TL;DR:
- Compass Datacenters se retiró en abril de 2026 y QTS, propiedad de Blackstone, abandonó en julio el proyecto Digital Gateway, en Prince William County.
- El campus junto al Manassas National Battlefield Park contemplaba hasta 37 edificios, más de 22 millones de pies cuadrados y 3.5 gigavatios de demanda eléctrica.
- La batalla combinó organización vecinal, grupos de conservación, litigios y presión electoral, una fórmula que ahora cambia permisos y financiamiento en otros estados.
Un proyecto de centros de datos de hasta US$100,000 millones terminó en Virginia después de cinco años de oposición organizada, dos demandas y una disputa sobre la validez de una audiencia pública de 27 horas. Digital Gateway, impulsado por Compass Datacenters, respaldada por Brookfield, y QTS, propiedad de Blackstone, fue aprobado en Prince William County en diciembre de 2023, pero los tribunales anularon sus rezonificaciones por fallas en los avisos de prensa y otros requisitos de procedimiento. Compass se retiró en abril de 2026 y QTS abandonó su última apelación el 2 de julio. El caso importa porque la misma combinación de litigios, presión política y reclamos por agua, energía y ruido ya está elevando las exigencias para construir centros de datos en Estados Unidos.
El tamaño explica el choque, pero no el desenlace jurídico
El resumen público de Propmodo sobre la investigación de Bloomberg presenta Digital Gateway como un proyecto de hasta US$100,000 millones en su horizonte total. Esa cifra no coincide con la estimación pública citada por Data Center Frontier, que hablaba de casi US$25,000 millones de inversión y hasta US$400 millones de recaudación fiscal anual para el condado. Las fuentes consultadas no explican si ambos cálculos usan el mismo horizonte o incluyen los mismos componentes. Por eso, el monto de US$100,000 millones debe leerse como una estimación del alcance del proyecto, no como una inversión oficial ya comprometida.
Lo que sí aparece de forma consistente es la escala física. El corredor ocupaba unos 2,100 acres cerca de Gainesville, junto al Manassas National Battlefield Park, y contemplaba hasta 37 edificios, más de 22 millones de pies cuadrados de superficie y una demanda eléctrica de 3.5 gigavatios, según el resumen de Propmodo. Data Center Frontier ubicó además el proyecto junto al bosque estatal Conway Robinson, vecindarios rurales y otros recursos históricos y ambientales.
La ubicación convirtió un proyecto inmobiliario en una disputa sobre territorio, patrimonio y servicios públicos. La comisión de planeación y el personal profesional del condado habían recomendado rechazarlo, pero la Junta de Supervisores lo aprobó por 4 votos contra 3 en diciembre de 2023, después de una audiencia pública de 27 horas. La escala prevista, la cercanía al campo de batalla y la necesidad de nuevas obras eléctricas hicieron que el desacuerdo sobreviviera a las promesas de mitigación sobre agua, ruido, tráfico, bosques y recursos culturales.
La oposición no dependió de una sola protesta
La resistencia reunió a residentes, asociaciones de propietarios y organizaciones de preservación histórica y ambiental. Las demandas de Oak Valley Homeowners Association y de residentes de Heritage Hunt cuestionaron, entre otros puntos, la forma en que el condado anunció la audiencia de rezonificación. El American Battlefield Trust, la Sierra Club, la National Parks Conservation Association y la Coalition to Protect Prince William County también presionaron contra el desarrollo por razones distintas, pero compatibles entre sí: protección del campo de batalla, uso del suelo, agua, energía, ruido, tráfico y transparencia institucional.
La vía judicial resultó decisiva. En agosto de 2025, una jueza del circuito de Prince William County anuló las rezonificaciones porque el condado no cumplió varios requisitos de notificación y disponibilidad de documentos. El Tribunal de Apelaciones de Virginia confirmó esa decisión el 31 de marzo de 2026. El fallo no declaró ilegal la construcción de centros de datos ni rechazó la estrategia económica del condado. Determinó que la aprobación no podía sostenerse porque los avisos de prensa no respetaron los intervalos exigidos, los textos de las ordenanzas no estuvieron disponibles cuando correspondía y la audiencia se celebró demasiado pronto después del último aviso.
Ese matiz explica por qué el caso se volvió tan relevante para la industria. Un proyecto puede tener tierra, capital, fibra y demanda de cómputo, pero perderlo todo si su base administrativa no resiste una impugnación. La oposición no tuvo que demostrar que la inteligencia artificial carecía de mercado. Le bastó con mantener abierta una vía legal y política hasta que la aprobación dejó de ser operativa.
