El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Lyft por presuntamente discriminar a pasajeros con discapacidad, entre ellos personas que viajan con perros de asistencia o sillas de ruedas plegables. El gobierno pide 53 millones de dólares para personas que denunciaron ese trato ante la empresa o las autoridades. Lyft rechaza las acusaciones.
La demanda civil, presentada el 9 de noviembre de 2026 ante un tribunal federal del norte de California, sostiene que la compañía y sus conductores rechazan viajes de forma habitual y que Lyft no hace lo suficiente para prevenir o corregir esos casos. También señala presuntos cargos de cancelación impuestos después de negar el servicio.
La disputa llega cuando la empresa ya tiene reglas que exigen a sus conductores transportar a pasajeros con animales de asistencia y dispositivos de movilidad plegables. El gobierno cuestiona cómo se aplican esas reglas y cómo responde Lyft cuando recibe una queja.
Viajes rechazados y créditos tras las quejas
La demanda describe el caso de un pasajero con perro guía que, según el gobierno, fue rechazado por un conductor en 2023 y por otro en septiembre de 2026. Tras cada queja, Lyft le ofreció un crédito de 10 dólares. El pasajero quería que la empresa mejorara sus procedimientos y, después del segundo incidente, preguntó qué medidas se habían tomado con el conductor.
En otro caso, el Departamento de Justicia alega que una pasajera recibió un cargo por no presentarse después de que un conductor rechazara a su perro guía. Según el escrito, tuvo que reclamar a Lyft para obtener el reembolso.
El gobierno sostiene que la compañía recibe miles de quejas cada año por presunta discriminación relacionada con discapacidad. También acusa a Lyft de no capacitar o supervisar adecuadamente a sus conductores y a su personal de atención. Esas afirmaciones forman parte de la demanda y no son una conclusión judicial.
Entre las situaciones que el expediente menciona está la negativa a permitir que una persona con dificultades de movilidad ocupe el asiento delantero cuando lo necesita. El Departamento de Justicia considera que la empresa debe hacer ajustes razonables a sus prácticas para evitar la discriminación.
Qué pide el gobierno y qué responde Lyft
Los 53 millones de dólares son la indemnización que el Departamento de Justicia solicita para personas con discapacidad que presentaron quejas ante Lyft o la propia agencia, según su comunicado. El gobierno también pide una multa civil por separado, sin precisar su importe en ese anuncio.
La demanda solicita que el tribunal ordene a Lyft modificar sus políticas, capacitar a conductores y personal, y detener las prácticas que el gobierno considera discriminatorias. El caso está en su etapa inicial: la cifra solicitada todavía no es un pago ordenado por un juez.
Lyft dijo a Reuters que no está de acuerdo con las acusaciones. La empresa sostuvo que desde hace tiempo exige a sus conductores atender a pasajeros con animales de asistencia y dispositivos de movilidad plegables, y que quienes incumplen pueden enfrentar consecuencias que incluyen la desactivación permanente. También afirmó que cooperó durante la revisión del Departamento de Justicia.
Las reglas existentes y el acuerdo de Minnesota
La política de Lyft para pasajeros en Estados Unidos indica que los animales de asistencia deben ser aceptados incluso si el usuario no solicita un viaje para mascotas. La aplicación permite avisar previamente al conductor, pero ese aviso es opcional.
La compañía también señala que sus conductores deben transportar dispositivos de movilidad plegables y ayudar a guardarlos, salvo que no puedan hacerlo físicamente. La demanda actual incluye casos relacionados con sillas que pueden guardarse en el vehículo; el acceso a vehículos adaptados para sillas que no se pliegan es una cuestión distinta, cuya disponibilidad depende del lugar.
En marzo de 2026, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota anunció un acuerdo con Lyft después de investigar las quejas de una pasajera con perro guía. La agencia dijo que incluía medidas sobre capacitación, atención de reportes y la aplicación, con alcance nacional, además de 63,000 dólares para la pasajera. Minnesota supervisará el cumplimiento durante tres años.
Lyft ofreció una interpretación diferente de ese acuerdo. La empresa dijo a The Associated Press que las medidas ya estaban en vigor y rechazó haber infringido la ley. Aquel caso estatal y la nueva demanda federal son procedimientos distintos.
El Departamento de Justicia dispone de un portal para reportar posibles violaciones de derechos civiles. La demanda no establece que presentar un reporte garantice recibir una parte de la indemnización solicitada.
Gerardo Pavez
