TL;DR:
- Claudia Sheinbaum enviará otra reforma al artículo 127 para fijar el tope de las llamadas pensiones doradas en el salario presidencial completo.
- Una contradicción llevó a aplicar el criterio más favorable: con el Presupuesto de 2026, la referencia neta pasa de 67,145 a 134,290 pesos mensuales.
- El gobierno calcula un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos; el cambio no modifica las reglas generales de retiro del IMSS o el ISSSTE.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 4 de agosto de 2026 que enviará al Congreso una nueva reforma al artículo 127 de la Constitución para fijar el tope de las llamadas pensiones doradas en el equivalente al salario presidencial. La corrección responde a una contradicción en la reforma vigente: un apartado establece como máximo la mitad de esa remuneración, pero otra referencia permite llegar al salario completo. Por ahora, la Consejería Jurídica aplicó el criterio más favorable a las personas jubiladas.
El efecto es concreto para quienes quedaron sujetos al límite. Las instituciones públicas que habían reducido esas pensiones a la mitad del sueldo presidencial pueden reconocer ahora hasta el salario íntegro de la titular del Ejecutivo. Sheinbaum quiere que ese criterio quede escrito sin ambigüedad en la Constitución durante el próximo periodo de sesiones.
La contradicción convierte la mitad en un salario completo
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026 entró en vigor al día siguiente. Su texto fijó un máximo equivalente a la mitad de la remuneración presidencial para las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de determinadas entidades públicas. Al mismo tiempo, el artículo 127 contiene una referencia general al salario completo de la persona titular del Ejecutivo como techo de remuneración en el servicio público.
Varias instituciones consultaron a la Consejería Jurídica sobre cuál de los dos límites debían usar. Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que su oficina optó por la interpretación que otorgaba el mayor beneficio a las personas pensionadas. En la práctica, quienes habían quedado topados en la mitad pasaron al máximo equivalente al sueldo presidencial completo.
Tomando como referencia la remuneración líquida mensual neta autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, la diferencia se ve así:
- La mitad del salario presidencial equivale a 67,145 pesos netos mensuales.
- El salario presidencial completo equivale a 134,290 pesos netos mensuales.
- La nueva iniciativa buscará convertir el segundo monto en el criterio constitucional expreso.
Son topes, no pagos automáticos. Una pensión individual puede ser menor, y la cifra de referencia puede actualizarse conforme a la política salarial aplicable.
A quién alcanza la reforma de las pensiones doradas
El cambio no constituye una reforma general al sistema de retiro de México. El decreto vigente se concentra en jubilaciones y pensiones del personal de confianza pagadas por una lista específica de entidades públicas. Entre los casos discutidos por el gobierno aparecen jubilados de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
La cobertura constitucional incluye:
- Organismos descentralizados y empresas públicas del Estado.
- Sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos paraestatales.
- Entidades equivalentes de gobiernos estatales y municipios.
El propio decreto excluye:
- Las Fuerzas Armadas.
- Las pensiones formadas con aportaciones voluntarias a cuentas individuales de ahorro para el retiro.
- Las pensiones constituidas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios.
- La pensión no contributiva reconocida en el artículo 4 constitucional, donde se ubica la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
El anuncio tampoco cambia las edades de retiro, las semanas cotizadas ni las fórmulas ordinarias del IMSS o del ISSSTE. Su objeto es aclarar el monto máximo para un grupo delimitado de jubilaciones públicas.
El ahorro de 5 mil millones todavía necesita desglose
Alcalde estimó que la reducción de las pensiones más altas ha generado un ahorro de 5 mil millones de pesos. Presentó la cantidad como aproximación, no como una cifra cerrada.
"Como 5 mil millones, más o menos".
La cifra coincide con los 5 mil millones de pesos anuales que el gobierno proyectaba recuperar cuando impulsó la primera reforma, de acuerdo con la cobertura publicada por El País en marzo. Los reportes de la conferencia de este martes no consignan un desglose por institución, número de pensiones ajustadas o periodo exacto del cálculo. Hasta que se publique ese detalle, el monto debe presentarse como una estimación del Gobierno federal.
Ese matiz no borra la reducción. Antes del cambio constitucional había exfuncionarios con pensiones de entre 400 mil y 1.5 millones de pesos al mes, según expuso Alcalde. Incluso con el criterio más favorable, el límite actual queda muy por debajo de esos montos.
El anuncio todavía no cambia la Constitución
Sheinbaum adelantó que enviará la nueva iniciativa cuando comience el siguiente periodo ordinario del Congreso. El anuncio por sí mismo no modifica el artículo 127. Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto necesitará el voto de dos terceras partes de las personas legisladoras presentes en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
Mientras ese proceso ocurre, las instituciones aplicarán la orientación de la Consejería Jurídica y usarán el salario presidencial completo como máximo. El texto de la nueva iniciativa deberá precisar cómo quedará la regla para las pensiones vigentes y futuras, además de eliminar la referencia que originó las dos interpretaciones.
Para las personas directamente afectadas, la diferencia es sustancial: el máximo de referencia se duplica. Para el resto de los pensionados, las condiciones generales de retiro no cambian. La corrección también deja una tarea pendiente para el gobierno: explicar con detalle cómo calculó los 5 mil millones de pesos y por qué una reforma publicada hace menos de cuatro meses necesita otra modificación constitucional.
