La fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, reabrió el 28 de septiembre de 2026 la investigación por una presunta agresión sexual ocurrida en 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi vinculada a la Universidad Cornell. La decisión llegó después de que una exalumna demandara civilmente a siete miembros actuales o antiguos de la fraternidad, a Cornell y a otras partes. El fiscal Matthew Van Houten encargó preparar el caso para un gran jurado. Hasta ahora no se han presentado cargos penales por esos hechos.
Por qué la fiscalía volvió a examinar el caso
La demanda sostiene que la mujer no podía consentir cuando varios integrantes de Chi Phi la agredieron sexualmente en octubre de 2024. También acusa a Cornell y a otras entidades de no haberla protegido ni atendido adecuadamente. Son alegaciones del proceso civil que aún no han sido resueltas por un tribunal.
Van Houten explicó que la declaración inicial de la mujer ante la policía universitaria, tomada en noviembre de 2024, no contenía las mismas alegaciones que la demanda. Esa fue su explicación para la decisión de no presentar cargos entonces. Thomas Giuffra, abogado de la denunciante, cuestionó la interpretación del fiscal y sostuvo que no se dio seguimiento adecuado a su testimonio. Van Houten reconoció a ABC News que su oficina se apoyó en la investigación de la policía de Cornell y no hizo una indagación independiente en 2024.
La fiscalía revisará si existe evidencia adicional capaz de cambiar su evaluación de 2024 y, con la cooperación de la denunciante, pretende presentar el caso a un gran jurado. Preparar esa presentación no significa que ya exista una acusación penal contra los demandados.
Qué respondió Cornell
Cornell afirma que realizó una investigación disciplinaria bajo el Título IX, con una audiencia interna que derivó en expulsiones y suspensiones, aunque no precisó cuántas personas recibieron cada sanción. La universidad también señaló que el capítulo Xi de Chi Phi permanece vetado del campus desde 2024 y rechazó que escribir ensayos hubiera sido el único castigo. Respaldó la reapertura de la investigación penal.
El abogado de uno de los demandados negó que su cliente hubiera participado en la agresión y dijo a Reuters que acepta una nueva investigación. Las sanciones internas de Cornell no determinan si habrá cargos penales; la demanda civil y la pesquisa de la fiscalía siguen abiertas.
