Cinco departamentos de Estados Unidos acordaron coordinar la evaluación y el despliegue de sistemas para contrarrestar drones no autorizados. La Administración Federal de Aviación (FAA) revisará los riesgos para los vuelos civiles y podrá restringir el espacio aéreo si considera necesarias medidas adicionales de protección.
El memorando reúne a los departamentos de Transporte, Defensa, Seguridad Nacional, Energía y Justicia. La iniciativa fue dirigida por el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la soberanía del espacio aéreo, de acuerdo con el anuncio del Departamento de Transporte publicado el 9 de noviembre de 2026.
El acuerdo busca acelerar la incorporación de estas tecnologías sin afectar a las aeronaves ni a sus equipos de navegación. Llega después de problemas de coordinación en la frontera con México que llevaron a cerrar temporalmente el espacio aéreo de El Paso, Texas, y al derribo de un dron de una agencia federal por parte de militares estadounidenses.
Qué hará la FAA en las evaluaciones
Las agencias trabajarán con la FAA y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en sistemas capaces de detectar, seguir, detener o tomar el control de drones considerados peligrosos o no autorizados. El comunicado señala que compartirán datos de pruebas y requisitos técnicos durante el desarrollo y la evaluación de los equipos.
La FAA examinará los riesgos de los sistemas propuestos y las medidas para evitar conflictos con otras aeronaves. También podrá proporcionar datos sobre condiciones que considere inseguras y recomendar formas de reducir el riesgo. Si estima que hacen falta medidas adicionales, podrá imponer sus propias protecciones, incluidas restricciones del espacio aéreo.
La revisión importa porque algunas tecnologías antidrones pueden interferir con los radares, las comunicaciones o el GPS de aviones comerciales, explicó el medio especializado DefenseScoop. El anuncio del gobierno no establece que todos los dispositivos estén aprobados ni detalla un calendario general de despliegue.
Liam McKenna, funcionario de la FAA, dijo a Reuters que la agencia había aprobado más de 1,000 coordinaciones con el Pentágono y Seguridad Nacional relacionadas con despliegues antidrones. Añadió que, para algunos sistemas que la FAA ya conoce, el proceso puede resolverse en 24 horas. No presentó ese plazo como una garantía para todas las evaluaciones.
Los antecedentes de El Paso y Fort Hancock
En febrero, la FAA ordenó suspender los vuelos en el aeropuerto de El Paso durante diez días tras el uso de un sistema láser del Pentágono por parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sin que se hubiera completado una evaluación de seguridad aérea, informó Reuters. La orden se levantó unas ocho horas después, tras la intervención de la Casa Blanca.
Días más tarde, militares estadounidenses derribaron un dron de la propia CBP con un sistema láser cerca de Fort Hancock, Texas. La FAA amplió después una zona de restricción de vuelos en ese lugar, según la agencia de noticias.
En abril, la FAA y el Pentágono anunciaron que habían concluido una evaluación de seguridad de un sistema láser antidrones. La FAA afirmó que, con los controles apropiados, ese sistema no presentaba un riesgo indebido para los aviones de pasajeros. Esa conclusión se refería al equipo evaluado, no a cualquier tecnología que pueda revisarse bajo el nuevo acuerdo.
Las autoridades también anunciaron en octubre restricciones para drones sin autorización a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esa medida es anterior al nuevo memorando y se refiere a dónde pueden volar esos aparatos.
Gerardo Pavez
El texto del memorando no se hizo público
DefenseScoop informó que las agencias no publicaron el texto del memorando firmado. Al pedirlo y solicitar más detalles sobre el origen del acuerdo, el medio recibió de un portavoz del Pentágono la respuesta de que no tenía nada que añadir al comunicado.
El anuncio describe una coordinación con la FAA y la FCC, pero no identifica los lugares concretos donde se instalarán equipos como resultado del acuerdo ni precisa cómo se resolverán posibles desacuerdos entre las agencias. El texto firmado permitiría conocer con mayor detalle los compromisos que asumió cada departamento.
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