TL;DR:
- El Gobierno de Donald Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para reactivar una orden sobre el voto por correo.
- La medida está bloqueada en 23 estados y Washington D.C. por una sentencia que cuestiona la autoridad presidencial para cambiar las reglas electorales.
- Los estados deberán responder antes del 3 de agosto, a solo tres meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita aplicar una orden ejecutiva destinada a endurecer el voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026. La solicitud busca suspender el fallo que bloqueó la medida en 23 estados y Washington D.C., mientras continúa el litigio sobre quién tiene autoridad constitucional para fijar las reglas de los comicios federales.
La disputa llega con el calendario encima. La Corte Suprema dio a los estados demandantes hasta el 3 de agosto para responder a la petición del Departamento de Justicia. El Gobierno sostiene que necesita una decisión rápida porque cualquier cambio tendría que empezar a operar en agosto para estar listo en noviembre.
Las elecciones definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Por eso, una resolución de emergencia puede alterar la administración del voto por correo cuando los funcionarios estatales ya preparan materiales, padrones y papeletas.
Qué restricciones quiere aplicar Trump al voto por correo
Trump firmó la orden ejecutiva el 31 de marzo de 2026. El documento encarga al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas estatales de ciudadanos que cumplan los requisitos para votar y ordena compartirlas con las autoridades electorales.
También establece cambios para el Servicio Postal de Estados Unidos y la entrega de papeletas. Entre las medidas contempladas están:
- Entregar papeletas únicamente a personas incluidas en las listas estatales aprobadas para votar por correo.
- Incorporar identificadores únicos y códigos de barras en los sobres electorales para facilitar su rastreo.
- Dar prioridad a investigaciones contra funcionarios estatales o locales que entreguen papeletas a personas consideradas no elegibles.
- Permitir que el Gobierno federal retenga fondos a estados o localidades que no cumplan con determinados requisitos.
La Casa Blanca presenta estas acciones como controles para verificar la ciudadanía y proteger la integridad electoral. Trump ha insistido en que el voto por correo facilita el fraude, pero no ha aportado pruebas de una práctica generalizada.
Los datos dibujan otra escala. Cerca del 30% de los votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2024 se enviaron por correo, según cifras federales citadas por Associated Press. Un estudio de Brookings Institution publicado en 2025 encontró alrededor de cuatro casos de fraude por cada 10 millones de papeletas postales.
Por qué 23 estados llevaron la orden a tribunales
Funcionarios demócratas de 23 estados y Washington D.C. demandaron al Gobierno porque consideran que el presidente invadió facultades reservadas a los estados y al Congreso.
La jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, bloqueó en junio las partes impugnadas. Su sentencia concluyó que el presidente carecía de autoridad para ordenar cambios en la manera en que los estados administran las elecciones federales.
La decisión también tomó en cuenta el impacto práctico. Varios estados ya habían comprado sobres y materiales para noviembre. Los nuevos estándares del Servicio Postal podrían obligarlos a reemplazar parte de ese inventario.
Los documentos judiciales ofrecen ejemplos concretos:
- Massachusetts ya había gastado aproximadamente 3 millones de dólares en sobres para papeletas.
- Maine y Rhode Island habían destinado más de 50,000 dólares cada uno a sobres que no incluyen los códigos de barras previstos.
- Delaware ya tenía un diseño aprobado por el Servicio Postal y declaró que no contaba con presupuesto para comprar sobres nuevos.
- Connecticut tuvo que retirar personal de otros proyectos electorales para analizar cómo cumplir con la orden.
Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo el bloqueo. El Departamento de Justicia acudió entonces a la Corte Suprema con el argumento de que la demanda es prematura, ya que las agencias federales todavía evalúan cómo implementar la orden.
La Corte decidirá con el reloj electoral en marcha
La solicitud presentada por el Gobierno no resuelve todavía el fondo del caso. Primero, los magistrados deberán decidir si permiten aplicar la orden mientras los tribunales inferiores examinan su constitucionalidad.
Si la Corte concede la suspensión, las agencias federales podrían avanzar con las nuevas reglas antes de noviembre. Si la rechaza, el bloqueo continuará en los estados demandantes durante el litigio.
La controversia también deja un problema técnico: el propio expediente judicial señala que las listas federales de ciudadanía serían necesariamente incompletas. Los estados argumentan que depender de esos registros podría excluir a ciudadanos con derecho a votar y exponer a funcionarios electorales a investigaciones por entregarles una papeleta.
Trump, por su parte, volvió a pedir el 27 de julio que se eliminen las papeletas por correo y presionó al Congreso para aprobar la SAVE America Act, iniciativa que exige pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante.
La Corte Suprema enfrenta así una decisión con efectos inmediatos. Para los estados, cada semana cuenta porque la impresión y distribución de papeletas ya están en marcha. Para la Casa Blanca, agosto representa la última ventana práctica para intentar que sus restricciones operen en las elecciones de noviembre.
