TL;DR:
- Una jueza federal de San Francisco anuló el 27 de agosto la designación de Anthropic como riesgo de cadena de suministro y prohibió al gobierno aplicar las medidas que Donald Trump y Pete Hegseth impusieron en febrero.
- El gobierno abandonó durante el juicio su tesis de que Anthropic podía alterar o desactivar a Claude en plena operación militar, y aceptó que su tecnología no es más riesgosa que cualquier otro modelo opaco.
- El fallo no obliga al Pentágono a usar Claude, y una segunda designación firmada el mismo día bajo otra ley sigue viva en la corte de apelaciones de Washington.
La jueza federal Rita Lin anuló el jueves 27 de agosto la designación de Anthropic como riesgo de cadena de suministro para la seguridad nacional y prohibió al gobierno de Estados Unidos aplicar las medidas que el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, titular del Pentágono, impusieron en febrero contra la creadora de Claude. En una orden de 59 páginas, el tribunal del Distrito Norte de California concluyó que el castigo fue una represalia ilegal por las críticas públicas de la empresa a la postura oficial sobre el uso militar de la inteligencia artificial, y que violó tanto la Primera como la Quinta Enmienda. El origen del pleito fue la negativa de Anthropic a levantar dos límites de su contrato: la vigilancia masiva de estadounidenses y las armas autónomas letales.
"La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco"
La frase es de Lin y abre el fallo. Lo que viene después se ha citado mucho menos y resulta más incómodo para el gobierno, porque reconstruye documento por documento un expediente que se fue deshaciendo mientras se litigaba.
El argumento entero del gobierno cabía en un memorando de cuatro páginas
La secuencia de febrero fue rápida. El 27, a las 3:47 de la tarde, Trump publicó en Truth Social que ordenaba a todas las agencias federales dejar de usar la tecnología de Anthropic. Poco más de una hora después, Hegseth publicó en X que dirigía al Departamento de Guerra, el nombre que el expediente usa para el Departamento de Defensa, a designar a la empresa riesgo de cadena de suministro, y agregó que ningún contratista, proveedor o socio del ejército podía tener actividad comercial alguna con Anthropic. La carta formal de designación llegó el 4 de marzo, firmada un día antes.
Cuando el gobierno tuvo que entregar el expediente administrativo que sostenía esas tres acciones, la jueza lo describió como escaso. La justificación completa era un memorando de cuatro páginas del subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, Emil Michael, fechado el 2 de marzo. Es decir, se escribió después de las dos primeras acciones que buscaba justificar.
Ese memorando sostenía que los modelos de IA son muy vulnerables a la manipulación, que Anthropic podía desactivar su tecnología o alterar el comportamiento del modelo en medio de operaciones de combate, y que el Departamento quedaría obligado a operar una caja negra controlada por una parte hostil, con sesgos o puertas traseras ocultas.
La acusación técnica se cayó y solo quedó una palabra
Al llegar al juicio, esa acusación se desarmó. El gobierno no presentó evidencia de cuál sería el medio técnico para instalar esas puertas traseras, y no sostuvo que Anthropic pudiera afectar un modelo ya desplegado en plena operación. La jueza lo tomó como una concesión de que ese riesgo carecía de fundamento.
Lo que sí quedó acreditado, sin que la otra parte lo rebatiera, es cómo funciona el despliegue. Los modelos entregados son estáticos: no se degradan solos y, una vez instalados, Anthropic no puede acceder a ellos, modificarlos ni apagarlos. Tampoco se actualizan como el software convencional; para cambiar uno hay que entrenar otro completo que lo reemplace. Y cada versión nueva pasa por pruebas de seguridad del propio Departamento y de los proveedores de nube antes de aprobarse, incluso con los escenarios reales en los que se piensa usar.
Descartada la parte técnica, escribió la jueza, quedó un solo factor propio de Anthropic en el que el gobierno se apoyaba, la confianza. El memorando de Michael decía que el nivel de riesgo escaló cuando la empresa aprovechó las negociaciones para su propia relación pública y empezó a comportarse de forma cada vez más hostil a través de la prensa.
Para Lin, esas referencias a la postura pública de la empresa son evidencia directa de que su discurso pesó de forma sustancial en la decisión. El comportamiento del propio gobierno terminó de hundir la versión oficial. Tres días antes del veto, en una reunión del 24 de febrero, Hegseth planteó invocar la Ley de Producción de Defensa para obligar a Anthropic a seguir prestando el servicio, una figura que trata a una empresa como esencial para la seguridad nacional, no como una amenaza. El 4 de marzo, el mismo día en que llegó la carta de designación, Michael le escribió a Dario Amodei que el acuerdo estaba muy cerca.
