Bancario del Senado para citar a Bessent y a Lutnick y que respondan por lo que ella ve como una supervisión peligrosamente laxa.

La propuesta, para colmo, aterrizó la misma semana en que las acciones ligadas a la IA perdieron más de un billón de dólares de valor de mercado, con las de chips llevándose la peor parte. Para los críticos, la óptica fue difícil de pasar por alto. Trump, por lo demás, ya tiene historial de tomar participaciones estatales más allá de la IA:

• Intel, a cambio de subsidios federales.
• Posiciones minoritarias en nueve firmas de computación cuántica bajo la Ley CHIPS.
• Mineras de tierras raras como MP Materials y USA Rare Earth.

El rastreo que lleva Reuters de estos acuerdos suma más de una decena de empresas entre semiconductores, minerales críticos y manufactura avanzada. Los defensores dicen que así el contribuyente obtiene un retorno por el dinero público, en vez de regalar subsidios. Los críticos responden que distorsiona la competencia, premia la cercanía política y convierte a la Casa Blanca en algo demasiado parecido a un fondo de capital de riesgo que opera con un déficit de 2 billones de dólares. El senador Bernie Sanders, en paralelo, empuja una versión más a la izquierda: transferir el 50% de las acciones de las grandes empresas de IA a un fondo público, con asientos en los consejos y poder de voto, para repartir las ganancias entre los estadounidenses como una especie de dividendo universal.

Por qué este pleito llega hasta los lectores hispanohablantes

Aquí el tema deja de ser un asunto solo estadounidense. Las empresas en la mira —OpenAI, Anthropic y compañía— fabrican las herramientas de IA que ya usan millones de personas en México, España y América Latina. Si Washington se vuelve copropietario, surge lo que Quartz llamó "el problema Huawei al revés": aliados y socios comerciales podrían empezar a preguntarse lo mismo que Estados Unidos preguntó sobre Huawei, es decir, si una compañía tan entrelazada con su gobierno puede operar de verdad con independencia fuera de casa.

Por ahora, casi todas las señales apuntan a que la participación pública quizá nunca se concrete. Trump dijo que reuniría "muy pronto" a "los 12 o 15 ejecutivos de más alto nivel" para hablar de que la industria "devuelva algo al público", pero los controles a Anthropic del viernes amenazan con volver tensa cualquier reunión. Caleb Max, presidente de la National Artificial Intelligence Association, lo dijo ese mismo día: lo que el sector necesita son "salvaguardas adecuadas y legislación federal" sobre el uso de la IA en el gobierno, no una inyección de efectivo. A juicio de Eleanor Mueller, de Semafor, si Trump elige el garrote sobre la zanahoria, esos controles podrían terminar siendo el primer peldaño rumbo a una participación del sector público en la IA.

Fuentes: 1, 2