Donald Trump anunció el 29 de septiembre un acuerdo voluntario con líderes de empresas de inteligencia artificial tras un almuerzo en la Casa Blanca y descartó nuevas restricciones federales al desarrollo de la tecnología. Según Associated Press, los participantes hablaron de controles internos y auditorías externas, pero el texto del pacto aún no estaba disponible. Esa ausencia impide comprobar cómo se aplicarían los compromisos que el presidente presentó como respuesta a los riesgos de la IA.
Las auditorías anunciadas todavía no tienen un texto público
Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, explicó a los periodistas que las compañías establecerían revisiones internas de riesgos, acudirían a auditores externos y someterían sus informes a los consejos de administración, de acuerdo con AP. Trump describió el documento como un compromiso moral y dijo que estudia formar un comité de unas diez personas para supervisar el esfuerzo. Esa comisión era una posibilidad, no un organismo ya creado.
Entre los asistentes estuvieron Dario Amodei, de Anthropic; Jensen Huang, de Nvidia; Sundar Pichai, de Google; Elon Musk y Greg Brockman, presidente de OpenAI. Amodei sostuvo después de la reunión que la tecnología tiene riesgos reales y que la forma de abordarlos sigue en discusión, según AP. Trump y Amodei ya habían cenado el domingo 27 de septiembre, un encuentro cuyo contenido no se había divulgado.
Patricia Rodriguez
Sin el documento completo no puede saberse si todos los firmantes asumirán las mismas pruebas, quién elegirá a los auditores o qué ocurrirá si una empresa incumple. Lo anunciado tampoco equivale a una ley aprobada por el Congreso. Trump defendió la autorregulación y sostuvo que el Departamento de Justicia y el FBI ya ejercen una forma de control, según la cobertura de AP.
La orden de junio separa colaboración voluntaria y persecución de delitos
La orden ejecutiva del 2 de junio ordena diseñar un marco para que los desarrolladores puedan dar al gobierno acceso voluntario a ciertos modelos avanzados antes de facilitarlo a otros socios. También encarga al fiscal general dar prioridad a las leyes penales federales contra el acceso ilícito a sistemas informáticos mediante IA. En cambio, el propio texto aclara que no crea una licencia ni una aprobación gubernamental obligatoria antes de lanzar modelos.
La distinción delimita el anuncio del martes: perseguir delitos ya previstos por la ley es una facultad pública, mientras que las revisiones de seguridad descritas por los ejecutivos pertenecen al pacto voluntario. La Casa Blanca aún tendría que divulgar ese pacto para que puedan evaluarse su alcance, sus firmantes y el papel de la comisión que Trump solo planteó como posibilidad.