El tercer elemento es el más llamativo. Mientras la etiqueta seguía vigente, el gobierno mantuvo conversaciones con Anthropic sobre Mythos, su modelo de acceso restringido, en varios contextos sensibles. La empresa lo anunció públicamente el 7 de abril con el nombre de Project Glasswing, la iniciativa de ciberseguridad defensiva alrededor de ese modelo, del que ya contamos qué logró en criptografía.
Dilis Salazar
Según el fallo, los defensores no aportaron ninguna explicación de por qué el gobierno buscaría colaborar en proyectos así con una compañía que consideraba un riesgo intolerable.
La ley que invocó Hegseth nació contra el sabotaje en sistemas militares
La herramienta usada fue el artículo 3252 del título 10 del código estadounidense. El Congreso lo creó como el artículo 806 de la ley de autorización de defensa para el año fiscal 2011, preocupado desde 2010 por que la globalización de la industria informática dejara expuestos los sistemas y redes militares. La ley define el riesgo de cadena de suministro como la posibilidad de que un adversario sabotee, introduzca funciones no deseadas de forma maliciosa o subvierta un sistema de seguridad nacional. Las instrucciones que el Departamento emitió en 2012 hablaban de sabotaje o subversión por parte de inteligencia extranjera, terroristas u otros elementos hostiles.
El texto apunta a actos encubiertos, no a posturas públicas sobre cláusulas contractuales, resolvió la jueza. Un proveedor de tecnología no se convierte en adversario potencial de Estados Unidos por hacer preguntas incómodas o por insistir en ciertos términos, aunque eso haga dudar al comprador. El despacho de Reuters sobre el fallo apunta que fue la primera vez que una empresa estadounidense recibió públicamente esa etiqueta.
El papeleo tampoco resistió. La ley obliga al secretario a determinar por escrito que no hay medidas menos intrusivas disponibles y a explicar a los comités del Congreso cuáles consideró y por qué las descartó. El expediente contiene la frase de rigor, pero ninguna discusión real, y las seis notificaciones idénticas que Hegseth envió al Congreso no traen ese análisis.
Hay un detalle más, y es el que menos ha circulado. El reglamento del propio Departamento exige que la evaluación de riesgo venga del subsecretario de Defensa para Inteligencia. No vino de ahí: la firmó Emil Michael, el mismo funcionario que en esos días negociaba el contrato con Anthropic.
El fallo no obliga al Pentágono a usar Claude y deja un frente abierto
La orden anula la designación, bloquea de forma permanente la aplicación de las medidas y manda al gobierno retirar las guías internas que las implementaban, según reportó Courthouse News. No obliga al Departamento a seguir usando los productos de Anthropic ni le impide cambiarse a otro proveedor de inteligencia artificial por vías legales.
Anthropic tampoco ganó todo. La jueza rechazó su argumento de que la orden presidencial fue un exceso inconstitucional de poder, y falló a favor de las agencias que nunca tomaron ninguna medida contra la empresa, entre ellas el Fondo Nacional para las Artes y la Administración del Seguro Social.
Queda además una pieza que casi ningún titular menciona. El mismo 3 de marzo se firmaron dos cartas de designación: una invocaba el artículo 3252 y la otra el 4713 del título 41, la ley federal de seguridad de la cadena de suministro en compras públicas, conocida como FASCSA, cuyo procedimiento de revisión manda las impugnaciones directamente a la Corte de Apelaciones del Circuito de DC. Esta es la fotografía de los tres expedientes:
| Vía legal | Dónde se litiga | Cómo quedó el 27 de agosto |
|---|---|---|
| Artículo 3252, más las órdenes de Trump y Hegseth | Tribunal federal del Norte de California | Anulada, con prohibición permanente de aplicarla |
| Artículo 4713 (FASCSA), firmada el mismo día | Corte de Apelaciones del Circuito de DC | Sigue en pie; el tribunal aún no resuelve |
| Apelación del gobierno contra la cautelar de marzo | Noveno Circuito | Congelada a petición de ambas partes |
El propio fallo explica el candado: la apelación en el Noveno Circuito quedó suspendida, a solicitud de las dos partes, a la espera de lo que decida Washington. Y según el análisis del despacho Jones Walker, cuando el Circuito de DC ordenó los alegatos pidió a las partes responder, entre otras cosas, si Anthropic puede afectar el funcionamiento de sus modelos antes o después de entregarlos, y de qué manera. Es exactamente la pregunta técnica que Lin dio por resuelta en contra del gobierno.
Un portavoz de Anthropic dijo que la empresa recibe bien el fallo y que sigue "enfocada en trabajar de forma productiva con el gobierno". Se espera que el gobierno apele, según Axios. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de AP y el Departamento de Defensa no respondió a la de Courthouse News.
Mientras el Circuito de DC no resuelva, la etiqueta que Lin borró en California sigue existiendo en otro expediente y bajo otra ley. Para los contratistas de defensa que ya integraron Claude en sus productos, eso significa que la respuesta sobre qué pueden y qué no pueden hacer todavía depende de dos tribunales distintos.
