TL;DR:
- El Consejo Constitucional de Francia anuló el artículo 1 de la ley que prohibía las redes sociales a los menores de 15 años, aprobada el 21 de julio por 279 votos contra 81.
- La corte encontró dos fallas: una prohibición general que no distingue entre servicios ni situaciones del menor, y una comprobación de edad extendida a todos los usuarios sin garantías para la vida privada.
- La prohibición del celular en los liceos no fue tocada y arranca el 1 de septiembre; Macron encargó a Sébastien Lecornu un texto nuevo.
El Consejo Constitucional de Francia anuló este viernes 14 de agosto el artículo que prohibía el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, la medida más visible del último tramo del mandato de Emmanuel Macron, cuando faltaban menos de tres semanas para que entrara en vigor. En su decisión n.º 2026-911 DC, la institución concluyó que esa prohibición causaba a la libertad de expresión y de comunicación "una afectación que no es adecuada, necesaria ni proporcionada". El segundo motivo apunta a la vida privada. Para dejar fuera a los menores de 15, la ley obligaba a cualquier persona, adultos incluidos, a acreditar su edad antes de entrar, y no precisó en qué condiciones ni con qué límites. El Elíseo respondió el mismo día: Macron encargó al primer ministro Sébastien Lecornu una versión nueva.
El Parlamento había aprobado el texto de forma definitiva el 21 de julio, por 279 votos contra 81 en la Asamblea Nacional. Dos días después, el Consejo Constitucional avisó al Senado de que más de sesenta diputados le pedían revisar la ley, y el 24 de julio llegó una segunda solicitud, también de más de sesenta diputados. Según Clubic, los recursos salieron de las bancadas de La France Insoumise y del Partido Socialista, que durante el debate ya habían cuestionado la constitucionalidad de la medida.
La corte avaló el objetivo y rechazó la herramienta
Los jueces no pusieron en duda que proteger a los menores sea una meta legítima. La decisión reconoce que el legislador quiso proteger a los más jóvenes de los riesgos de ciertas funciones de las redes, que con ello aplicó la exigencia constitucional del interés superior del niño y que objetivos así pueden justificar límites al acceso de los menores.
El problema fue el alcance. El Consejo sostuvo que el legislador no podía instituir una prohibición de alcance general que privara a los menores de acceder a numerosos servicios de comunicación en línea "sin considerar ni la situación del menor ni los riesgos propios de cada uno de esos servicios".
La ley cubría plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y Snapchat, y además cualquier servicio que permitiera interacciones, difusiones públicas o participación en comunidades de usuarios. Las únicas excepciones eran las enciclopedias colaborativas, los repertorios educativos o científicos y las plataformas de desarrollo y distribución de software libre. Clubic apuntó que esa lista corta dejaba dentro del veto a mensajerías colaborativas y plataformas educativas.
Pedirle la edad a todos, sin reglas para ese trámite
El segundo motivo es el que más viaja fuera de Francia. Al prohibir el acceso de los menores de 15 a ciertos servicios en línea, la ley obligaba por fuerza a cada persona, incluidos los adultos, a probar su edad antes de usarlos. Al no fijar las condiciones ni los límites de esa comprobación, el legislador dejó sin las garantías legales necesarias el derecho al respeto de la vida privada.
El gobierno no escondía ese efecto, lo presentaba como una ventaja. Tras la votación de julio, la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, dijo a periodistas que todos en Francia tendrían que probar su edad y que a los menores de 15 se les cerraría la cuenta. La vigilancia del cumplimiento quedaba en manos de la Arcom, el regulador audiovisual y digital, que debía trasladar sus sospechas a las autoridades nacionales competentes, según el resumen oficial del Senado.
Francia ya había ensayado algo parecido. Una ley de 2023 obligó a las plataformas a pedir consentimiento parental para las cuentas de menores de 15 años y nunca llegó a aplicarse del todo por problemas técnicos, de acuerdo con Reuters.
El celular fuera de los liceos sí entra en vigor el 1 de septiembre
La censura alcanzó únicamente al artículo 1. El resto de la ley sigue en pie, incluida la prohibición del teléfono móvil en los liceos, sobre la que el Consejo no se pronunció y que se aplica desde el inicio del curso. Francia ya vetaba los celulares en primaria y secundaria desde 2018, así que el cambio toca al último tramo escolar. No es una discusión solo francesa: en Estados Unidos, prohibir el celular durante toda la jornada escolar ya tiene más apoyo que rechazo.
Para las plataformas, la anulación corta en seco un calendario de cumplimiento que ya estaba en marcha. El veto se aplicaba en dos tiempos: desde el 1 de septiembre, ningún menor de 15 podría abrir una cuenta nueva; las existentes debían cerrarse en un plazo de cuatro meses, es decir, antes del 1 de enero de 2027.
Lecornu tiene que reescribirla antes de la elección
El Elíseo informó que Lecornu debe trabajar cuanto antes en una redacción "jurídicamente robusta" que tenga en cuenta tanto la decisión del Consejo como el marco europeo, y que la determinación de Macron para sacar adelante la reforma sigue intacta. El reloj no ayuda: el presidente cumple una década en el cargo el año próximo y no puede competir en la elección de abril, porque Francia limita a dos los mandatos presidenciales consecutivos.
Gabriel Attal, exprimer ministro y uno de los impulsores de la medida, dijo que toma nota y respeta una decisión que se aplica a todos, y prometió seguir peleando contra lo que describió como un veneno para los niños. En julio, Amnistía Internacional había pedido justamente lo contrario de una prohibición general: que los gobiernos obliguen a las plataformas a desmontar las funciones que causan daño, entre ellas los algoritmos de recomendación que se alimentan de la interacción.
El 1 de septiembre no habrá veto de redes para los menores de 15 en Francia. Lo que queda es un listón más alto. Cualquier texto nuevo tendrá que decir, dentro de la propia ley, quién puede exigir la edad, cómo se comprueba y qué límites tiene ese dato.
