El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana condenó el lunes 14 de septiembre a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, a prisión perpetua por el feminicidio agravado de su vecina, una mujer de 32 años. El fallo es la primera condena de este tipo en El Salvador, llegó 42 días después del crimen e incluye el pago de 15,000 dólares por responsabilidad civil. También es la segunda pena perpetua dictada en el país desde que una reforma constitucional impulsada por el gobierno de Nayib Bukele eliminó la prohibición de este castigo.
El crimen ocurrió en Santa Ana el 3 de agosto
El feminicidio ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en el distrito de Santa Ana. La Fiscalía General de la República sostuvo que Urbina García acosaba constantemente a la víctima y que ingresó sin autorización a su vivienda portando un cuchillo.
Después del ataque, huyó y horas más tarde acudió a una delegación de la Policía Nacional Civil, donde fue detenido. El proceso terminó mediante un procedimiento abreviado y el tribunal lo declaró culpable.
La condena es la primera por feminicidio, pero la segunda perpetua del país
La Fiscalía General de la República presentó el fallo como la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado. La precisión importa porque El Salvador ya había dictado una pena perpetua el 11 de septiembre, en un caso de homicidio agravado.
Aquella primera sentencia fue impuesta por el Tribunal Tercero de lo Criminal de San Salvador. La resolución de Santa Ana, emitida el 14 de septiembre, constituye la primera aplicación de la nueva pena máxima en un caso de feminicidio agravado.
La reforma constitucional permitió aplicar la pena
El artículo 27 de la Constitución salvadoreña prohibía las penas perpetuas. El acuerdo de reforma constitucional aprobado el 17 de marzo sustituyó ese texto para permitir la pena perpetua a homicidas, violadores y terroristas, de acuerdo con el documento oficial de la Asamblea Legislativa.
La Asamblea ratificó el cambio el 26 de marzo y la reforma entró en vigor el 3 de abril. Las modificaciones penales que desarrollaron el nuevo régimen incluyeron el homicidio simple y agravado, el feminicidio y el feminicidio agravado, además de delitos sexuales y terrorismo.
La prisión perpetua contempla revisiones judiciales
El nuevo régimen no elimina por completo la revisión de las condenas. La normativa prevé que los jueces evalúen las penas perpetuas y contempla una posible libertad controlada. Para los delitos agravados, la primera revisión está prevista después de 40 años de prisión y las siguientes cada cinco años, según la explicación publicada por Diario El Mundo. La revisión no implica que la liberación sea automática.
El fallo pone en práctica el nuevo régimen en un caso de feminicidio agravado; su aplicación incluye tanto la condena como las revisiones judiciales previstas por la ley.
