La Universidad de Columbia Británica (UBC) difundió tres trabajos que cuestionan la certeza con que se usan la balística, las manchas de sangre y los perros detectores en la justicia canadiense. Su autora, Sara Gordon, pide que los tribunales y la policía ajusten el uso de esas herramientas a la evidencia científica que las respalda.
La universidad presentó los trabajos el 5 de octubre de 2026. Gordon, profesora asociada de Peter A. Allard School of Law, revisa investigaciones previas y criterios judiciales. El artículo sobre perros detectores ya está publicado en Alberta Law Review; los otros dos están pendientes de publicación en Canadian Bar Review y Dalhousie Law Journal.
Las manchas de sangre tienen una tercera categoría: inconclusas
El informe de 2014 Reliability Assessment of Current Methods in Bloodstain Pattern Analysis, preparado para el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, reunió 413 evaluaciones de patrones sobre superficies rígidas realizadas por 27 analistas y 321 sobre telas realizadas por 30.
En la modalidad que permitía proponer varias clasificaciones, los aciertos fueron 69.5 % y 62.3 %, respectivamente. Una respuesta se consideraba correcta si incluía el patrón real, aunque ofreciera varias posibilidades. El informe separó los resultados así:
| Superficie | Correctas | Incorrectas | Inconclusas |
|---|---|---|---|
| Rígida | 69.5 % | 13.1 % | 17.4 % |
| Tela | 62.3 % | 23.4 % | 14.3 % |
Por tanto, el porcentaje restante después de los aciertos incluye errores y respuestas inconclusas. Estas últimas expresan que el analista no pudo clasificar el patrón. El experimento también encontró que la información contextual engañosa aumentaba las clasificaciones incorrectas.
El 37 % en balística corresponde a una prueba concreta
La comparación forense de armas examina marcas en balas y casquillos para evaluar si proceden de una misma arma. El comunicado de UBC cita un ejercicio con 37 % de identificaciones erróneas.
Nautilus sitúa ese resultado en una prueba de competencia de 2023 con 280 expertos y balas dañadas o con marcas deficientes. El porcentaje describe el desempeño en esas condiciones; estimar la precisión general exige conocer qué muestras se probaron y cómo se contaron los resultados.
En el resumen de su artículo sobre comparación de armas, disponible en el repositorio de UBC, Gordon sostiene que los estudios existentes presentan problemas metodológicos que pueden subestimar los errores. Su propuesta es que los tribunales examinen esas limitaciones antes de admitir la evidencia y restrinjan el lenguaje de los expertos a conclusiones respaldadas empíricamente.
Una alerta canina y un hallazgo de drogas son resultados distintos
La revisión de Gordon cita una investigación australiana en la que no se encontraron drogas después de casi 75 % de las alertas de perros policiales, según UBC. Esa proporción describe el resultado de las búsquedas posteriores a las alertas.
La universidad enumera motivos que pueden explicar alertas sin drogas presentes: olores residuales, entrenamiento deficiente y señales involuntarias del guía. El artículo Call Off the Dogs plantea además que esas señales pueden transmitir los sesgos del agente al animal y provocar registros innecesarios.
El debate tiene una consecuencia jurídica concreta. En Canadá, las búsquedas con perros pueden basarse en una sospecha razonable, un umbral inferior al que generalmente se exige para registros sin orden judicial. Gordon propone aplicar el estándar más exigente de motivos razonables y probables, y establecer un marco que regule entrenamiento, pruebas y uso.
La certeza del testimonio también debe justificarse
En su artículo sobre balística, Gordon advierte que las conclusiones categóricas pueden llevar a jueces y jurados a dar un peso excesivo al peritaje. Examinar la evidencia científica antes de admitirlo permitiría delimitar qué puede afirmar el experto y con qué grado de confianza.
Los trabajos piden que las limitaciones de cada técnica acompañen a sus resultados cuando se presentan en un tribunal. Para Gordon, el control judicial debe impedir que una conclusión pericial exprese más certeza de la que sostienen las pruebas científicas.
