TL;DR:
- Bloomberg reportó el 17 de julio de 2026 que Apple y el Departamento de Justicia conversan en fase preliminar sobre un acuerdo para cerrar la demanda antimonopolio de marzo de 2024.
- El gobierno nunca pidió dinero en ese expediente: pidió medidas correctivas contra cinco prácticas del iPhone, entre ellas el bloqueo de super apps y los límites a las wallets de terceros.
- Un acuerdo con el DOJ no cerraría el caso por sí solo: las 16 fiscalías codemandantes pueden seguir litigando y un juez debe validar cualquier pacto federal bajo la Ley Tunney.
Apple y el Departamento de Justicia de Estados Unidos conversan de manera preliminar sobre un acuerdo que cerraría la demanda antimonopolio que el gobierno presentó contra la compañía en marzo de 2024, reportó Bloomberg este viernes 17 de julio de 2026. El caso vive en una corte federal de Nueva Jersey, acusa al fabricante del iPhone de sostener ilegalmente un monopolio en el mercado estadounidense de smartphones y esta misma semana seguía trabado en peleas por el intercambio de pruebas. La noticia pesa por lo que un pacto podría mover dentro del iPhone. Y pesa todavía más por lo que difícilmente movería: Washington no demandó solo, y quien firme por el gobierno federal no firma por las 16 fiscalías estatales y de distrito que van en el mismo expediente.
La demanda salió el 21 de marzo de 2024 y acusa a Apple de violar la Sección 2 de la Ley Sherman: blindar su monopolio de smartphones con restricciones contractuales y cerrándoles accesos técnicos a los desarrolladores. Hay un detalle del expediente que ordena el resto de la historia. El gobierno nunca pidió una indemnización, pidió medidas correctivas para devolverle competencia al mercado. Traducido a la práctica: un acuerdo entre Apple y el DOJ no se mediría en un cheque, sino en reglas nuevas dentro del iPhone.
Las cinco prácticas del iPhone que el gobierno quiere desarmar
El comunicado del Departamento de Justicia enumeró cinco conductas que, según su acusación, mantienen al usuario amarrado al iPhone:
- Apple frenó el crecimiento de las super apps, esas aplicaciones con funciones tan amplias que le facilitarían a cualquiera saltar de una plataforma a otra.
- Bloqueó los servicios de streaming en la nube, que dejarían correr videojuegos exigentes y otras apps pesadas sin comprar hardware caro.
- Degradó la mensajería entre plataformas: la dejó peor, menos innovadora y menos segura para quien escribe fuera de iMessage.
- Limitó la funcionalidad de los smartwatches de otras marcas, de modo que cambiar de teléfono le sale caro a quien ya compró un Apple Watch.
- Impidió que apps de terceros ofrecieran pago sin contacto, lo que le cortó el aire a las wallets digitales rivales.
La acusación va más lejos y sostiene que la misma conducta toca navegadores, videollamadas, suscripciones de noticias, entretenimiento, servicios automotrices, publicidad y ubicación. Apple peleó el caso completo desde el primer día y en junio de 2025 perdió su intento de tirarlo: el juez Julien Neals rechazó la moción de desestimación y mandó el expediente a discovery.
El manual de Live Nation explica por qué un acuerdo puede no cerrar nada
Para medir cuánto vale un acuerdo con el Departamento de Justicia conviene ver el caso que acaba de estrellarse. En mayo de 2024 el DOJ demandó a Live Nation y Ticketmaster por monopolizar el negocio del entretenimiento en vivo, acompañado por 30 fiscalías estatales y de distrito. El juicio arrancó el 2 de marzo de 2026 en Manhattan. Una semana después, el gobierno federal firmó un acuerdo que le permitía a Live Nation quedarse con Ticketmaster.
La mayoría de los estados no firmó. Una coalición de 33 estados y el Distrito de Columbia llevó el caso hasta el final, y el 15 de abril de 2026 un jurado declaró que Live Nation y Ticketmaster monopolizaron ilegalmente los mercados de boletos y de anfiteatros en Estados Unidos. El jurado les dio la razón a los estados en cada reclamo.
El acuerdo federal, mientras tanto, sigue sin entrar en vigor. La Ley Tunney es la norma estadounidense que obliga a un juez a revisar cualquier acuerdo antimonopolio propuesto por el gobierno y a determinar si dictarlo sirve al interés público. Bajo esa revisión, 21 de los estados demandantes le pidieron el jueves 16 de julio al juez Arun Subramanian permiso para investigar cómo se negoció el pacto, incluidas las comunicaciones entre Live Nation, el DOJ y la Casa Blanca. En la carta, encabezada por la unidad antimonopolio de Colorado y firmada también por Nueva York, California, Pensilvania y Virginia, los estados fueron directos sobre lo que negoció Washington:
"[Los términos] parecen ser insuficientes para aumentar de forma significativa la competencia en los mercados relevantes"
Los estados agregaron que se enteraron de las negociaciones el 29 de enero de 2026, un año después de que empezaron, y que el propio litigante principal del DOJ no conoció los términos del acuerdo hasta que este llegó a la corte. El Departamento de Justicia y Live Nation se oponen a que los estados obtengan esa información.
