TL;DR:
- La autoridad neerlandesa de privacidad decidió multar a Uber con €825 millones por usar sistemas automatizados para suspender o desactivar cuentas de conductores sin informarles adecuadamente.
- El expediente comprende incidentes ocurridos en Europa entre 2020 y 2022 y sería la segunda mayor sanción emitida bajo el RGPD.
- Uber rechaza la decisión, niega haber automatizado desactivaciones permanentes sin revisión humana y anunció que apelará.
La Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos (AP) decidió imponer a Uber una multa de €825 millones por vulnerar derechos de conductores europeos mediante decisiones automatizadas que suspendieron o desactivaron sus cuentas sin información suficiente, según una resolución del 17 de agosto revisada por Reuters y Financial Times. La sanción, todavía susceptible de apelación y aún no anunciada formalmente cuando se publicaron los reportes del 21 de agosto, sería la segunda más alta emitida bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Uber rechaza tanto las conclusiones como la cuantía y asegura que sus procedimientos actuales incluyen revisión humana y vías para impugnar una suspensión.
La disputa está en quién tomó la decisión
El expediente abarca incidentes ocurridos entre 2020 y 2022 y surgió de quejas presentadas por conductores en Francia. La AP asumió el caso porque la sede europea de Uber se encuentra en Países Bajos.
Los sistemas de la plataforma señalaban posibles fraudes, entre ellos desvíos considerados innecesarios para aumentar una tarifa o viajes aceptados sin intención de completarlos. Esas alertas podían derivar en suspensiones temporales mientras Uber examinaba la actividad de la cuenta.
El regulador concluyó que Uber cruzó el límite de la asistencia automatizada. De acuerdo con la resolución citada por Reuters, algunos conductores con calificaciones bajas fueron desactivados permanentemente por computadora y no recibieron información suficiente sobre la decisión. La AP consideró vulnerados tanto el derecho a no quedar sujeto a una decisión exclusivamente automatizada con consecuencias importantes como el derecho a conocer cómo se tomó.
Uber ofrece una versión distinta. La compañía sostiene que las suspensiones por posibles fraudes solían ser breves y que nunca desactivó permanentemente una cuenta sin revisión humana. También afirmó que 126 conductores en Europa perdieron acceso por bajas calificaciones durante 2021, cifra que utilizó para argumentar que la multa es desproporcionada. Ese número corresponde a esa categoría concreta y no a todos los incidentes examinados entre 2020 y 2022.
El RGPD no prohíbe cualquier automatización
El artículo 22 del RGPD reconoce el derecho de una persona a no quedar sometida a una decisión basada únicamente en el procesamiento automatizado cuando esta produce efectos jurídicos o la afecta de una manera similarmente significativa. La norma contempla excepciones, pero exige salvaguardas en los casos aplicables, como la posibilidad de obtener intervención humana, expresar el propio punto de vista e impugnar la decisión.
Por eso, el problema señalado por la AP no es que Uber utilizara tecnología para detectar patrones de riesgo. La cuestión es si esos sistemas pasaron de aportar información a decidir por sí solos quién perdía acceso a la plataforma y si los conductores recibieron una explicación y una vía de revisión suficientes.
La diferencia tiene un efecto económico directo. Una suspensión puede impedir que un conductor acepte viajes y genere ingresos, incluso cuando la restricción sea temporal. Esa consecuencia explica por qué el regulador trató el funcionamiento de las cuentas como una decisión de peso y no como un ajuste menor del servicio.
Uber apelará y la cifra todavía puede cambiar
Uber calificó la decisión y el monto como desproporcionados. La empresa agregó que el expediente revisa políticas históricas abandonadas hace años y que sus prácticas actuales incluyen intervención humana, salvaguardas y mecanismos para disputar una suspensión.
La apelación mantiene abierto tanto el fondo del caso como la cuantía. Reuters señaló que las grandes multas europeas contra compañías tecnológicas pueden reducirse o revertirse después de procesos que duran años. Eso no anticipa el resultado para Uber, pero sí impide tratar los €825 millones como un pago definitivo.
Si se mantiene, la multa quedaría solo por debajo de los €1,200 millones impuestos a Meta por el regulador irlandés en 2023, una sanción que esa compañía también impugnó. El tamaño del castigo lleva la aplicación del RGPD a un terreno concreto para el trabajo en plataformas: qué controles deben existir cuando un sistema automatizado puede cortar el acceso de una persona a sus ingresos.
El recurso de Uber determinará si se sostienen la infracción y los €825 millones. La controversia ya delimita el punto que tendrá que resolverse: si la empresa ofreció intervención humana significativa e información suficiente cuando una cuenta podía perder acceso a la plataforma.
