La Comisión Europea propuso el 21 de septiembre un sistema común de etiquetado para los centros de datos con al menos 500 kW de demanda de potencia de tecnología de la información. Las instalaciones deberán reportar indicadores de eficiencia energética y uso del agua para recibir una clasificación europea, además de información sobre energía de bajas emisiones, flexibilidad para la red y preparación para reutilizar el calor residual. El esquema busca hacer comparables unas infraestructuras que crecen al ritmo de la inteligencia artificial, pero todavía no fija límites al consumo ni obliga a publicar el consumo eléctrico total. El primer etiquetado electrónico está previsto para agosto de 2027, si el reglamento supera el periodo de escrutinio del Parlamento Europeo y el Consejo.
La escala separará la eficiencia energética de la hídrica
El borrador no reduce todo a una sola letra. La base de datos europea asignará una clase de la A a la G para el Power Usage Effectiveness (PUE), que compara la energía total de una instalación con la que utiliza su equipo informático, y otra clase para el Water Usage Effectiveness (WUE), que relaciona el agua utilizada con la energía del equipo informático. En ambos casos, A representa el mejor desempeño y G el peor.
Estos son los umbrales propuestos por la Comisión:
| Clase | PUE | WUE |
|---|---|---|
| A | ≤ 1.15 | ≤ 0.1 |
| B | > 1.15 y ≤ 1.25 | > 0.1 y ≤ 0.2 |
| C | > 1.25 y ≤ 1.35 | > 0.2 y ≤ 0.4 |
| D | > 1.35 y ≤ 1.5 | > 0.4 y ≤ 0.6 |
| E | > 1.5 y ≤ 1.7 | > 0.6 y ≤ 0.8 |
| F | > 1.7 y ≤ 1.9 | > 0.8 y ≤ 1.0 |
| G | > 1.9 | > 1.0 |
La etiqueta también incluirá el nombre, operador, tipo, ubicación y periodo de reporte del centro, junto con un código QR que llevará a su registro público. El documento contempla el desglose de las fuentes de energía, los días-grado de refrigeración, la capacidad de ofrecer funciones de flexibilidad a la red, la condición de estar preparado para reutilizar el calor residual y la relación entre el WUE y el estrés hídrico de la zona.
El primer etiquetado llegará en agosto de 2027
El reglamento delegado establece que la base de datos europea genere automáticamente las etiquetas a más tardar el 15 de agosto de 2027 y después una vez al año. Serán documentos electrónicos de acceso público, válidos hasta el 15 de agosto del año siguiente, y los operadores deberán ponerlos a disposición de cualquier persona o empresa que los solicite.
La medida todavía debe pasar por el periodo de escrutinio de dos meses del Parlamento Europeo y el Consejo. Si ninguna de las dos instituciones presenta una objeción dentro de ese plazo, el texto podrá entrar en vigor.
La etiqueta tampoco es un tope de consumo. La Comisión abrió el mismo día una consulta pública de 12 semanas sobre posibles estándares mínimos de rendimiento para los centros de datos. La consulta estará abierta hasta el 14 de diciembre de 2026 y la propuesta legislativa sobre esos estándares está prevista para el segundo trimestre de 2027. Ese proceso podría llevar a requisitos obligatorios más estrictos, pero no forma parte todavía del sistema de clasificación adoptado por la Comisión.
La demanda energética crece con la inteligencia artificial
El texto de la Comisión estima que los centros de datos de la Unión Europea consumieron 68 TWh de electricidad en 2024. La cifra podría subir a 114 TWh en 2030, equivalente a más del 3 % de la demanda eléctrica del bloque, impulsada en buena medida por el despliegue de servicios de inteligencia artificial.
La institución calcula que mejorar el PUE promedio de 1.6 a 1.2 podría reducir 25 % el consumo eléctrico de los centros de datos. También estima que pasar de un WUE de 1.0 a 0.5 reduciría 50 % el uso de agua. Son escenarios de referencia, no ahorros garantizados para cada instalación.
La reutilización del calor residual es otro componente del plan. La Comisión calcula que reaprovechar la mitad del calor producido por los centros de datos europeos podría cubrir la demanda de calefacción de casi cuatro millones de hogares. Para que esa posibilidad exista, los centros deben estar cerca de redes de calefacción u otros usuarios capaces de aprovechar el calor.
La industria cuestiona cómo se compararán instalaciones de climas distintos
CCIA Europe, una asociación que representa a empresas de comunicaciones y tecnología, respaldó el objetivo de mejorar la transparencia, pero criticó el método final. Su argumento central es que una misma escala puede comparar de forma injusta un centro de datos ubicado en Finlandia con otro del sur de España, donde las condiciones climáticas y de refrigeración son distintas.
La organización sostiene que el documento que contextualiza el PUE según el clima local no cambiará la calificación A-G. También cuestiona el nuevo factor de energía de bajas emisiones definido por la Comisión, porque considera que deja fuera algunas fuentes libres de carbono, como la geotermia, el hidrógeno limpio y la descarga de baterías.
CCIA Europe advierte además que mejorar la calificación de agua podría empujar a los operadores hacia sistemas que consumen más energía y aumentan las emisiones. Se trata de la posición de una asociación sectorial, no de una evaluación independiente, pero expone el principal conflicto técnico del esquema: medir el resultado ambiental sin imponer una tecnología de refrigeración o una fuente energética que no funcione igual en todos los territorios.
California aprobó reglas más directas sobre costos y permisos
El mismo 21 de septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la firma de siete leyes sobre centros de datos. Según la oficina del gobernador, el paquete obliga a reportar información sobre el uso de agua y electricidad y da a las comunidades más elementos para evaluar proyectos nuevos.
La diferencia de enfoque es concreta. Las leyes californianas exigen que los centros paguen su parte de las actualizaciones de la red eléctrica y eviten trasladar esos costos a otros usuarios. También piden información sobre suministro de agua, eficiencia y planes para sequías, y establecen que las mejoras necesarias para abastecer un proyecto sean pagadas por el propio centro. En materia de suelo, los proyectos no podrán acogerse automáticamente a ciertas exenciones ambientales y deberán demostrar el cumplimiento de estándares estatales antes de obtener una vía acelerada de revisión judicial.
Mientras California interviene en costos, reportes y condiciones de aprobación, la propuesta europea comienza por hacer visible el desempeño de cada instalación. La Comisión puede usar esa información para diseñar futuros estándares y orientar decisiones de inversión, pero la etiqueta por sí sola no impedirá que un centro clasificado en una categoría baja siga operando.
La utilidad práctica de la escala A-G dependerá de que sus métricas se lean junto con el clima, el estrés hídrico local y las necesidades de refrigeración. Esa contextualización está incluida en el diseño europeo, pero la industria considera que todavía no basta para comparar con justicia todos los centros de datos del bloque.
