TL;DR:
- En la audiencia del 30 de julio de 2026, la jueza federal Rita F. Lin dijo que el gobierno no aportó pruebas nuevas para sostener la etiqueta de riesgo contra Anthropic.
- Tres días antes había publicado cinco preguntas por escrito; una pide saber qué agencias ampliaron el uso de Claude, incluido el modelo Mythos, desde la orden judicial de marzo.
- No hubo fallo desde el estrado ni plazo para dictarlo: la orden preliminar del 26 de marzo sigue bloqueando el veto y quien pierda apelará.
La jueza federal Rita F. Lin abrió el jueves 30 de julio de 2026 la audiencia decisiva del pleito entre Anthropic y el Pentágono con un mensaje incómodo para el gobierno: no ve pruebas nuevas que justifiquen haber marcado a la empresa como riesgo para la cadena de suministro y, en algunos puntos, considera que el expediente empeoró para la parte demandada. Ambas partes pidieron sentencia sumaria ante el tribunal federal del Distrito Norte de California. La etiqueta, reservada hasta ahora para adversarios extranjeros, cayó sobre Anthropic después de que la compañía se negara a permitir dos usos de Claude: armas totalmente autónomas y vigilancia masiva de estadounidenses.
El comentario llegó dentro de los primeros cinco minutos, según la crónica de Axios desde la sala.
"No veo pruebas adicionales del gobierno que justifiquen lo que hizo."
Poco después, Lin desarmó el argumento técnico que sostiene buena parte de la defensa del Pentágono: no encontró en el expediente evidencia de que Anthropic pudiera modificar el modelo una vez entregado ni activar un apagado remoto, la hipótesis del kill switch que el gobierno lleva meses invocando. Bloomberg reportó que la jueza calificó de "realmente preocupante" el razonamiento de que las críticas públicas de la compañía justifiquen el veto, y advirtió el precedente que dejaría para cualquier otro contratista federal que se atreva a discrepar.
Del otro lado, los abogados federales sostienen por escrito que la decisión respondió a la seguridad nacional y no a un ánimo de castigo. Su moción cruzada describe un expediente administrativo cargado de esas preocupaciones y cita un episodio con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que según el Pentágono chocaron con límites no revelados de Claude durante una investigación sobre enfermedades infecciosas. Anthropic responde que las propias palabras de los funcionarios prueban el castigo por su postura pública.
Las cinco preguntas que la jueza mandó por escrito tres días antes
El 27 de julio, Lin publicó un aviso de cuatro páginas en el expediente 26-cv-01996 con las preguntas que ambas partes debían contestar en orden y en voz alta al arrancar la audiencia. Prohibió expresamente responderlas por escrito. Esa lista funciona como mapa del caso:
- Si el marco Pickering, el estándar que el gobierno invoca para los casos de libertad de expresión de empleados y contratistas públicos, aplica cuando el castigo va más allá de terminar el contrato o cambiar sus términos.
- Si permitir represalias contra un contratista de defensa por criticar en público al gobierno, siempre que este lo presente como una ruptura de la "confianza", vaciaría de contenido a la Primera Enmienda.
- Si alguna de las agencias demandadas canceló contratos con Anthropic o empezó a retirar sus productos desde que se dictó la orden preliminar.
- Cuáles agencias ampliaron el uso de Claude en trabajo de seguridad nacional desde esa misma orden, incluido el despliegue del nuevo modelo Mythos.
- Si el remedio debe incluir devolver la designación al Departamento para que intente sustentarla como corresponde, y si ese paso sobra en el caso del boicot secundario, que el propio Departamento ya desautorizó.
La primera pregunta viene con un ejemplo inventado por la jueza que dice bastante de cómo lee el caso. Imagine una administración futura que compra drones de vigilancia a una empresa; la empresa lleva años negándose a fabricarlos con capacidad letal y lo declara en público; el gobierno responde con espectaculares por todo el país que etiquetan a la compañía y a su director como "enemigos del Estado" y advierten a terceros que hacer negocios con ella traerá consecuencias. Lin pregunta si eso seguiría siendo un simple asunto de contratos.
El Pentágono lo llama riesgo y, al mismo tiempo, otras agencias usan sus modelos
La cuarta pregunta tiene destinatario concreto. Desde que la orden preliminar entró en vigor, el gobierno siguió comprando y usando la tecnología que en tribunales describe como una amenaza. Axios reportó en abril que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que depende del mismo Departamento que impulsó el veto, trabajaba con Mythos Preview, el modelo más potente de la compañía. Reuters informó el 6 de julio que la agencia de ciberdefensa CISA lo usa para auditar código de software del gobierno en busca de fallas. Y en junio, un funcionario dijo a The Associated Press que ese modelo había detectado vulnerabilidades en sistemas clasificados en cuestión de horas.
La contradicción tiene otra capa: mientras litiga contra el Departamento, Anthropic participa en el diseño de las reglas federales de revisión de modelos de IA.
Dilis Salazar
Qué se juega Anthropic y qué se juega cualquier proveedor del gobierno
La designación no solo cierra la puerta del Pentágono. Obliga a cualquier empresa que trabaje con las fuerzas armadas estadounidenses a demostrar que no usa productos de Anthropic, y ese detalle convierte un pleito de Silicon Valley en un problema para proveedores de todo el mundo, incluidos los de México, España y América Latina que forman parte de esa cadena. En marzo, los abogados de la compañía calcularon ante el tribunal que las medidas ponían en riesgo cientos de millones y hasta varios miles de millones de dólares de ingresos durante 2026, y contabilizaron más de 100 clientes corporativos que llamaron para preguntar qué estaba pasando. El contrato original con el Departamento, firmado en 2025, era de 200 millones de dólares.
El de San Francisco tampoco es el único frente abierto. Anthropic impugnó la designación en paralelo ante el circuito de apelaciones de Washington, que en abril le negó una suspensión de emergencia y en mayo escuchó los alegatos de fondo ante un panel que sonó escéptico frente a los argumentos del Pentágono, según la crónica de Courthouse News.
Lin no acostumbra fallar desde el estrado y esta vez tampoco lo hizo: su resolución llegará por escrito, sin fecha comprometida, y quien pierda apelará. Mientras tanto queda en pie la pregunta que ella misma puso sobre la mesa el 27 de julio y que ningún contratista federal quiere ver contestada en su contra: cuánto puede costar criticar en público a quien firma el contrato.