Cambia los nombres y el guion aplica al expediente de Apple. Las 16 fiscalías estatales son codemandantes, no invitadas. Un pacto federal no las obliga a soltar sus propios reclamos, y ese pacto todavía tendría que pasar la revisión Tunney ante el juez del caso en Nueva Jersey antes de valer algo.
El gobierno acaba de perder su escudo de seguridad nacional en el caso
El calendario ayuda a leer la noticia. El 15 de julio de 2026, el juez federal retirado Jose Linares, designado special master para resolver las disputas de pruebas, le dio la razón a Apple en un pleito que se había vuelto un dolor de cabeza para el gobierno, según reportó 9to5Mac. Apple había citado a 14 agencias federales, entre ellas la CIA, el FBI, la NSA, el Pentágono y el Departamento de Estado, para obtener documentos sobre cómo evalúan, compran y usan smartphones. La apuesta de la compañía es sencilla: si las propias agencias de seguridad de Estados Unidos eligen el iPhone por su seguridad y su privacidad, entonces las prácticas que el gobierno llama anticompetitivas son ventajas de producto.
El gobierno respondió que esas agencias no regulan smartphones, no participaron en la investigación y que revisar sus archivos, muchos clasificados, sería una carga extraordinaria. Linares no compró el argumento. Encontró que todas las solicitudes de Apple son relevantes para las acusaciones centrales del caso y escribió que el privilegio de secreto de Estado no sostiene la postura del gobierno en estas circunstancias, porque nunca identificó preocupaciones concretas de seguridad nacional. Las agencias todavía pueden retener documentos por privilegio, siempre que los enlisten uno por uno.
Dos días después llegó el reporte de las conversaciones. Apple negocia, si negocia, desde una silla más cómoda que la de la semana pasada.
En Brasil ya pasó, y no lo consiguió Washington
Para el lector de Ciudad de México, Madrid o Bogotá hay una lectura incómoda: este caso mide el mercado de Estados Unidos. El gobierno calcula que Apple controla 65% de los smartphones estadounidenses y 70% del segmento de alto rendimiento, y ahí es donde pidió los remedios.
La apertura del iPhone en el resto del mundo, mientras tanto, ya avanzó por otras puertas. Apple resolvió en diciembre de 2025 una disputa abierta desde 2022 con el CADE, el regulador de competencia de Brasil. En junio de 2026 habilitó a los desarrolladores brasileños para distribuir apps de iOS en tiendas alternativas y cobrar fuera de su sistema, con fecha límite del 6 de julio para aceptar el nuevo contrato de licencia. Antes ya había cedido en la Unión Europea, bajo la Ley de Mercados Digitales, y en Japón.
O sea: los cambios que un usuario hispanohablante puede tocar hoy en su iPhone no salieron de una corte de Nueva Jersey. Salieron de Brasilia, de Bruselas y de Tokio.
Preguntas rápidas sobre el caso Apple y el DOJ
¿Apple ya llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia?
No. Bloomberg reportó el 17 de julio de 2026 que las conversaciones apenas están en fase preliminar. La demanda que el gobierno presentó en marzo de 2024 sigue viva en la corte federal de Nueva Jersey y todavía esta semana el caso resolvía disputas sobre el intercambio de pruebas entre Apple y las agencias federales.
¿Un acuerdo con el DOJ termina la demanda contra Apple?
No de forma automática. El Departamento de Justicia demandó junto con 16 fiscalías estatales y de distrito que pueden seguir litigando por su cuenta. Además, cualquier acuerdo del gobierno federal pasa por la revisión de la Ley Tunney: un juez decide si dictarlo sirve al interés público antes de que tenga efecto.
¿Cambia algo para los usuarios de iPhone en México, España o Latinoamérica?
Nada directo. El caso se pelea sobre el mercado estadounidense. Las aperturas del iPhone en la región llegaron de otros reguladores: Apple acordó con el CADE de Brasil y desde junio de 2026 permite ahí tiendas de apps alternativas y pagos externos, igual que ya hace en la Unión Europea bajo la Ley de Mercados Digitales.
Mientras Apple y el Departamento de Justicia tantean una salida, el resto del expediente los observa: 16 fiscalías con voz propia y un juez con la última palabra sobre cualquier pacto federal. Live Nation ya recorrió ese camino completo. Firmó con el gobierno en marzo y en abril un jurado la declaró monopolista de todos modos.
