El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos escuchó el 5 de octubre de 2026 los argumentos del gobierno de Donald Trump contra la restitución del financiamiento de investigación de Harvard. La disputa se concentra en si la jueza que anuló los recortes tenía facultades para ordenar que los fondos volvieran a pagarse.
El registro oficial identifica la apelación de Harvard con el expediente 25-2230. Associated Press, en un despacho publicado por Bangor Daily News, informó que la resolución impugnada restituyó más de 2.600 millones de dólares y que los pagos se habían reanudado. Los jueces no emitieron una decisión inmediata.
El gobierno quiere llevar la reclamación de dinero a otro tribunal
Michael Velchik, abogado del Departamento de Justicia, sostuvo durante la audiencia que el conflicto por los pagos es contractual y corresponde al Tribunal de Reclamaciones Federales, que conoce demandas monetarias contra el gobierno estadounidense. Según el reporte de AP, cuestionó la competencia de la jueza Allison Burroughs para exigir el cumplimiento de los compromisos de financiamiento.
Paul Clement, representante de Harvard, defendió la restitución como respuesta a las vulneraciones de derechos que encontró la jueza.
La universidad había desarrollado esa posición en su respuesta a la apelación, presentada el 15 de julio de 2026. Allí argumentó que impugnaba una campaña de represalias por sus opiniones y por ejercer derechos constitucionales. También sostuvo que necesitaba una orden que frenara nuevas congelaciones y cancelaciones, además de revertir las ya ejecutadas.
Para Harvard, limitar el litigio a una reclamación contractual dejaría sin resolver esa protección frente a futuras represalias. Esa es la posición de la universidad, pendiente del examen del tribunal.
La sentencia distinguió la revisión administrativa de los derechos constitucionales
La resolución de Burroughs del 3 de septiembre de 2025 ya abordó el problema de competencia. En sus 84 páginas, la jueza reconoció que no podía revisar las cancelaciones individuales bajo la disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo que permite impugnar decisiones arbitrarias. Situó esas reclamaciones en el Tribunal de Reclamaciones Federales.
Pero sostuvo que sí podía resolver las impugnaciones basadas en la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión. También conservó las reclamaciones bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, relativo a la discriminación en programas con financiamiento federal. Por esas vías anuló las congelaciones y cancelaciones.
La distinción permite entender el choque de argumentos: el gobierno cuestiona una orden que exige pagos; Harvard defiende una protección judicial contra represalias.
Los recortes alcanzaron proyectos científicos en marcha
El conflicto escaló en abril de 2025, cuando el gobierno condicionó el financiamiento a cambios en la gobernanza, la contratación y las admisiones, además de auditorías sobre la diversidad de opiniones. El presidente de Harvard, Alan Garber, rechazó esas exigencias por considerar que invadían la independencia de la universidad.
La administración justificó los recortes por la respuesta de Harvard al antisemitismo. La sentencia encontró que las medidas violaban derechos constitucionales y requisitos legales. El gobierno impugna la restitución derivada de ese fallo.
Según la cobertura institucional de Harvard Gazette de septiembre de 2025, la interrupción afectó investigaciones sobre cáncer, Alzheimer y cambio climático. Harvard anunció en mayo de ese año un fondo de 250 millones de dólares para estabilizar su actividad investigadora durante el conflicto.
La decisión pendiente resolverá el alcance de la orden que permitió reanudar los pagos a Harvard.
.jpg){kind=link}