California firmó la aceptación de fondos federales que prevén destinar 1,420 millones de dólares a ampliar la banda ancha, al tiempo que se reservó el derecho a defender sus normas de neutralidad de la red. La agencia federal encargada del programa sostiene que las reservas del estado no forman parte del acuerdo.
La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) envió el 2 de noviembre de 2026 el aviso de adjudicación firmado y una carta a la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA). En ella, el regulador estatal sostuvo que aceptar el dinero no implica renunciar a sus argumentos legales ni impedir que otras autoridades de California apliquen las leyes del estado.
El plan aprobado prevé llevar banda ancha a 270,571 ubicaciones elegibles, según Ars Technica. Los 1,420 millones de dólares corresponden al despliegue previsto; California podría recibir hasta 1,860 millones de dólares del programa BEAD para proyectos de despliegue y otras actividades, precisó el medio.
La condición alcanza a proveedores fuera de los proyectos financiados
La sección 50 de las condiciones federales pide que los estados no apliquen ciertas normas de banda ancha a los proveedores que reciban subvenciones ni a sus afiliadas. Incluye reglas sobre tarifas, condiciones del servicio, neutralidad de la red y acceso abierto, según el texto citado en la carta de la CPUC.
La restricción se extendería a los lugares donde esas empresas presten servicio dentro del estado, incluidos los que no reciban dinero del programa, durante los periodos de la subvención definidos en las condiciones. La neutralidad de la red aborda prácticas como el bloqueo de contenidos, la reducción selectiva de velocidad y la priorización pagada.
El alcance preocupa a defensores de consumidores porque podría afectar protecciones existentes más allá de los hogares y negocios que reciban una conexión nueva. KQED señaló, entre las normas que podrían quedar en disputa, una protección contra la reducción de velocidad del servicio de los equipos de emergencia durante incidentes.
La carta no cambia por sí sola el acuerdo
El presidente de la CPUC, John Reynolds, calificó de vaga la sección 50 y sostuvo que aceptarla no obliga a la comisión a abandonar sus responsabilidades legales. También señaló que otra cláusula del programa exige cumplir las leyes federales, estatales y locales aplicables.
La NTIA ofreció una lectura distinta. Un portavoz dijo a Ars Technica que los términos de la adjudicación constituyen el acuerdo completo y que ninguna parte de la carta de California se incorporó a él. La profesora de derecho de Stanford Barbara van Schewick dijo a KQED que la carta preserva los argumentos del estado, pero no elimina la condición.
Reynolds escribió que, si persisten desacuerdos sobre las obligaciones de California, la CPUC firmará los convenios con proveedores cuando esos desacuerdos se resuelvan y se cumplan las demás condiciones aplicables. La firma del aviso de adjudicación es, por tanto, un paso anterior a esos convenios, de los que depende la entrega de subvenciones a las empresas.