Cuando el condado decidió no seguir defendiendo las aprobaciones, Compass anunció el 29 de abril que los litigios y los obstáculos regulatorios habían cerrado un camino viable. QTS continuó con su apelación ante la Corte Suprema de Virginia, pero retiró sus escritos el 2 de julio y terminó el proyecto. FomoEra ya había documentado ese desenlace legal y la salida de QTS:
Dilis Salazar
La nueva dimensión está en el costo que quedó alrededor del litigio. El resumen público de Propmodo señala que los promotores habían adquirido más de 1,600 acres y que cerca de 100 familias propietarias quedaron expuestas a años de incertidumbre jurídica. Compass asumió decenas de millones de dólares en costos hundidos y obligaciones fiscales relacionadas con los vendedores, según esa misma cobertura. La disputa dejó de ser una discusión abstracta sobre el futuro de la IA y se convirtió en un problema concreto para desarrolladores, propietarios y autoridades.
El rechazo ahora entra en el cálculo financiero
Reuters informó en agosto que los bancos ya evalúan el respaldo de la comunidad junto con los permisos, la zonificación, el impacto ambiental, la ingeniería, el seguro y la solvencia del proyecto. Karen Fang, responsable global de infraestructura y finanzas sostenibles de Bank of America, describió la preparación de un proyecto como la combinación de aprobaciones completas y apoyo de las personas que vivirán alrededor.
La escala del riesgo también se puede medir. Al menos 75 proyectos de centros de datos, valorados en unos US$130,000 millones, enfrentaron oposición local durante el primer trimestre de 2026, según la firma Data Center Watch y la cobertura de Reuters. Otra fuente citada por Reuters afirmó que QTS no había acudido a bancos para financiar Digital Gateway; QTS no hizo comentarios sobre ese punto. No hay evidencia en las fuentes consultadas de que una falta de crédito haya causado la cancelación. El dato muestra otra cosa: un conflicto local puede consumir tiempo de diligencia, retrasar permisos y reducir el atractivo de un activo antes de que llegue a la etapa de financiamiento.
Data Center Frontier resumió el cambio como una brecha entre capacidad anunciada y capacidad ejecutable. La primera se puede presentar en acres, edificios y megavatios. La segunda exige que la tierra, la energía, el cliente, los permisos, el apoyo político y los compromisos con la comunidad sobrevivan al escrutinio durante todo el ciclo de construcción. Digital Gateway tenía escala y ubicación para ser una pieza central de la expansión de la IA, pero no logró conservar una ruta legal y política estable.
El manual ya aparece en permisos y elecciones
La opinión pública ofrece el contexto para entender por qué la fórmula de Prince William se replica. Una encuesta de Gallup realizada del 2 al 18 de marzo de 2026 encontró que 71% de los estadounidenses se oponía a construir un centro de datos para inteligencia artificial en su zona; 48% estaba firmemente en contra. Apenas alrededor de una cuarta parte apoyaba esos proyectos. Entre los opositores, la mitad mencionó el consumo de recursos, con 18% señalando el agua y otro 18% la energía. El costo de los servicios, el tráfico, el ruido y el uso del suelo también aparecieron como preocupaciones relevantes.
La respuesta ya no se limita a juntas municipales. Nueva York ordenó el 14 de julio de 2026 la primera pausa estatal para nuevos centros de datos hyperscale. La medida alcanza instalaciones capaces de consumir al menos 50 megavatios y detiene por hasta un año ciertos permisos ambientales estatales que aún no estaban completos, mientras el estado prepara una evaluación ambiental y un marco para repartir los costos de la red y definir beneficios para las comunidades. Data Center Frontier subrayó que la orden no fue una reacción directa al caso de Virginia y que ambos expedientes tienen bases legales distintas, pero los dos muestran la misma exigencia de transparencia, infraestructura y respaldo local.
En Texas, el giro llegó incluso desde el Partido Republicano. Reuters informó el 3 de septiembre que el gobernador Greg Abbott, quien antes promocionaba al estado como epicentro de la inteligencia artificial, ahora pide nuevas restricciones, revisión de incentivos fiscales y controles para evitar que los centros de datos trasladen sus costos a los usuarios. Una auditoría estatal ha dejado en pausa las nuevas conexiones a la red mientras se revisan los proyectos. La misma cobertura señaló que solo 30% de los encuestados en Texas apoyaría un centro de datos en su comunidad y que candidatos republicanos de al menos cinco estados han endurecido su discurso sobre estas instalaciones.
El dinero también está siguiendo la disputa. Reuters reportó que las empresas tecnológicas han destinado más de US$300 millones a campañas de las elecciones intermedias y a publicidad para defender los beneficios de los centros de datos. Esa reacción confirma que la oposición ya no se percibe como una molestia local aislada. Se convirtió en un riesgo electoral y de reputación para una industria que necesita permisos, electricidad y capital durante varios años.
Digital Gateway no demuestra que la demanda de cómputo haya desaparecido. Demuestra que los megavatios anunciados no equivalen a capacidad construida. Después de Virginia, los desarrolladores tendrán que demostrar que sus permisos resisten litigios, que los costos de la red están asignados con claridad y que la relación con la comunidad puede sobrevivir a una elección. La oposición organizada convirtió una audiencia de 27 horas y un error de procedimiento en una lección que ahora se está incorporando al precio, al calendario y a la política de los centros de datos.
